Empieza el negocio en los Parques Nacionales

El Consejo de Ministros ha dado este viernes el visto bueno al anteproyecto de la nueva Ley de Parques Nacionales, una norma que abre la posibilidad de desarrollar actividades con fines económicos en los espacios con mayor nivel de protección ambiental del país, nuestras 15 joyas de la naturaleza. Entre esos posibles negocios que se podrán instalar cuando la norma esté en vigor se encuentra la navegación con usos turísticos en el parque de Monfragüe (Cáceres) o el vuelo sin motor, actividad que una disposición adicional permite excepcionalmente en el Parque Nacional de Guadarrama (Madrid).

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáinz de Santamaría, ha asegurado que la norma, pendiente todavía de informes de distinta naturaleza, pretende reforzar la eficacia del papel del Estado, que podrá intervenir en la gestión de los Parques Nacionales, en manos de las Comunidades Autónomas, en los casos en los que se encuentre en un "estado de conservación desfavorable" o en una situación de emergencia medioambiental, como un incendio.

El Estado podrá intervenir en la gestión  de los parques en  situación de emergencia medioambiental

El Gobierno del PP también fija que los Parques Nacionales futuros deben tener un mínimo de 25.000 hectáreas en el momento en el que sean declarados y aunque se endurezcan los requisitos, una vez que reciba el visto bueno se agilizará su tramitación.

La caza es uno de los aspectos espinosos. Uno de los últimos borradores de la ley, del 11 de agosto, sigue considerándola una actividad incompatible con los usos de un Parque Nacional, pero se reserva la figura del control de poblaciones –en el que se matan animales- y que se viene utilizando para permitir la caza. Formaciones como Seo –BirdLife, Ecologistas en acción, WWF o Greenpeace reclaman que se especifique en el documento que ese control de poblaciones solo podrán realizarlo técnicos del parque, y que no se deje en manos de cazadores. "Dentro de esta concepción productivista de todo, van a terminar concertándolo para sacarle rendimiento también", se teme Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España. La ley no impide que esta tarea la haga un privado. "Son medias verdades, cuentan que se prohíbe la caza, pero no que se sigue permitiendo con el control de poblaciones, aporta Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.

Los ecologistas sospechan que se utilizará el control de poblaciones para seguir permitiendo la caza

El Gobierno quiere dar mayor protagonismo a los propietarios de terrenos que forman parte de los Parques Nacionales. Los conservacionistas temen que ellos puedan ser unos de los beneficiados de las actividades cinegéticas. Según el texto, los particulares podrán “desarrollar actividades económicas y comerciales, en especial relacionadas con el uso público y el turismo rural”.

“El objetivo de los parques nacionales siempre ha sido la conservación y se está rompiendo esa regla”, opina Asunción Ruiz, directora ejecutiva de Seo-Bird Life. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, insiste en que hace falta una nueva ley para frenar la deriva actual, pero no está conforme con la propuesta actual. Para Del Olmo, la caza también es una de las zonas de peligro. "En la ley vigente, de 2007, se da diez años a los parques que la venían permitiendo -Monfragüe, Picos de Europa y Cabañeros- para extinguirla. Ese plazo desaparecerá con la nueva ley, por lo que quedarán en una especie de limbo", considera.

Los parques nacionales que debían extinguir la caza en 2017 siguen con el mismo plazo, según Medio Ambiente

Medio Ambiente asegura que estos parques deberán erradicar esta práctica en 2017, tal y como se había estipulado, y que así viene recogido en la norma. Aparece en la disposición adicional séptima. "Por una errata, que remitía a los artículos 5 y 6, en lugar de al 6 y 7, no ha salido bien referenciado", explica una portavoz del ministerio.

El texto todavía debe pasar por el Consejo de la Red de Parques Nacionales, organismo donde están representadas las comunidades autónomas, los ecologistas y que convoca el ministerio de Medio Ambiente. "Lo normal es que se modifique en esta fase", confía Oberhuber. "Esperamos que cambie, creemos que debe hacerlo", añade.