Unidos, la luz es más barata

Desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores de electricidad en España tienen la posibilidad de elegir su compañía comercializadora. Así empezaba un largo proceso de liberalización del sector energético, aún no concluido, que en teoría debería haber conducido a una rebaja en el recibo de la luz. Se esperaba que la competencia entre compañías, igual que ha ocurrido en el mercado de la telefonía, derivara en ofertas atractivas para atraer clientes. Una década después, no solo no ha sido así sino que la factura se ha disparado. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), desde 2007 ha subido un 60% de media. Y según Eurostat, los españoles son los terceros de Europa que más pagan por la luz.

Los consumidores están empezando a reaccionar. Ayer mismo la OCU lanzó una iniciativa de compra colectiva para abaratar la factura energética. Su propuesta, que tiene varios precedentes en Europa, es formar un gran grupo de consumo para comprar energía de manera mayorista y negociar el precio directamente con las comercializadoras. Así, en teoría, se conseguirá reducir el recibo: cuanta más energía se compre, más barato saldrá.

Hasta el 14 de octubre, cualquier persona, sea o no socia de la OCU, puede apuntarse al grupo de compra en una página web www.quieropagarmenosluz.org. Dos días después, la organización celebrará una subasta en la que podrán participar todas las comercializadoras que deseen suministrar energía a toda esa masa de clientes y ganará la que ofrezca el precio más bajo. El 4 de noviembre se comunicará a los consumidores el nombre de la empresa ganadora, que pueden ser dos si también se decide aceptar una oferta por el servicio conjunto de electricidad y gas, y se detallará a cada uno de los clientes cuánto pueden ahorrarse. Si el interesado lo ve adecuado, dará su aceptación y la comercializadora podrá cerrar con él el contrato.

En Reino Unido se logró un ahorro de 258 euros para 285.000 personas

Varias asociaciones de consumidores europeas tienen ya en marcha iniciativas similares, algunas con gran éxito. En Holanda, donde fue lanzada el año pasado por Consumentenbod, se apuntaron 52.000 consumidores que lograron un ahorro medio de 277 euros al año. En Bélgica, promovida por Tests-Achats, se sumaron 152.000 personas y se consiguieron rebajas de 130 euros en la factura de la luz y 435 en la del gas. En Reino Unido, la organización Which? logró un ahorro medio de 258 euros para 285.000 personas, y en Portugal la asociación DECO consiguió rebajas de entre 25 y 80 euros para casi 600.000 clientes.

Antonio Arranz, responsable técnico en materia de energía de la OCU, no se atreve a aventurar cifras de ahorro en España. “Dependerá del número de personas que se inscriban en la iniciativa y del perfil de cada una”, dice. Aunque asegura que la mayoría de los participantes conseguirán algo mejor de lo que tiene. De hecho, según sus cálculos, “hay clientes en el mercado libre que creen tener una buena oferta y están pagando un 25% más que con la tarifa regulada”.

Queda esperar también la respuesta de las compañías, si están dispuestas a participar en la subasta y a ofrecer tarifas atractivas. Endesa, una de las cinco grandes compañías que dominan el sector en España, se presentó a la subasta de Portugal y la ganó, pero aún no tiene decidido si se va a presentar a la de la OCU. “De entrada, no rechazamos la propuesta. Pero los mercados de estos dos países son muy distintos y tenemos que estudiar si nos conviene pujar”, comentan desde la empresa.

Endesa, que ganó la subasta en Portugal, sopesa pujar en España

En la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (Anae), creada para unir a los consumidores de energía y lograr un ahorro en la factura del agua y la luz, llevan más de medio año gestando una propuesta similar. “Los precedentes en Alemania, Inglaterra y más recientemente en Portugal nos han animado a intentar dar un vuelco al sistema. Ya tenemos el visto bueno de la Comisión Nacional de Energía y estamos pendientes de la opinión de Industria”, explica Francisco Valverde, su portavoz. Aún no tienen fecha de lanzamiento.

¿Pueden ser este tipo de iniciativas una solución al problema de la factura de la luz? De entrada, pueden animar a muchos consumidores a salir de la Tarifa de Último Recurso (TUR), regulada por el Gobierno y a la que tienen derecho todos los clientes que tengan contratada una potencia no superior a 10 kilovatios, para pasar al mercado libre, algo que hasta ahora solo ha hecho el 30%. El ahorro que este cambio supone con las ofertas actuales es mínimo: entre 12 y 13 euros al año, según cálculos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Pero si se consiguieran ahorros mayores, como prometen estos grupos de consumo, cada vez más clientes darían el salto y fomentarían la competencia entre las comercializadoras.

“Son propuestas con la que se pueden ajustar algunos euros, pero no van al fondo de la cuestión. Le veo poco recorrido, porque el problema del sistema eléctrico español no está en las comercializadoras, sino en el propio diseño del sistema”, opina Jorge Fabra, presidente de Economistas frente a la crisis, expresidente de Red Eléctrica y antiguo asesor de la CNE.

"El problema está en el propio diseño del sistema", opina el economista Fabra

El sistema español, según Fabra, es una torre de Babel que cuesta entender y que produce grandes errores de diagnóstico. “Y el principal problema, insisto, no está en que haya o no haya competencia entre las comercializadoras. Está en que el sistema no distingue el origen de la energía: la que generan las centrales hidroeléctricas y las nucleares es más barata que la del carbón y el gas natural, pero todas se venden al mismo precio. Con lo que hay quien se lleva mucho más dinero del que debería”, explica. “Pero ninguna de las reformas emprendidas hasta ahora por los distintos Gobiernos ha sido capaz de abordar esta cuestión. Hay muchos intereses empresariales por medio”, continúa.

Las compañías comercializadoras justifican la falta de ofertas atractivas en que trabajan con pocos márgenes porque la parte fija de la factura, que es la que determina el Gobierno, es para todos igual y ellas solo pueden ahorrar en la última fase del proceso: costes administrativos, personal y gestión.

En Endesa son rotundos: el límite máximo para tener derecho a la TUR debe bajarse a cinco kilovatios para sacar a más clientes al mercado libre. “Mientras exista una tarifa a la que pueden optar la mayoría de los clientes domésticos, es imposible que se produzca una verdadera competencia empresarial”, comentan.

Las cooperativas de energía verde, comercializadoras que han entrado en el sistema haciéndose con consumidores comprometidos con las renovables, también quieren cambiar las reglas del juego. Este verano dieron un paso adelante. Tras conocerse que el Gobierno quiere gravar con un peaje el autoconsumo, que consiste en producir electricidad en casa mediante placas solares o minimolinos eólicos y consumirla, llamaron a la insumisión para defender su modelo. EL PAÍS ha contabilizado media docena de estas comercializadoras verdes. Según sus representantes, están en pleno crecimiento y ofrecen buenos precios.

La asociación Anae prepara otra acción de cambio masivo de comercializadora

Som Energía, por ejemplo, nació a finales de 2010 en Girona. Querían reunir a miles de personas con el deseo de cambiar el modelo energético actual y trabajar juntas para alcanzar un modelo 100% renovable. Se miraban en experiencias exitosas de otros países europeos. Desde septiembre de 2011 son comercializadores de energía verde certificada —adquieren la energía del mercado mayorista y la venden a sus clientes—. Según sus datos, tienen 7.000 clientes. Pero no es fácil entrar en el sistema eléctrico español, dada su complejidad y las trabas administrativas que se encuentran los que están fuera. “Hemos tenido los mismos problemas que cualquiera. Lo importante es que nos metamos todos y seamos muchos”, explican. Entre sus objetivos está cambiar el mercado energético, conseguir que los clientes sepan cómo está organizado y que se acabe con tanta complejidad.

En Fuengirola (Málaga), Zencer también ha metido cabeza en el abigarrado sistema eléctrico. “Siempre lo he tenido en mente, aunque uno de los detonantes fue un enfado con la distribuidora de la zona, por la forma en la que nos trataba”, cuenta Francisco Javier Porras, su presidente. Aunque comenzaron en 2011, hasta comienzos de año no han tenido listos todos los trámites. En verano consiguieron ofrecer a su centenar de socios una tarifa un 20% más barata que la TUR.

El precio de la factura se puede abaratar de dos maneras, a lo grande —modificando el sistema eléctrico— o con las actuaciones individuales de cada consumidor. En la primera opción habría que optimizar los gastos del sistema. “Es difícil conocer su composición exacta porque no se quiere hacer una auditoría”, dicen desde Anae. A finales de junio, el Congreso de los Diputados rechazó la propuesta de Izquierda Plural de auditar el déficit de tarifa en España. Este agujero, que se produce porque los ingresos vía peajes del sistema eléctrico son inferiores a los costes de la actividad regulada, es la principal razón por la que el Gobierno ha presentado su reforma eléctrica. En mayo era de 2.624 millones, según la CNE.

Para reducir la factura a nivel particular hay varias soluciones. Reducir el gasto mediante la inversión en equipos eficientes —electrodomésticos e iluminación— o mediante cambios en las modalidades de contrato. La mayoría de los consumidores tienen contratada la TUR, por la que pagan lo mismo por las 24 horas del día. Existe la posibilidad de contratar una tarifa con discriminación horaria, por la que se pagan unas horas más caras que otras (14 horas a precio muy barato y 10 horas a precio ligeramente más caro que el normal). Según Anae, con el cambio a la tarifa con discriminación horaria se puede bajar fácilmente entre un 10-15% en el coste de la electricidad pura, y subir hasta 30-40% cambiando hábitos de consumo, aunque esto no siempre es así porque dependerá de la manera en que consumimos electricidad.

Todas estas iniciativas se ponen en marcha justo antes de que se conozcan todos los efectos de la última reforma eléctrica, que hace prever nuevas subidas. Los consumidores comienzan a tomar la iniciativa.