Destituido el director del hospital balear por la muerte de un senegalés sin papeles

El Gobierno de Baleares (PP) destituyó ayer al director gerente del hospital de Inca, Mallorca, Fernando Navarro, tras la investigación abierta a raíz de la muerte por tuberculosis, el pasado 21 de abril, del senegalés Alpha Pam. Era un inmigrante sin papeles de 28 años que falleció en su casa sin haber recibido un diagnóstico certero ni un tratamiento. Además, una médica y dos enfermeros han sido expedientados por la posible equivocación en el diagnóstico.

Un informe de la Consejería de Salud indica que se “pudo cometer un error de diagnóstico al no haber aplicado las normas de actuación ante un caso de posible contacto con tuberculosis”, algo que pasó “inadvertido” tanto para la doctora de urgencias como para el enfermero que efectuó la evaluación inicial al llegar al hospital. También se ha expedientado al funcionario coordinador de Admisión del centro sanitario.

A Alpha Pam le diagnosticaron bronquitis en Inca, sin efectuarle una radiografía ni decidir su ingreso. El consejero, Martí Sansaloni, reconoce fallos y mala práctica interna en su sistema administrativo y asistencial, pero el Gobierno balear niega las críticas de que el paciente no fue atendido por ser un inmigrante sin papeles. Aseguran que se atiende en urgencias, de manera universal y sin cobro, a inmigrantes menores, embarazadas, desvalidos y portadores de las llamadas enfermedades de salud pública y mental. El Gobierno balear indica que se cumple la normativa que regula el derecho a la prestación sanitaria a ciudadanos “en situaciones especiales”.

En las urgencias del hospital de Inca y de otros centros públicos de Baleares, a los inmigrantes sin papeles se les exige que firmen un compromiso de pago, como requisito previo a ser atendidos, una factura con el coste de su atención. Esta práctica se ha extendido en varias comunidades tras el nuevo decreto del Gobierno central sobre atención a inmigrantes. Aunque la mayoría de las veces la Administración autonómica no cobra esa factura, supone una barrera para el acceso y una carga de incertidumbre para estos enfermos.

El caso de Alpha Pam pudo atascarse por estas razones. El africano fallecido residía desde hacía ocho años en España, pero no disponía de la tarjeta sanitaria. El senegalés fue dos veces al ambulatorio local de Can Picafort, donde le atendieron fuera del horario y por solidaridad los médicos del sistema público, que le hicieron una prueba primaria de tuberculosis que dio negativa. Y le enviaron al hospital de Inca para que le hicieran una radiografía. Fue el 5 de abril a urgencias, pero le diagnosticaron bronquitis y su tuberculosis pasó inadvertida. Los amigos dicen que el joven acudió de nuevo el 13 de abril pero que no le atendieron.

Sin embargo, las indagaciones oficiales en este centro sanitario, que incluyeron el visionado de las grabaciones de cuatro cámaras de seguridad, y los portavoces de la consejería rechazan que Alpha Pam acudiera en una segunda ocasión. Y afirman que el hospital tenía activado desde el 18 de febrero el protocolo de salud pública tras haber detectado dos casos de tuberculosis en dos menores del entorno del senegalés. Salud afirma que trataron de dar con él pero que no lo consiguieron.

El caso ha abierto una tormenta política, tanto en las islas como en el Congreso. El PP balear rechazó crear una comisión parlamentaria de investigación que exigieron el PSOE y el grupo Més, que ayer reclamaron responsabilidades políticas y el cese del consejero de Salud, Martí Sansaloni. Mabel Cabrer, portavoz del PP, dijo que la izquierda quiere sacar rédito de situaciones desgraciadas con “demagogia, mentiras y alarmas”.

En el Congreso, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, responsabilizó al decreto que excluye de atención sanitaria a los inmigrantes, firmado por la ministra del ramo, Ana Mato. Y la hizo responsable “políticamente”, informa Anabel Díez. La ministra dijo que “a veces se comenten errores”, pero defendió que “nadie que lo necesite con urgencia deja de ser atendido”, y recordó que esta materia es competencia de las comunidades. Con 300 euros se hubiera podido atender a este inmigrante, aseguró Martínez Olmos.

La mayor parte de la plantilla del complejo hospitalario de Inca protestó ayer por los expedientes de destitución de su gerente y las posibles depuraciones de tres empleados. Los trabajadores reclamaron “a los políticos” la asunción de responsabilidades. El Colegio de Médicos de Baleares defendió al director cesado por su labor y solicitó “una reflexión” al consejero.

La ONG Médicos del Mundo, en un comunicado conjunto con la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc), declaró ayer que la culpa no procede de un error de unos médicos o enfermeras sino que es consecuencia del decreto que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. “No es la mala praxis de los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la imposición de una legislación que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública”.