Ana Mato: “La falta de varón no es un problema médico”

Las mujeres solas y las parejas de lesbianas lo tendrán más difícil para inseminarse en la sanidad pública. La nueva norma que regula el acceso a estos tratamientos, aprobada este martes, los reserva para las personas estériles. Tras la polémica suscitada por su primera propuesta, que establecía que solo las parejas heterosexuales infértiles podían acceder a este servicio, Sanidad ha eliminado toda referencia a estas uniones. La modificación del texto —que ahora solo habla de “personas”— resulta, sin embargo, puramente cosmética. La exigencia de ser estéril supone, en la práctica, un veto a toda mujer sin problemas de esterilidad biológicos pero que no pueda concebir porque carezca de pareja masculina. El texto de Sanidad no define aún qué considera infertilidad, aunque la ministra Ana Mato dio una pista importante cuando aseguró que, para determinarla, se seguirán únicamente criterios médicos. “Y no creo que la falta de varón sea un problema médico”, apuntó tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. “La financiación pública debe ser para la curación”, incidió

En el mejor de los escenarios, las cosas quedarían como hasta ahora. Actualmente, cada comunidad actúa según su interpretación de un decreto (de 2006) que indica que toda persona tendrá acceso a la prestación financiada si hay problemas de esterilidad o una “indicación clínicamente establecida”. Una ambigüedad que abre algunas puertas a parejas de lesbianas y mujeres solas —en determinados hospitales de Madrid, en Andalucía, en País Vasco— pero que también las cierra. Murcia, Cataluña o Castilla-La Mancha ya impiden su acceso.

En su propuesta inicial el Gobierno definía la esterilidad como “la dificultad de concebir tras un año de coito vaginal”

La base de la nueva norma es la misma. Solo se cubrirán estos tratamientos “por motivos terapéuticos o preventivos” a las mujeres menores de 40 años y a hombres menores de 55 con problemas para concebir, dice el texto aprobado hoy martes gracias a la mayoría de consejeros del Partido Popular en los Gobiernos autónomos. Sin embargo, la introducción de una referencia expresa que determine qué se considera “mujer estéril” es la clave que puede limitar el acceso a esta prestación. En su propuesta inicial enviada a las comunidades, Sanidad definió esterilidad como “la ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. Una definición puramente fisiológica y “retrógrada”, según el consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, que insistió en que Sanidad no contempla como causa de esterilidad la ausencia de pareja masculina.

“Al eliminar el requisito expreso que reservaba los tratamientos a parejas compuestas por hombre y mujer, el Gobierno ha dulcificado el texto, han modificado algunos conceptos, pero el problema de base, la discriminación en el acceso, permanece. Estamos ante una medida ideológica”, criticó Blanco. El consejero recordó una reciente sentencia del Tribunal Superior de Asturias que condena a su región a financiar el tratamiento a una lesbiana a la que se denegó el servicio en 2011. Ese fallo judicial incide en que el único modo de que una lesbiana tenga hijos es a través de la reproducción asistida, y obliga a contemplar la “esterilidad primaria” (la falta de varón) entre las causas de acceso a esta. Lo contrario vulnera el principio de igualdad, dice. Una opinión que también comparten algunos constitucionalistas.

“La financiación pública debe ser para la curación”, dice la ministra

A pesar de las alertas, Sanidad insiste en que la medida no es discriminatoria. “Todas las mujeres que tengan problemas médicos para concebir pueden acudir a la fecundación asistida con financiación pública”, aseguró Mato. Un argumento que, según la consejera andaluza, María Jesús Montero, tiene pocas interpretaciones. “En las fichas técnicas y en las discusiones entre Sanidad y el resto de consejeros se ha manejado el concepto de esterilidad que implica coito vaginal”, recalca Montero. “Tradicionalmente, los médicos y los servicios de salud podían interpretar qué se consideraba esterilidad. Ahora, si se determina con esas pautas excluyentes, el acceso será más complejo para las mujeres que no tengan pareja masculina. Cada vez está más claro que el Gobierno no tiene en cuenta la realidad social”, apostilla la responsable andaluza, que se muestra preocupada con que los criterios de “indicación terapéutica” sirvan para recortar otras prestaciones como anticoncepción o vasectomías.

Andalucía, País Vasco y Canarias han asegurado que, pese a la medida acordada, seguirán financiando la fertilización a estas mujeres. Un punto que ha disgustado al consejero de Castilla-La Mancha y portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, que recalcó que las Administraciones no deben cubrir tratamientos si no son para aliviar patologías. “La sanidad pública se creó para atender los problemas de salud de los ciudadanos”, declaró. Echániz reclamó tras la reunión con sus homólogos que las regiones que opten por pagar tratamientos a personas que no sean fisiológicamente estériles deben hacerlo con fondos no sanitarios. “Hay muchas familias que deciden adoptar en el extranjero, pero la sanidad manchega no financia esos viajes ni esa paternidad querida”, indicó.

El concepto de salud como la ausencia de enfermedad, empleado por Mato y Echániz, es uno de los argumentos que más han criticado las organizaciones sociales. “La OMS define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social; no únicamente la ausencia de enfermedad. Parece que la titular de esta área no tiene en cuenta esas recomendaciones internacionales”, critica Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que junto a otros colectivos ha solicitado una reunión con Mato. Las ONG exigen la retirada del requisito de ser estéril para acceder a esta prestación.

El consejero de Castilla-La Mancha compara financiar tratamientos a estos colectivos con pagar viajes para adoptar

A Paloma Calle y Celeste Carrasco se les denegó el acceso al tratamiento de reproducción en la sanidad pública madrileña. “Consideraron que no había una indicación clínica para ello… Salvo, claro, el pequeño problema de que mi pareja es otra mujer”, ironiza Calle. “Está claro que yo puedo tener relaciones sexuales con ella durante 12 meses sin quedarnos ninguna embarazada. Eso ya es un problema de esterilidad”, reclama. Carrasco y Calle son ahora madres de un niño de un año y medio. Finalmente, acudieron a la privada para poder concebirlo. Una es la madre biológica y otra la madre gestante. “¿Por qué no se contempla la esterilidad de la pareja en lugar de la de la persona? A los heterosexuales con problemas no les dicen que para concebir deben buscarse a otro que no sea infértil”, critica.

“El Gobierno no está reconociendo la diversidad familiar. Solo quiere que se perpetúen las familias que considera correctas, las tradicionales. Es una medida sexista: piden a las mujeres que tengan a un hombre al lado para ser madres”, lamenta Gloria Fortún, portavoz de la asociación de familias gais con hijos Galehi.

Los expertos y las entidades sociales —de lesbianas, de madres solas, de consumidores...— esperaban que la norma que regula esta prestación en la nueva cartera básica de servicios erradicase la desigualdad que hoy se da entre regiones —e incluso entre hospitales—. “No solo no se han reducido los desequilibrios, sino que se ha aprovechado para recortar”, critica el consejero asturiano. La regulación puede motivar que las autonomías que ahora permiten el acceso a mujeres sin problemas médicos de fertilidad al tratamiento lo reduzcan. Algo no difícil de imaginar en un momento en el que las Administraciones meten la tijera donde pueden. De hecho, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde el acceso antes era más fácil, limita el tratamiento a estos colectivos desde hace meses.