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Irlanda consulta si la nueva ley del aborto se ajusta a la Constitución

Si el Consejo de Estado no detecta inconvenientes legales, quienes se oponen no podrán llevarla a los tribunales

Manifestantes antiabortistas en Belfast, en 2012.
Manifestantes antiabortistas en Belfast, en 2012. reuters

El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, ha decidido llevar la nueva ley del aborto al Consejo de Estado para que este dictamine si se ajusta a la Constitución del país. Higgins ejerce así una prerrogativa presidencial que solo se ha utilizado una quincena de veces desde 1940. La nueva ley de Protección de la Vida durante el Embarazo superó el martes por la noche el último obstáculo al recibir el apoyo del Senado y su objetivo es clarificar en qué ocasiones es legal interrumpir un embarazo para proteger la vida de la madre.

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La decisión de llevarla al Consejo de Estado significa que si este la declara inconstitucional deberá ser sometida a referéndum, pero si el dictamen concluye que sí se ajusta a la Constitución ya no podría ser llevada a los tribunales por quienes se oponen a ella.

La reforma del aborto ha originado una gran polémica en Irlanda, donde sigue siendo un tema muy controvertido. Más quizás entre la clase política que entre la población, a juicio de los sondeos que ratifican el apoyo de los irlandeses a facilitar la interrupción del embarazo cuando la madre corre peligro.

La nueva legislación, sin embargo, ha recibido críticas desde todos los lados: para unos es insuficiente y para otros abre las puertas al aborto a la carta, aunque el texto introduce numerosas cauciones de forma que la decisión de abortar tenga un claro apoyo médico.

El ministro de Justicia, Alan Shatter, está entre quienes creen que el nuevo texto se queda demasiado corto y considera que es “una gran crueldad” que las mujeres sigan sin poder abortar en el caso de malformaciones graves del feto (salvo que corra peligro la vida de la madre) ni tampoco puedan hacerlo cuando su embarazo sea consecuencia de una violación. Shatter defendió la idea de reformar en el futuro la legislación para introducir esos supuestos y someter esos cambios a un referéndum.

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