Andalucía frena el proyecto de gas en Doñana por dudas sobre su impacto

Gas Natural no podrá seguir adelante con el proyecto de extracción y almacenamiento que tenía previsto acometer en Doñana, que contempla 20 kilómetros nuevos de gasoductos. Andalucía ha decidido paralizar su tramitación a pesar de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le había dado el visto bueno a la empresa, por dudas sobre su impacto ambiental. Así se lo ha comunicado la Junta a Miguel Arias Cañete, que en enero concluyó que Gas Natural podía continuar con sus planes.

La consejería cuestiona la forma en la que se ha realizado la tramitación del proyecto —se ha dividido en cuatro partes para su evaluación ambiental— y cree que no se han analizado bien las repercusiones que en conjunto tendrá sobre el espacio natural más emblemático de esta comunidad. Y reclama a Cañete una evaluación más completa de los efectos sobre este parque declarado Patrimonio de la Humanidad.

En esos argumentos incide el escrito que el departamento de Luis Planas ha remitido esta semana al ministerio en el que anuncia que “la tramitación de los procedimientos que se hayan iniciado (...) quedarán suspendidos”. La Junta tiene competencias para paralizar el proyecto. Tras las últimas declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables concedidas por el ministerio, la siguiente ventanilla a la que debía acudir Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural, era a la de la consejería. Pero la Junta ha suspendido la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, que la empresa debe tener para seguir avanzando. El camino administrativo terminaría en Industria. Pero el proyecto se queda varado en Andalucía.

Del subsuelo del entorno de Doñana se extrae gas desde hace 30 años. Lo que pretende hacer ahora Gas Natural es consolidar esa actividad, algo que han criticado los ecologistas, que creen que existen otros lugares en los que desarrollar este tipo de industrias. La compañía quiere ampliar las instalaciones de extracción y conducción que ya tiene allí. En el futuro, cuando las bolsas se agoten, la firma emplearía las cavidades para el almacenamiento. El proyecto contempla, según la información de la compañía, una red de 14 pozos de extracción y 70 kilómetros de tuberías. Parte de estas instalaciones ya están en la zona. De nueva construcción serían unos 20 kilómetros de gasoductos y cinco sondeos. Para el resto de las infraestructuras lo que plantea Gas Natural es una renovación, que también acarrearía obras. El presupuesto ronda los 200 millones de euros.

Gas Natural planificó hace años esta ampliación. En septiembre de 2010, el anterior ministerio le concedió una primera DIA favorable. Pero restaban las otras tres partes, cuya declaraciones positivas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado este mes de enero. Pero parte de las obras se adentran en los límites del espacio natural de Doñana, que está inscrito en la Red Natura 2000, el sistema de áreas de protección de la UE. Son las autonomías las que tienen las competencias de supervisión sobre esta red, aunque el ministerio amagó hace un año con retirarles esta potestad.

El comodín de la Red Natura era el que tenía guardado la Junta desde que saltó la polémica sobre el proyecto de Gas Natural a principios de 2013. Lo cierto es que era una puerta que había tenido que dejar entreabierta el propio ministerio, que en las declaraciones favorables estableció como condicionante que, “previo al comienzo de las obras, el promotor deberá obtener el certificado de no afección a la Red Natura 2000, que será emitido por la (...) Junta”. Es algo a lo que obliga la normativa europea.

Pero el Ejecutivo andaluz cree que no tiene suficiente información para pronunciarse sobre la afección a la Red Natura. En el escrito enviado al ministerio, los técnicos andaluces inciden en el problema que supone una tramitación fragmentada: “Las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos citados se han realizado de forma individual sin que conste que se hayan tenido en cuenta ni en la fase de análisis ni en la evaluación los efectos de los tres en su conjunto”.

La consejería de Planas recurre a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo para reforzar la tesis de que los impactos de los proyectos que formen parte de una unidad deben ser analizados en su conjunto para sopesar los “efectos acumulativos”. “Es imprescindible que (...) con carácter previo al otorgamiento de cualquier autorización se complete la evaluación ambiental de los proyectos citados con el análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos”. Y la consejería concluye que es el ministerio el que debe realizar esa “evaluación conjunta”.