El Gobierno aprovechará el retraso de la ‘ley Wert’ para buscar consenso en el PP

El Gobierno ha aplazado la aprobación en el Consejo de Ministros de la reforma educativa —prevista en principio para ayer— para solucionar “observaciones” no resueltas, sobre todo, en torno a su financiación: no está claro de dónde va a salir el dinero para ponerla en marcha. Pero el proyecto de ley se aprobará antes de que termine mayo, probablemente la próxima semana, aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que defendió, además, tanto la necesidad de la reforma como el trabajo del ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Sáenz de Santamaría explicó que se intentará buscar fondos europeos para financiar la parte de la reforma referida a la Formación Profesional, por ejemplo. Sin embargo, esa revisión presupuestaria la han pedido repetidamente algunas comunidades gobernadas por el PP y, según fuentes de esta formación, este tiempo extra se aprovechará para buscar el consenso dentro del partido, para después, ya durante la tramitación parlamentaria, tener más posibilidades de alcanzar algún acuerdo en un Congreso de los Diputados en el que ahora mismo no cuentan con ningún apoyo.

Esto último se asume casi como una misión imposible, pero los esfuerzos se van a hacer para intentar evitar que se repita la historia: la anterior ley educativa que aprobó un Gobierno del PP (LOCE, 2002) contó con el rechazo de todos los grupos excepto Coalición Canaria, y la norma no llegó a desarrollarse; el PSOE la retiró cuando llegó al Ejecutivo en 2004.

El consejero de Educación de Galicia, Jesús Vázquez, celebró ayer el “rigor” del Gobierno al aplazar la aprobación del proyecto hasta que “estén cerrados todos los detalles técnicos”. Unos detalles que en ningún caso, dijo Sáenz de Santamaría, van a tocar ahora el corazón de la ley, mucho menos, la parte que se refiere a la libertad de elección de la lengua, que CiU, un posible socio, rechaza de plano. Pero admitió que en el Parlamentario sí se intentarán aceptar enmiendas.

Más allá de las cuestiones técnicas que se quieran resolver (el Consejo de Estado ha cuestionado además numerosos puntos del texto), resulta muy difícil separar esa decisión del contexto de creciente hostilidad hacia la ley. Tanto la vicepresidenta como otros representantes del PP han negado que el retraso tenga algo que ver con las movilizaciones contra los recortes y la norma (Lomce), que unieron el jueves en una huelga a toda la educación pública y sacaron a la calle a decenas de miles de personas en toda España. Pero algunas voces dentro del PP habían advertido de la inconveniencia de aprobar el proyecto el día después de la protesta.

Y ese entorno hostil será mucho más difícil de combatir para el Gobierno si además tiene que lidiar con unas resistencias que proceden, sobre todo, de sectores autonómicos del PP. A pesar de la unanimidad en la defensa pública de Wert, algunos barones y varios dirigentes en el Congreso temen que la impopularidad de la ley Wert se convierta en un motivo más de desgaste del partido con vistas al calendario electoral. Pese a la inquietud ante las elecciones europeas de 2014, los críticos dan por hecho que queda muy poco margen para negociar y para resolver esas “observaciones” a las que se referió ayer la número dos del Ejecutivo. Por ejemplo, el reparto de competencias entre Gobierno y comunidades en la definición de los contenidos de las clases (otro de los puntos a resolver que señala el Consejo de Estado).

Toda esta situación, sumada al retraso de la llegada del texto al Consejo de Ministros, deja a Wert en una posición política delicada, después de que Educación insistiera en las últimas semanas en su intención de aprobar el proyecto el 10 de mayo. No obstante, tras el toque de atención que supone este retraso, Santamaría aprovechó todas las preguntas sobre la ley tras el Consejo de Ministros de ayer para reforzar tanto el proyecto como a Wert. Insistió en la necesidad de reformar un sistema educativo “que no funciona” —aludió en varias ocasiones a las cifras de abandono educativo temprano y de paro juvenil—, y elogió el trabajo y el esfuerzo de diálogo del ministro. “Quiero agradecer esta tarea, porque no es fácil”, llegó a decir.

Poco aclaró Sáenz de Santamaría sobre un posible cambio en otro de los puntos más polémicos de la reforma y al que se ha opuesto el Consejo de Estado: la obligación de que la Generalitat de Cataluña ofrezca la escolarización con más clases en castellano a quienes lo pidan, si es necesario, pagándoles un colegio privado. La ley no renunciará a garantizar “que los padres puedan elegir”, y lo hará usando “los mecanismos pertinentes”, se limitó a explicar.

Con información de Francesco Manetto