Detectives bajo la lupa

La policía y la fiscalía irrumpieron en la antigua sede de Método 3 en Barcelona, el pasado mes de febrero, en busca de los archivos de la agencia. Pero no les interesaban todos. Ellos querían encontrar una carpeta concreta que les resolviese el sudoku: quién encargó la grabación de la comida en el restaurante La Camarga entre la presidenta del Partido Popular, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat.

Pero no resultó tan sencillo como esperaban. No había ningún documento donde constase directamente quién encargó grabar esa conversación, ni ningún otro detalle del trabajo. Solo una hoja, inserta en otra carpeta, con la matrícula de la moto de Álvarez, que permitió a los policías tirar de un hilo que les llevó hasta el PSC. Pero la investigación duró meses, y requirió que se interviniesen los ordenadores de diversos implicados, de Método 3 y del PSC.

Esto no hubiese ocurrido con la nueva norma que ultima el Gobierno. En junio se aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que ahora deberá ratificar el Congreso, que define el campo de juego de los detectives privados y de las empresas de seguridad, y que les obliga a dar cuenta de sus investigaciones en diversos informes, bajo pena de severas sanciones. El texto ha sido recibido con enorme recelo por las agencias, que creen que dificultará sensiblemente su labor.

“Quien quiera cometer una ilegalidad seguirá haciéndolo”, asegura un fiscal, que conoce de primera mano el trabajo de algunos detectives. Sin embargo considera que la nueva ley clarifica y acota las obligaciones de los investigadores privados. “Tiene que haber un control de los informes que se están realizando, eso es algo que no puede ser arbitrario, en manos únicamente del cliente y de la agencia”, añade, y pide que se establezca un “protocolo de actuación” con el Cuerpo Nacional de Policía para prevenir casos como el de Método 3.

“No se establecerá un control leonino”, dice el secretario de Estado

La nueva ley precisamente ahonda en el control y en los informes que deben elaborar los detectives para rendir cuentas. Cada vez que reciban un nuevo encargo de un cliente, las agencias tendrán que “formalizar por escrito un contrato” y deberán comunicárselo al Ministerio del Interior. El artículo está redactado de forma genérica, sin detallar el contenido del contrato, que deberá definir el futuro reglamento que desarrolle la ley, pero se trata de una de las cuestiones que más suspicacias despierta en el sector.

“Si viene un cliente a tu despacho es confidencial, como la consulta de un médico o de un abogado. Si tenemos que estar comunicando cada vez quién nos contrata y cuál es el objeto del contrato, tal y como está la ley, habrá gente que no quiera acudir a nosotros”, augura la abogada y detective Maria Ángeles Valls, responsable del Grupo Valen Detectives. “Esperemos que no supongan una quiebra del principio de confidencialidad. Quedará al albur del reglamento”, afirma David Sanmartin, detective del Grupo HAS. Pero Enrique Arranz, el presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya, habla directamente de “sobrerregulación”.

“Es la típica ley técnica, que se ha elaborado con policías de la unidad de Seguridad Privada, y guardias civiles del Servicio de Protección y Seguridad. Han detectado un problema de regulación, y la ley le da respuesta”, alega el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Niega que con la norma se regule más a los detectives. “La remisión al reglamento no tiene por qué suponer que se vaya a establecer un control leonino. No se dice que se tenga que dar todo el detalle del contrato. Además, si el reglamento fuese mucho más allá de lo que establece la ley, sería ilegal”.

Entre las nuevas obligaciones, la ley establece que los detectives deberán elaborar un exhaustivo informe de investigación. Cada caso en el que trabajen deberá llevar aparejado un documento con “el número de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan”.

“Con la norma en vigor nos apañamos bien”, afirma una profesional

Tanto la policía como los jueces podrán además acceder a esos informes de investigación, que, en la práctica, recogerán todos los pormenores de los trabajos de los detectives. Aunque el mismo proyecto especifica que solo podrán exigir esa información en el contexto de una investigación criminal, o cuando se haya abierto un procedimiento sancionador a una agencia. En el primer borrador, la norma establecía que los agentes, en las tareas de inspección, podían pedir los informes de investigación.

“El primer anteproyecto era una aberración y conseguimos que se mejorase... Aunque el actual sigue siéndolo”, lamenta el presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Valencia, Eloy de Paco. Considera que el Gobierno no trata a los detectives como lo que son: universitarios, formados y preparados para investigar asuntos privados. “Somos chivos expiatorios”, sostiene De Paco. “En el ministerio llevábamos trabajando en el proyecto de seguridad privada desde el inicio de la legislatura”, alega el secretario de Estado, que destaca que solo se pedirán los informes de investigación en casos “excepcionalísimos”.

La ley, asegura, nació por “las insuficiencias y las lagunas” de la norma anterior. Los detectives se regían por un texto del año 1992, que en la práctica solo les impone la obligación de presentar anualmente a Interior un informe sobre los “contratos de prestación de los servicios” realizados con terceros, y un libro de registro. La de los detectives “es una actividad fuertemente intervenida. Lo era, lo es y lo va seguir siendo”, admite Martínez. Pero defiende que esa es la única forma para garantizar que “efectivamente la seguridad privada es complementaria a la pública”. “Con la ley que está en vigor nos apañamos bastante bien, es mejor que la que hay en el proyecto”, rebate Valls.

Pero desde el ministerio insisten en que todos los informes, tanto el de investigación como el de comunicación de nuevos contratos, van a garantizar el principio de confidencialidad de su profesión. “Todas las garantías o las cautelas preservan los datos relativos a la intimidad y la lógica de la investigación privada, para que no se altere la investigación. Nunca se va a perjudicar su actividad”, insiste Martínez.

Habrá obligación de acreditar que el encargo aceptado

Otras fuentes aseguran que el problema de los detectives no es la regulación. “Lo de Método 3 es algo excepcional, no se puede generalizar al mundo de la investigación privada. La mayoría de los detectives saben qué pueden y qué no pueden hacer”, asegura un cargo de la Unidad de Seguridad Privada, del Cuerpo Nacional de Policía, que participó en la investigación denominada Pitiusa, que destapó una presunta red de compra y venta de datos privados entre funcionarios, trabajadores de entidades financieras, bancos y detectives privados. A su entender, el problema real es el acceso a la información. “No tienen herramientas legales para hacer su trabajo. Han tenido que recurrir a empleados de banco, de telefonía móvil, a funcionarios que han accedido a dar datos, que son completamente ilegales y penados por la ley”, sostiene este agente. Algo en lo que coincide De Paco: “Que ni siquiera podamos acceder a los datos de la seguridad social es absurdo”.

“Si no se regula su acceso a determinadas bases de datos, con determinados requisitos, difícilmente podrán llegar a ningún sitio. En los años cincuenta y sesenta, los detectives se basaban en investigaciones familiares, de matrimonios, en las que un seguimiento simple y unas fotografías valían para conseguir unas conclusiones. Con el avance de los años, aquello no interesa a casi nadie, y no da dinero. Interesan las empresas, los antecedentes de los empleados, las historias laborales”, coincide ese mismo policía. Pero desde Interior alegan que el acceso a ese tipo de información topa con la normativa de protección de datos, “que es muy estricta y garantista”, sostiene Martínez. En su opinión, esta protección es adecuada porque “detrás de eso hay derechos fundamentales que se deben proteger”.

Algunos detectives reclaman además cambios en el terreno de las materias que pueden o no investigar. En estos momentos no pueden indagar en ningún delito que se pueda investigar de oficio por la Administración, como un asesinato o un secuestro. Método 3 intervino en el caso de la niña Madeleine McCann, desaparecida en un hotel del Algarve portugués. En 2007, los padres contrataron a la agencia, que afirmó que la niña estaba viva y la encontrarían. “Se pudo hacer porque la investigación se realizaba en Portugal”, explica Sanmartín, que defiende que los detectives también deberían poder actuar en este tipo de casos, como ocurre en otros países como Italia. “Por ejemplo, poder reunir pruebas para demostrar la inocencia, en su día, de Dolores Vázquez” sobre el asesinato de Rocío Wanninkhof, reflexiona.

Eso restringe el campo de actuación a estas agencias de investigación, que pese a todo no han dejado de crecer en los últimos años. En España hay 1.270 despachos de detectives (128 más que el año anterior), según la memoria anual del Ministerio del Interior de 2012. Ya muy pocos de ellos se dedican a investigar cuestiones sentimentales. La mayoría de los encargos “son temas empresariales, relacionado con el fraude a las compañías aseguradoras”, explica Arranz. Como el de un hombre con toda la familia en paro que se seccionó un brazo para cobrar 600.000 euros. “Pero no solo son lesiones, tenemos fraudes de todo tipo, también de personas que incendian su empresa fingiendo un accidente”, explica el presidente de Winterman, la compañía que descubrió el fraude del brazo, Josep Maria Vilamajó, que lleva más de 40 años en el sector. Entre sus clientes, se cuentan también muchas empresas internacionales, de capital riesgo, “que piden conocer la moralidad de otra compañía” en la que están interesados.

“Alguno pide saber la clave de hotmail de su hijo”, dice un detective

Esas compañías son precisamente las que han mostrado por ahora más recelo con los cambios producidos por el caso de Método 3. Pero Vilamajó se muestra menos crítico con la nueva ley. “Legaliza la colaboración con la policía, y se nos otorga carácter de autoridad cuando estemos desarrollando la actividad. La Administración tiene mayor control, y eso va a poner a cada cual en su sitio. En ese sentido soy positivo, es un proyecto aperturista”, afirma.

“Las infidelidades representan desde hace mucho tiempo un 10% del sector”, añade Sanmartín. Pero no han desaparecido, sino que han mutado en otro tipo de investigaciones, con un cariz económico. “Ahora muchas personas quieren modificar el convenio que regula su separación. El caso, por ejemplo, de un hombre que quiere demostrar que su mujer trabaja, tiene buen sueldo, y vive con otra persona. En definitiva, demostrar que ella gana más que él para así poder bajar la pensión que le paga”, ejemplifica Arranz.

“Esta profesión es fruto del sistema político y económico que tenemos, las investigaciones van surgiendo conforme cambia la situación de las personas”, reflexiona la detective y abogada Valls. Entre sus encargos, destaca una novedad: las investigaciones sobre violencia machista. “El sistema no llega a muchas situaciones, como por ejemplo las de la violencia consentida. En casos en los que hay condena de violencia, con órdenes de alejamiento, algunas mujeres todavía consienten y aceptan el acercamiento. Hay familiares de víctimas que lo saben y piden nuestra ayuda”, cuenta. Otro caso que también ha empezado a llegar a los despachos de detectives es el de las plazas en las escuelas. Los investigadores se centran en demostrar si la persona que “dice estar empadronada en un lugar para inscribir a su hijo en una escuela determinada” está mintiendo o no, explica Arranz.

Todos esos casos, variopintos, tienen una cuestión en común: la legitimidad, que defiende la nueva ley. El solicitante deberá “acreditar el interés legítimo alegado”. “¿Es legítimo que un cónyuge investigue la fidelidad del su pareja? ¿Es legítimo que sea el vecino quien investigue la fidelidad de su vecina?”, explica Vilamajó. “Investigar al partido político B para encontrar porquería no sería legítimo, además de ser deontológicamente reprobable”, añade Arranz.

La literatura, el desconocimiento y el estallido de los últimos casos que se han vinculado al espionaje fomenta una imagen de la profesión y de los límites de la investigación privada no siempre ajustados a la realidad. “La gente no es consciente del nivel de ilegalidad que se puede cometer con según qué acciones. Hay veces que te llama alguien preguntando si puedes averiguar la contraseña de Hotmail de su hijo. Aunque sea menor, también tiene derechos y si le denunciase, podría acabar en la cárcel”, señala Arranz. En cambio, otras cuestiones que han levantado ampollas y expectación están amparadas, como cuenta De Paco: “Seguir a un trabajador, sea médico, futbolista o lo que sea, y ver si rinde en su trabajo es absolutamente legal”. E insiste en la necesidad de desterrar del lenguaje vinculado a los detectives el espionaje. “Espías son los que espían para la nación extranjera. Nosotros no espiamos, investigamos”, recalca.

Aunque algunos de los medios que utilizan pueden llevar a pensar lo contrario, como las microcámaras, escondidas, por ejemplo, en el botón de una camisa. De Paco explica que no se trata de nada excepcional: “Todo el mundo tiene su grabadora digital, está al alcance de la calle, cualquiera puede meter un micrófono aquí o allá”. La clave, sostiene, no es la tecnología, sino el uso de la misma.

¿Pero quién se encarga de usar esa tecnología? En teoría, debe ser una persona con una diplomatura universitaria de tres años, sin antecedentes penales, y ser ciudadano de alguno de los países miembros de la Unión Europea. ¿En qué se traduce en la práctica? “Me dijeron que querían a alguien que supiera rastrear cuentas, documentos, auditorías y hacer fuentes”, explica una persona, que pide anonimato, que acudió a una entrevista para ejercer de detective en una agencia especialista en propiedad intelectual. “Me pusieron algunos ejemplos, como un empleado que se va de una compañía, y se le vigila para ver que no se chive a la competencia. O que me darían un nombre y debía buscar todas sus relaciones empresariales”, añade. “La gran mayoría trabajamos de 14 a 16 horas al día, dignificando la profesión”, defiende la investigadora Cristina Potau, de Potaudetectives. “La mejor máquina que tenemos es la constancia y el tesón. Hay que estar en la calle 20 horas y trabajarla”, se suma De Paco.

“Esta es una profesión desconocida y de los últimos casos que se habla fomentan la desconfianza. A las personas que están empezando ahora las han condenado a una ruina total”, sentencia Vilamajó.