Padres, alumnos y docentes reclaman a Wert que retire la reforma educativa

Los padres, alumnos y sindicatos de profesores que forman la Plataforma por la Escuela Pública han entregado esta mañana una carta en el Ministerio de Educación pidiendo la retirada de las medidas que han recortado los presupuestos escolares en los últimos años y también la reforma que impulsa el titular dela cartera, José Ignacio Wert. Ha sido un gesto más de los centenares que han tenido lugares tenido lugar en las últimas semanas en toda España (con concentraciones de protesta, marchas nocturnas, encierros en colegios, institutos y facultades) y que culminará mañana con una huelga en todo el sector, desde la educación infantil hasta la Universidad.

Y la protesta continuará, han advertido en la puerta del ministerio, en Madrid, los responsables de los sindicatos CC OO, FETE-UGT y STES, la confederación de padres CEAPA y el Sindicato de Estudiantes, si José Ignacio Wert sigue adelante con la reforma, que está previsto que pase por el Consejo de Ministros el próximo viernes, al día siguiente de la huelga. "Este anteproyecto nace muerto", ha advertido José Luis Pazos, de CEAPA, por el rechazo absoluto de la mayor parte de la comunidad educativa y de la sociedad, ha asegurado.

Tanto él como Francisco García (CC OO), Carlos-López Cortiñas (FETE-UGT), Voro Benavent (STES) y Tohil Delgado (Sindicato de Estudiantes) han asegurado que la ley es partidista, segregadora (porque expulsará en itinerarios distintos a los jóvenes con menos recursos), está anclada en el pasado (al recuperar las reválidas) e "institucionaliza" los recortes, que ya ascienden a más de 6.700 millones de euros desde 2010. Asimismo, han recordado lo que consideran el último varapalo para el proyecto de reforma: el dictamen del Consejo de Estado que ha pedido enmiendas en un buen número de puntos de la futura ley. Aunque el ministerio considera que ese dictamen respalda su propuesta (porque no toca nada esencial, dijo la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio), el texto toca los puntos más polémicos, como la desaparición de Educación para la Ciudadanía, el tratamiento de la asignatura de Religión, el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexos o el reparto de competencias entre Gobierno central y comunidades autónomas. 

Así, la plataforma ha exigido la retirada del proyecto y la apertura de un proceso de diálogo que dé lugar a un consenso básico, como sugiere el dictamen del Consejo de Estado. García, de CCOO, ha asegurado además que, según su análisis jurídico, varios puntos de la norma pueden ser inconstitucionales, entre otros, los que se refieren la libertad de enseñanza y la creación de centros, los principios del sistema educativo, el currículo de la FP, la enseñanza diferenciada por sexos o la enseñanza de la Religión y su alternativa de Valores culturales y sociales.

En paralelo los sindicatos ANPE y CSIF, contrarios a la huelga, no llaman a la movilización. "Agotaremos el proceso negociador para no castigar más al profesorado ni a las familias con una nueva huelga genera", explica en ANPE que confía en que haya cambios en la ley cuando llegue al Parlamento. "Una huelga a estas alturas de curso no supone ninguna solución para los problemas del sistema educativo porque la ley la va a aprobar, sí o sí, el Consejo de Ministros".

CSIF, por su parte, piensa que la huelga "no responde a una demanda del profesorado" ni ha sido convocada por todas las organizaciones de trabajadores de la Mesa Sectorial de Educación, sino por una plataforma de estudiantes, padres y algunos sindicatos "de manera individual". Se muestran "absolutamente en contra de los recortes" pero en su opinión la solución "no pasa en estos momentos por la huelga".