Cuatro de cada 10 hogares sobreviven gracias a prestaciones

Una sociedad cada vez más envejecida y una crisis que mantiene en el paro a más de la mitad de los jóvenes españoles. Son los dos factores que explican el creciente número de familias que dependen de pensiones, prestaciones por desempleo, subsidios o ayudas sociales para sobrevivir: en 2011 —último año que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE)—, el porcentaje alcanzó el 39,15%, seis puntos y medio más que en 2007. El dato lo destacó este miércoles la catedrática María Teresa López al presentar su estudio Análisis de los comportamientos socioeconómicos de las familias, encargado por la ONG Acción Familiar y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para utilizarlo como base de un plan integral de apoyo a los hogares que el Gobierno pretende aprobar el año próximo.

El estudio se detiene especialmente en la importancia que han cobrado en los últimos años las pensiones de jubilación para las economías familiares. Lo demuestra otro de sus indicadores: el gasto medio por hogar presenta una caída continuada desde 2007 excepto entre los jubilados, que cada vez más se ven obligados a destinar sus pensiones y ahorros para ayudar a familiares castigados por la crisis. Según el INE, entre 2006 y 2011 el gasto de los mayores de 65 años aumentó un 32,9%. “Todos los datos parecen mostrar que el actual sistema de pensiones es un instrumento —ahora más que nunca— de carácter no solo asegurador, sino sobre todo redistributivo, que en manos de las familias duplica sus efectos y utilidad”, explicó López.

Otro informe presentado el mes pasado por la Fundación 1º de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, especificaba que los pensionistas son el sustento principal del 26,8% de los hogares españoles. El sindicato advirtió entonces de que el actual cuestionamiento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones “no solo pone en jaque el derecho a un envejecimiento digno y de calidad, sino que acaba con el único sustento de muchas familias”.

El estudio dirigido por Teresa López destaca también que hay tres tipos de hogares que requieren un trato diferenciado y preferente por ser más vulnerables en este contexto de crisis: las familias numerosas, las monoparentales y las que tienen entre sus miembros alguna persona discapacitada.

La ministra Ana Mato ha asegurado que modificará la ley de familias numerosas para que conserven las prestaciones a las que tienen derecho hasta que el más pequeño de los hijos cumpla la edad límite (21 años o 26 si estudia). Algo que ahora no ocurre y que, según reconoció Mato, genera una situación de desigualdad para los hermanos pequeños, que pierden todas las ventajas (becas o descuentos en transporte, por ejemplo) cuando los mayores llegan a la edad límite y dejan de contabilizarse dentro de la unidad familiar aunque no estén emancipados, lo que ocurre con frecuencia en un momento en el que la tasa de paro juvenil alcanza el 57%.

La noticia fue recibida con gran satisfacción en el colectivo, que lleva años reivindicando esta cuestión. “Teniendo en cuenta que España es uno de los países de la UE en el que la edad de emancipación es más alta, la medida supondrá un alivio en las cargas económicas de estas familias”, opina Raúl Sánchez, director de la Federación Española de Familias Numerosas.

Otra advertencia que recoge el informe es que ser mujer sigue siendo motivo de discriminación. Las casadas tienen una tasa de actividad casi 12 puntos por debajo de la de los hombres. “Muchas se enfrentan a una segunda desigualdad por el hecho de ser madres”, concluye.