El PSOE acusa a Mato de ser responsable de la muerte de un senegalés en Baleares

La culpa la tiene el Real Decreto – Ley 16/2012 que excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, a los que no tienen papeles, firmado por la ministra de Sanidad, Ana Mato. Con este argumento el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, ha hecho responsable “políticamente” a la ministra de la muerte del joven inmigrante senegalés que murió en Baleares por no haber tenido una atención sanitaria acorde con la tuberculosis que padecía. “Derogue inmediatamente ese decreto y comparezca en la comisión como le tenemos pedido para que hablemos de la gravedad de la situación de la sanidad española”. Ha sido un rifirrafe duro y áspero por parte de la oposición que ha colocado a la titular de Sanidad en situación a la defensiva. “A veces se cometen errores”. Esta es la única concesión que ha hecho la titular de Sanidad ya que ha basado su defensa en negar que “nadie que lo necesite con urgencia deja de ser atendido”, y en que las comunidades autónomas son las competentes en esta materia.

La derogación de esta norma es la que persigue el PSOE porque se trata de una decisión “injusta, inhumana y propia de un Gobierno sin alma”, ha dicho Martínez Olmos, que interrumpió su alegato al escuchar de la bancada popular el grito de “caradura”. De inmediato ha pedido al presidente del Congreso, Jesús Posada, que pidiera al diputado del PP, Rafael Merino, que profirió el grito que retirara la expresión. “Me insulta porque cumplo con mi obligación de controlar al Gobierno”, ha dicho para seguir con sus críticas. Con 300 euros se hubiera podido atender a este inmigrante, ha asegurado Martínez Olmo. De este hecho dramático, particular, ha avanzado el portavoz socialista hacia lo general. “Todas las organizaciones profesionales están en contra de esta decisión de quitar la asistencia sanitaria” por lo que le ha pedido a la ministra que rectifique. “Evite que vuelva a caer sobre sus espaldas nuevos casos que seguro se van a producir porque ya hay contabilizados centenares de casos de inasistencia sanitaria”, ha asegurado.

El diagnóstico que hace la oposición no es compartido en absoluto por la ministra de Sanidad. “Hasta este momento los pacientes han sido atendidos con la máxima diligencia en Primaria y en Urgencias, se les han realizado las pruebas diagnósticas y, además, se han activado los protocolos de salud pública”. El debate ha vuelto sus tornas porque ha sido la ministra quien ha acusado al PSOE de “utilización partidista de las tragedias”. Y les ha augurado lo que sentirán el futuro. “Seguro que dentro de unos meses o años cuando relea su intervención se avergonzará de haberla hecho”. No hay razones, por tanto, para derogar ese decreto, según el Gobierno. Tampoco para “la alarma” que ha creado la exminsitra de Sanidad Trinidad Jiménez, responsable socialista de Políticas Sociales, área que también depende de Ana Mato.

¿Por qué siempre el PSOE la alarma si el gasto social no se va a reducir?. Esta es la pregunta, seguida de la negación, de la ministra después de que Jiménez sacara el documento del Gobierno enviado a Bruselas sobre os planes de futuro para conseguir la estabilidad financiera. Ese texto alude a la disminución de los capítulos en Educación y Dependencia. “Ustedes podrán decir lo que quieran pero el gasto social se ha incrementado”, ha asegurado la ministra sin dar más detalles, imposibles además por la brevedad de preguntas y respuestas en las sesiones de control. Como en el caso anterior, la ministra ha aludido a las comunidades autónomas para señalar que a estas corresponde la gestión de todas las políticas sociales; y así es.

Como colofón de este pleno de control al Gobierno, de carácter eminentemente social, la diputada socialista, portavoz de Economía, ha hecho resumen de la situación en su interpelación al ministro de Economía, Luis de Guindos. “Ustedes no hacen reformas, solo imponen recortes”, ha diagnosticado Rodríguez Piñero, que preguntó sin éxito al minsitro de dónde van a recortar los 3.000 millones que han consignado en los documentos oficiales enviados a Bruselas. "Estamos en el camino de salvación", fue la respuesta del ministro