El Gobierno allana el camino a la explotación de gas con ‘fracking’

El Gobierno español, especialmente a través de su ministro de Industria, José Manuel Soria, está decidido a facilitar que las empresas interesadas exploren los recursos subterráneos de gas de esquisto o gas pizarra que pueda esconder el subsuelo peninsular. Se enfrenta, sin embargo, a un movimiento creciente en contra del fracking (fracturación hidráulica), la técnica que permite liberarlo de la roca a base de inyectar agua a presión junto con arena y productos químicos. Es un procedimiento agresivo, que en algunas explotaciones se ha relacionado con contaminación de acuíferos y actividad sísmica. El Gobierno aprobó ayer remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que entre otras cosas obliga a someter a evaluación de impacto todos los proyectos en los que se use fracking, algo que hasta ahora no se contemplaba. No solo se refuerza el control; también se intenta aplacar, al ofrecer más garantías ambientales, a los críticos.

El Gobierno, por tanto, avanza en el proceso de dar cobertura legal a esta polémica técnica de extracción de gas no convencional. España se ha alineado con países como Polonia y el Reino Unido, que también apuestan por intentar reducir su dependencia energética. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas presentó hace unos meses un estudio con sus previsiones: calcula que existen recursos de este tipo de gas para 39 años de consumo. Una perspectiva apetecible en un país que importa el 99% de los hidrocarburos que utiliza, pero que tiene a grupos ecologistas y decenas de Ayuntamientos y diputaciones —la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva recogidas 103 mociones— en contra.

Europa va a tres velocidades en cuestión de fracking. Mientras hay países como Francia que mantienen moratorias a su utilización —se aprobó en época de Sarkozy, y Hollande la reafirmó—, otros como Polonia ya están extrayendo gas pizarra de forma experimental después de que tres empresas renunciaran al no encontrar suficientes recursos. En un término medio está España: hay voluntad política en el Gobierno central para no dejar pasar el tren energético, pero la investigación aún es muy incipiente. El interés de las empresas sí ha quedado claro. Si hace unos años el Ministerio de Industria solo recibía entre cinco y siete solicitudes para investigar la presencia de hidrocarburos, en 2012 le llegaron más de 70.

Empresas como la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi o las estadounidenses BNK Petroleum y Heyco, agrupadas en la plataforma o lobby Shale Gas España, aseguraron ayer a través de un portavoz que la decisión de hacer obligatoria la evaluación de impacto ambiental completa en los proyectos de fracking “es positiva y ayuda a que haya claridad y transparencia en los proyectos”. También a la hora de invertir, añadió. Según sus previsiones, aún se puede tardar entre cuatro y seis años para empezar con la fase de extracción. Los 70 permisos que hay concedidos actualmente —hay otros 25 solicitados— son únicamente para hacer sondeos sísmicos y perforaciones exploratorias.

Uno de ellos, de febrero pasado, permite a la compañía Oil & Gas Skills perforar un sondeo exploratorio en Hornos de Moncalvillo (Logroño), dentro del área que cubre un permiso de investigación llamado Cameros-2. “El objetivo de la perforación del sondeo es evaluar el yacimiento de gas Viura”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial. Añade que no ha sido necesario someter el proyecto a la evaluación de impacto ambiental. El Ministerio de Industria, que otorga el permiso, no explicó ayer si la nueva ley modificará la situación de proyectos que ya tienen permisos concedidos sin haber pasado por evaluación ambiental. “No creo que tenga carácter retroactivo”, dice Julio Barea, de Greenpeace. “Está claro que el Gobierno apoya el fracking. Nosotros lo que pedimos es que, más allá de evaluaciones pozo a pozo, se estudie en profundidad qué afectación puede tener una explotación masiva que podría ocupar mucho territorio si sigue adelante”, añade.

Frente a la disparidad de opiniones entre los países miembros, la Comisión Europea de momento es cauta sobre el fracking. Asegura que no puede decirles si deben extraerlo o no, pero sí tiene previsto elaborar una normativa que fije cómo hacerlo para evitar el impacto en el medio ambiente.