Una industria a la deriva

Lo que hace unos años parecía un negocio seguro, subvencionado y con la valorada etiqueta de “bajo en emisiones contaminantes”, es ahora una industria polémica, en riesgo de extinción, que no sabe a qué norma atenerse. En poco más de diez años, el sector de los biocarburantes ha pasado de ser una apuesta inversora de grandes compañías (Cepsa, Abengoa, Acciona o Ebro Puleva) a un rosario de plantas cerradas o con una actividad bajo mínimos.

La patronal del sector asegura que se han invertido 1.800 millones de euros para erigir 48 fábricas de biodiésel (que se mezcla con el gasóleo) y cinco de bioetanol (con la gasolina), aunque de la lista se han caído al menos diez factorías en los últimos meses. Las cifras de empleo (6.300 trabajadores) tienen también mucho de teórico porque cunden los ERE en una industria encogida: en 2012, la producción de biodiésel no llegó al 10% de lo que podían generar las plantas, mientras que la de bioetanol se quedó en el 65% de su capacidad teórica.

2008 marcó un punto de inflexión para la industria. Hasta entonces, los proyectos de construcción de plantas de biocarburantes se sucedían, alentados por las ayudas públicas, las exenciones fiscales y los objetivos medioambientales de la Unión Europea, que exigían cubrir un 10% de la energía consumida por el transporte con fuentes renovables en 2020. Pero aquel año se registró un histórico repunte de los precios internacionales de los cereales, que pusieron a los países más pobres contra las cuerdas. Y, aunque hay informes para todos los gustos, entre los factores que influyeron en la escalada se incluyó el desvío de la oferta de algunos cereales, sobre todo el maíz en EE UU, de usos alimentarios (o para piensos) a la fabricación de bioetanol.

Las importaciones de Argentina e Indonesia cubren un 76% del consum

Desde entonces, la polémica sobre la competencia con cultivos alimentarios persigue al sector. Además, se formularon también críticas a la limitada reducción de emisiones que se consigue con el biodiésel. Pero el golpe más duro para las plantas españolas no viene de ahí, sino de las importaciones de Argentina e Indonesia, que llegan a cubrir un 76% del biodiésel que se consume en España.

Las empresas españolas acusan a Argentina e Indonesia de cargar con más impuestos la materia prima (aceites de soja y palma, respectivamente) que necesitan las fábricas españolas, que el biodiésel ya elaborado que exportan. Un argumento que la Comisión Europea asumió en junio, al imponer un arancel, que el sector cree insuficiente. La alternativa que plantea el sector, que el Gobierno asigne cuotas de producción a las plantas españolas, no acaba de formalizarse. No solo eso, el Ejecutivo ha decidido no prorrogar las exenciones fiscales de las que disfrutaron durante diez años y ha rebajado el objetivo de mezcla de biocarburantes para abaratar los combustibles.

Hay más cambios regulatorios en el horizonte. Y no pintan bien para la industria. Bruselas asumió a finales de 2012 parte de las críticas y propuso limitar el objetivo de biocombustibles al 5% cuando se produzcan a partir de cultivos plantados específicamente para ello. La idea de imponer esta restricción ha sido muy bien acogida por los grupos ecologistas, sobre todo por las implicaciones que tienen fuera de Europa. Estas organizaciones denunciaban que en países como Brasil —pionero en el uso de biocombustibles— hubiera población pasando hambre mientras las tierras agrícolas se dedican a producir gasolinas vegetales. Y habían advertido de que había grupos europeos comprando tierras en países africanos para extender el cultivo de arbustos con frutos ricos en aceites.

La propuesta de la Comisión Europea, sobre la que el Parlamento Europeo debe adoptar una posición definitiva en septiembre, aboga porque el otro 5% se cubra con biocombustibles obtenidos directamente de desechos de plantas comerciales o de algas. Y que, a partir de 2020, solo se subvencione a estos.

Es aquí donde investigaciones como la publicada en Science puede cobrar una importancia vital. El principal obstáculo para la industria es cómo lograr la transformación de la celulosa de los residuos de cultivos agrícolas (los restos de los cereales o el bagazo de la caña de azúcar) en alcohol. La eficacia en el uso de enzimas, como la descubierta por los científicos belgas es clave en este proceso. Abengoa, una de las compañías españolas que más invierte en biocombustibles, ha optado también por esta línea de investigación y confía en lograr un “biocombustible de segunda generación” competitivo en 2016.