El Consejo Nuclear aprueba la prórroga de un año para Garoña

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de España, con 42 años en funcionamiento y cuyo reactor es gemelo de uno de los de Fukushima, recibió ayer el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para seguir abierta un año más, aunque sin producir electricidad. Nuclenor, la empresa propietaria, quiere hacer tiempo para que se apruebe la reforma energética que prepara el Gobierno y ver si le compensa económicamente seguir operando. Entre los beneficios a los que aspira se encuentran una ampliación de la vida de las nucleares hasta los 60 años, ahora está en 40, o beneficios fiscales. Para que la prórroga sea efectiva, el Gobierno tiene todavía que renovar su licencia.

El CSN debía evaluar si es seguro que Garoña, con permiso para funcionar hasta el 6 de julio de 2013, siga abierta en parada fría. Desde diciembre, está desacoplada de la red eléctrica y ha comenzado a transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento.

Para dar su beneplácito, el CSN ha puesto como condición que la central no introduzca combustible en el reactor. En el hipotético caso de que lo hiciera, la central debería acometer una batería de reformas e inversiones por encima de los 100 millones de euros. Algunas de ellas aplican “lecciones aprendidas” del accidente de Japón, ocurrido en marzo de 2011, y otras, como la inspección de la vasija, se basan en el hallazgo en junio de 2012 de fisuras en la vasija de la nuclear belga Doël 3, fabricada por la misma empresa que hizo la de Garoña.

La decisión ha estado encallada varios días. Desde el lunes, los cinco consejeros del CSN han mantenido cuatro reuniones. El mayor escollo ha sido conseguir los informes técnicos con tan poco tiempo. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo pidió al CSN que se pronunciara el 16 de mayo. De los cinco miembros del consejo, tres votaron a favor: el presidente Fernando Martí (PP) y los consejeros Fernando Castelló (PP) y Antonio Gurguí (CiU). Las dos representantes del PSOE (Cristina Narbona y Rosario Velasco) lo rechazaron.

Una vez terminada la votación, la consejera Narbona anunció que el lunes próximos presentará un voto particular en el que explicará sus motivos. La exministra de Medio Ambiente socialista acusó al Gobierno del PP de hacer una utilización “torticera” del organismo regulador. “Lo correcto hubiera sido ir al cese de explotación y que después hubieran pedido una licencia”, considera Narbona. Velasco dio motivos diferentes a su negativa. Según otras fuentes, alegó que no se habían acogido a los plazos estipulados. El consejero de CiU también explicará su voto positivo por razones de seguridad.

Si el Gobierno no renueva el permiso a Garoña, tendría que cerrar el 6 de julio. La central alegaba hasta ahora que no le salía rentable seguir abierta. Por esta razón dejaron pasar los plazos oficiales para pedir prórroga y hace poco más de una semana lanzaron esta propuesta de continuar en activo un año más. Para optar a esta fórmula el Gobierno debe modificar una orden ministerial. Los técnicos del CSN estaban trabajando precisamente en el desmantelamiento de Garoña.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Salvia coinciden en que, con esta decisión, el CSN ha perdido credibilidad. “Se ha obligado a los técnicos a emitir informes con cinco días laborables”, “se ha creado una situación anómala sin precedentes”, subrayan.

Los trabajadores de Garoña —291 directos más 491 en subcontratas— han acogido con alegría contenida la decisión. “Hemos visto demasiados vaivenes desde 2009”, declaró ayer el presidente de su comité de empresa, Alberto González.