Un juez investigará el caso del senegalés que murió sin atención hospitalaria

Un juzgado de Inca (Mallorca) deberá investigar si existen responsabilidades penales en el caso de la muerte por tuberculosis del inmigrante senegalés, Alpha Pam, de 28 años, que pereció el 21 de abril en su casa, sin haberle diagnosticado la enfermedad. A lo largo de más de dos meses, no recibir una asistencia hospitalaria adecuada ni, tampoco, fue objeto de las pruebas radiológicas que reclamó ante la persistencia de sus dolencias pulmonares. El 25 de febrero acudió a un centro de salud por primera vez.

El grupo econacionalista Més, minoría de oposición al Gobierno de Baleares, del PP, formuló ayer una denuncia penal en la que señala que los hechos "pueden ser constitutivos, entre otros, de un delito de omisión del deber de socorrer y de denegación de auxilio". La diputada Fina Santiago, que destapó este asunto junto a Médicos del Mundo, hizo un paralelismo: “si dirigentes del PP denuncian un escrache por sentirse presionados, aquí se denuncia por la muerte de una persona”.

El inmigrante del Senegal, que llevaba ocho años en España, tuvo que abonar dos veces una factura de la atención al sistema público de salud de Baleares por no tener tarjeta sanitaria, según denunció su compañero de piso en un escrito. En los servicios de urgencias del hospital de Inca al que acudió existían hojas de compromiso de pago que debían rellenar y asumir los extranjeros sin cobertura. Trabajadores de la red hospitalaria afirman que ésta era una manera de disuadir a los inmigrantes indocumentados. El Gobierno niega que se tratara de una forma sistemática de cobro y asegura que en las urgencias siempre se atendió a los extranjeros necesitados.

Después del escándalo, la Consejería de Salud retiró los formularios de cobro, vetó la práctica y anunció que retornaría el dinero percibido a los afectados. La consejería se escuda en que se trata de un error de interpretación de las decisiones del Ministerio de Sanidad sobre la atención sanitaria a los sin papeles, que desde septiembre 2012, se quedaron sin tarjeta sanitaria.

Al aparecer el primer relato-denuncia por la muerte de Alpha Pam, el 3 de mayo, el Gobierno regional atacó a los políticos denunciantes y defendió la bondad de la actuación del sistema público. El presidente, José Ramón Bauzá, y el consejero de Salud, Martí Sansaloni, aseguraron, a la prensa y en el Parlamento, que el paciente fallecido fue atendido en tres ocasiones: en el centro de salud y el hospital comarcal. Salud reconoció que se le dio un antiinflamatorio por una bronquitis aguda, sin internamiento ni placa radiológica. Ahora investigan el procedimiento y los detalles de un caso “puntual”.

Un compañero de la víctima K.A.G. detalló a la cadena SER que Alpha tuvo que pagar dos de las visitas médicas y que en una ocasión le denegaron la atención al ser rechazada su tarjeta del consulado de Senegal. Después le obligaron a firmar un compromiso de pago. Al no tener fondos, no consiguió la atención que solicitaba, dice la nota-queja manuscrita del amigo.

En la denuncia, que es no una querella criminal, los dirigentes del grupo Més aseguran que el inmigrante falleció “después de que se le denegara una adecuada atención sanitaria por no tener tarjeta". En el escrito entregado se solicita la declaración del consejero de de Salud, Martí Sansaloni, del director del Hospital de Inca, Fernando Navarro, del compañero de piso del fallecido, K.A.G., y de los representantes de las entidades Prosocial y Médicos del Mundo.