Hospitales que son nuestros

El proyecto de la mayor privatización de recursos públicos de España hace agua. Puede que el último auto judicial de paralizarlo no sea el definitivo. Quizá haya más decisiones judiciales en sentido contrario, pero lo cierto es que ya que la fuerza de la razón y las protestas han sido incapaces de impedir el desaguisado que pretende el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, será la “inseguridad jurídica” la que lo haga.

González y su consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, demuestran con su gestión que son de los que creen que la mayoría absoluta les otorga carta blanca incluso para vender a precio de saldo los hospitales y centros de salud públicos que son de todos. Y creen tanto en ello que pretenden —o pretendían— hacerlo mediante un procedimiento plagado de irregularidades. De los pasos dados hasta ahora es imposible evitar la sospecha de que hay tantas felices coincidencias como las que distinguieron al imputado por corrupción y líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, al que le tocó siete veces la lotería.

Una vez decidida la privatización —sin estudios que avalen su necesidad—, la Comunidad de Madrid abrió hace tres meses el concurso para que todas las empresas interesadas presentaran sus propuestas. Se trataba de dejar en sus manos la gestión sanitaria de seis grandes hospitales y del 10% de los centros de salud de la región. No era fácil que hubiera interesados porque la Comunidad exigía un aval del 5% del contrato, que asciende a 4.679 millones de euros. O sea, tenían que aportar una garantía de 233 millones para quedarse con el apetecido pastel.

Cuatro días antes de que se terminara el plazo de presentación de propuestas, Fernández Lasquetty hizo una importante corrección en el boletín oficial: la exigencia era del 5% anual, lo que dejaba la fianza en 28 millones. La rebaja era considerable y tres conglomerados empresariales presentaron sus pliegos cuatro días más tarde.

Aquí la suerte también estuvo del lado del Gobierno regional. Podía no haberse presentado ninguna compañía o haberse presentado muchas y tener que seleccionar, con el riesgo que ello comporta. Pero no. Solo tres presentaron sus pliegos y, ¡qué casualidad!, ninguna de ellas pretendía quedarse con un hospital o un centro de salud que otra pretendiera. Eran cinco lotes en total y cada una de las tres empresas, sin, supuestamente, saber lo que querían las demás, acertaron a la primera. Ribera Salud solo quería los hospitales Infanta Leonor y Sureste. Para ella han sido. Sanitas licitó para quedarse con el hospital del Henares y para ella ha sido. HIMA San Pablo, un grupo puertorriqueño por cierto, quería los otros tres hospitales restantes y para ella han sido. Según Lasquetty hubo una cuarta empresa licitante desechada de manera inmediata porque presentó una hoja poco menos que preguntando cómo acceder al concurso.

A medida que este verano se conocían los detalles de este proceso privatizador resultaba inevitable sentir sonrojo cuando no indignación. Las tres empresas beneficiarias ni siquiera habían hecho el esfuerzo de reducir costes para favorecer a la Administración pública madrileña que tan suculento negocio quería adjudicarles. Si la Comunidad decía estar dispuesta a pagar a una empresa un máximo de 450,07 euros por habitante y año, Ribera ofrecía su gestión por un céntimo menos. HIMA San Pablo hizo un esfuerzo mayor para ganar este esperpento de concurso: hasta 37 céntimos menos por cabeza. Total, no existía el riesgo de que otro candidato ofreciera mayor ahorro.

El auto judicial del pasado martes ha paralizado cautelarmente esta locura y las empresas, que ya estaban entrando en los despachos y comunicando las nuevas —y sensiblemente peores— condiciones laborales a los eventuales e interinos, se retiran. El futuro es incierto para ellas, pero también para la sanidad pública en manos de políticos que tienen una asignatura pendiente: comprender que gestionar lo que es de todos no significa disponer a su antojo en base a su mayoría absoluta. Contra el procedimiento hay 14 recursos pendientes y es especialmente significativo a este respecto el presentado por el Ayuntamiento de Parla. Este Consistorio cedió en su momento el terreno para construir el hospital Infanta Cristina. Era terreno del pueblo y, por tanto, era un beneficio cesante de sus contribuyentes. Con este proceso quedará en manos de la privada HIMA San Pablo. Eso sí que es un expolio.