La propuesta para apadrinar a alumnos divide a la Universidad

La propuesta lanzada por la rectora de Málaga, Adelaida de la Calle, para crear una bolsa de donantes para ayudar a los alumnos que no puedan afrontar el coste de los estudios superiores ha dividido a la Universidad. Mientras los representantes de los estudiantes han reclamado este jueves que sea el Estado el que "apadrine" a los alumnos, los rectores se movieron entre el apoyo a la iniciativa de su colega y el rechazo por la confusión que se puede crear entre solidaridad y el derecho a la educación.

De la Calle, que ostenta la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), atraviesa un terreno complicado. Aunque el mecenazgo y el patrocinio llevan años implantados en los campus españoles —pero con menos intensidad que en otros países como Reino Unido—, la propuesta de la rectora malagueña ha descolocado a algunos miembros de la comunidad educativa. La diferencia con ese mecenazgo clásico, centrado en cátedras y la labor investigadora, reside en que la presidenta de la CRUE vinculó directamente las donaciones de particulares con el servicio básico que presta la Universidad. Es decir, apostó por emplear esas aportaciones ciudadanas en ayudar a pagar sus estudios a los alumnos con pocos recursos y que se han quedado sin beca.

De la Calle ha anunciado este jueves que el campus malagueño abrirá una cuenta bancaria para las aportaciones, aunque aún deben aclararse los aspectos legales. Otras universidades, como la Complutense de Madrid, también se plantean abrir a las donaciones particulares su fondo de emergencia para los alumnos con menos recursos. En la de Huelva ya tienen iniciativas en marcha. Como ha recordado su rector, Francisco Ruiz, ya han puesto en funcionamiento el programa Matrícula, que permite que instituciones, particulares y empresas puedan ayudar a pagar los estudios de los alumnos con más dificultades.

Consciente de que su propuesta de crear una bolsa de donantes ha removido las entrañas de la educación superior, Adelaida de la Calle ha argumentado este jueves: "debe considerarse una acción de emergencia o transitoria porque yo tengo claro que el Estado debe ser el que siga manteniendo al sistema educativo en su mayor parte". La rectora ha dejado claro que este asunto no se ha abordado en la CRUE, pero no descartó que se haga en el futuro.

La Federación de Asociaciones de Estudiantes (Faest) ha agradecido esta idea que da "la posibilidad a personas solidarias para que puedan apadrinar a estudiantes con problemas económicos". Pero, a través de un comunicado, ha recalcado que "esta medida solo puede ser temporal porque supone pura beneficencia, cuando realmente debe ser el Estado el que provea de ayudas y becas a los estudiantes que lo necesiten".

Algo muy parecido ha opinado la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup). Tras aludir a los recortes en las cuantías de las becas y el endurecimiento de los requisitos, ha apuntado que son positivas "todas aquellas medidas que ayuden a que ningún estudiante se quede sin educación". Aunque Creup ha defendido "que el derecho a la educación universitaria" debe ser garantizado por el Gobierno con "una política de becas acorde a las necesidades sociales y que en ningún caso puede depender de si una entidad o una persona particular dona dinero o no".

Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, ha sido menos condescendiente con la propuesta de Adelaida de la Calle, que ha considerado "bastante indignante". En su opinión, la presidenta de la CRUE se alinea con el Partido Popular en su objetivo de forzar que "el derecho a la educación deje de ser un derecho para ser beneficencia". "Es beneficencia franquista", ha añadido García, para quien la solución estaría en destinar el dinero que se ha prestado a la banca para financiar los servicios públicos.

El rector de la Universidad de Sevilla ha interpretado la propuesta de su colega de Málaga como una "llamada de atención" sobre la complicada situación de los campus y los estudiantes por los recortes emprendidos por las Administraciones. "Pero sigo pensando que las becas y las ayudas deben ser con dinero público", ha dicho Antonio Ramírez de Arellano, quien ha pedido "hilar muy fino" para no confundir un derecho con caridad.

En la misma línea, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, ha pedido que no se mezcle "la solidaridad y el derecho a la educación". El exministro de Educación Ángel Gabilondo también ha reclamdo que la equidad no se quede solo "a merced de la buena voluntad de personas que filantrópica o caritativamente quieran ayudar", informa Efe.

Pero otros rectores sí han salido en defensa de la iniciativa de la presidenta de la CRUE. Como el de la Pablo de Olavide de Sevilla. "No estamos acostumbrados en España a que la iniciativa privada complemente la financiación de la Universidad", ha señalado Vicente C. Guzmán, quien ha enmarcado la propuesta de su compañera en una situación urgente para alumnos que "pueden ser expulsados por no tener beca o no poder pagar la matrícula". Según el recuento que este periódico realizó en junio, más de 30.000 estudiantes de España estaban en riesgo de ser expulsados por impagos. Lo que sí ha reclamado Guzmán ha sido "transparencia" para este tipo de donaciones: "Deben estar bien reguladas y bien controladas; la persona que aporte debe saber a qué se dedica el dinero". En la Olavide, como ha ocurrido en otros campus españoles, han recibido llamadas de ciudadanos ofreciéndose a costear la matrícula de alumnos con problemas económicos.

A Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, también le parece correcta la propuesta de la rectora malagueña. "Todo lo que sea recaudar me parece bien", afirma. En su opinión, los recortes que está acometiendo el Gobierno central pueden favorecer que los responsables universitarios "espabilen para captar fondos". Por otro lado, también podría despertar "la conciencia de los particulares de que pueden contribuir a la Universidad".

Pero Carabaña también ha resaltado que tras medidas de este tipo lo que se esconden son las "deficiencias del Estado", que los ciudadanos suplen. "Quienes hacen estas donaciones deslegitiman al Gobierno", ha concluido.