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El Gobierno destinó 94 millones de euros a profesores de religión católica en 2012

Cerca de 3.000 profesores que imparten esta asignatura en educación infantil y primaria El Estado solo paga, según el Gobierno, a los de cuatro autonomías, Ceuta y Melilla

Una clase en el colegio Vasco Núñez de Balboa de Madrid.
Una clase en el colegio Vasco Núñez de Balboa de Madrid.Luis Sevillano

El Estado destinó en 2012 algo más de 94 millones de euros para pagar a los cerca de 3.000 profesores que imparten la asignatura de religión católica en educación infantil y primaria.

En una respuesta al diputado del PSOE Juan Moscoso, el Gobierno explica que el Estado solo paga el coste de los profesores de religión católica, del nivel de educación infantil y primaria, de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla y los colegios en el exterior.

Así, en 2012 el coste de las retribuciones de los 2.953 profesores de religión católica para este ámbito fue de 71.911.164 euros y el coste de seguridad social correspondiente a esas retribuciones ascendió a los 22.292.460 euros, por lo que el coste total del profesorado fue de 94.203.625 euros. El Gobierno ha informado, asimismo, que estos profesores impartieron, durante el pasado año, un total de 69.787 horas lectivas.

En cuanto al personal que ejerce servicios espirituales dentro del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo explica en otra respuesta parlamentaria que hay 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y 1 arzobispo castrense, y su coste, durante 2012, ascendió a 471.823 euros.

Sobre la asistencia religiosa en centros penitenciarios, la trasferencia a la Conferencia Episcopal Española prevista en los presupuestos generales del Estado para 2013 es de 309.500 euros.

En 2012 prestaron asistencia religiosa un total de 146 capellanes, aunque el Gobierno recuerda que existen también religiosos y seglares pertenecientes a la entidad pastoral penitenciaria, que prestan sus servicios en multitud de programas y que estas actuaciones se enmarcan en la intervención de ONG y entidades colaboradoras en los centros penitenciarios.

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