125.000 viviendas se beneficiarán de la reducción de protección para la costa

El mismo día en que se aprobará de forma definitiva la nueva Ley de Costas, el PP ha cuantificado en el Congreso de los Diputados el número de viviendas que quedarán amnistiadas tras haber reducido la protección al litoral. El partido en el Gobierno estima que unas 125.000 viviendas construidas en zona de servidumbre pasarán de estar sometidas a un estricto régimen de protección de la costa, que les impide realizar cualquier tipo de obra, a ser consideradas como zona urbana, por lo que tendrán permiso para modificar sus estructuras. Al menos tres de los expertos que participaron en la elaboración de la Ley de Costas de 1988, que quedará derogada en parte, alertan de que estos cambios contribuirán a macizar el litoral español porque dejan el control de estas futuras modificaciones en manos de los Ayuntamientos y bajo supervisión de las Comunidades Autónomas.

La diputada María Teresa Lara, portavoz de la comisión de Medio Ambiente, ha pretendido desmontar las "falacias" de los partidos en la oposición, a los que ha acusado de desconocer la exactitud la nueva norma. "Intentamos proteger nuestro litoral", ha insistido. Los tres conceptos con los que el PP vincula la nueva normativa son significativos: empleo, crecimiento económico y riqueza.

Siguiendo con los cálculos hechos públicos hoy durante el debate de la Ley en el Congreso unas 24.000 propiedades levantadas en dominio público se beneficiarán del derecho de trasmisión, es decir, que podrán ser heredadas, vendidas, alquiladas; se prorroga la concesión a sus propietarios hasta 75 años de 12.800 viviendas construidas en primerísima línea de costa y las amnistías a urbanizaciones de 12 núcleos costeros supondrán otras 3.400 viviendas salvadas. Con respecto a la industria, unas 1.700 instalaciones industriales, "que suponen 17.000 empleos", podrán seguir operando. "Las empresas que se instalen cerca de la costa tendrán que presentar informes medioambientales a las comunidades autónomas", ha subrayado Lara.

Para los populares, el deslinde de dominio público impulsado por la Ley de Costas de 1988 estaba incompleto y se había hecho de forma arbitraria. Los expertos estiman que ronda el 95% y los tribunales lo han respetado en una proporción muy alta. La diputada popular ha defendido que no se privatizará el litoral, que los principales beneficiados no son los ricos, sino personas humildes y que no se van a amparar ni amnistiar viviendas ilegales construidas después de 1988. La votación de la Ley será esta tarde y entrará en vigor tras su publicación en el BOE.