Haga juego... y declárelo si puede

El bingo Canoe, situado en el paseo de la Castellana de Madrid, bulle de actividad un miércoles a las once de la noche. Una joven comienza a cantar números. Para esa mano se han vendido 238 cartones de dos euros. A los cuatro minutos, alguien grita “bingo” al fondo de la sala. Se embolsa 276 euros. Poco después, dos hombres abandonan el local. “No hemos tenido suerte”, comentan. ¿Y si hubieran ganado? “Pues nada. Te dan el dinero y un recibito. Lo rompes, y ya está”, señalan. En realidad, deberían guardarlo y declararlo a Hacienda. Como en todos los juegos de azar. Y también podrían pedir un resguardo que acreditara el dinero que han perdido, para descontarlo de las ganancias, y así pagar impuestos solo por las ganancias netas. Esto último es al menos lo que dice la nueva normativa de Hacienda. Una ley que nace con grandes lagunas, porque según las salas “es absurda e imposible de aplicar”.

Los ciudadanos deberían declarar todo el dinero que se embolsan por apuestas o juegos de azar. Todo, según subraya un portavoz del Ministerio de Hacienda. “Debe señalarse en la declaración como una ganancia patrimonial”. Tanto si se trata de un premio en el bingo del barrio como si gana un coche en un concurso de televisión, debería tributar por ello. “Eso no es nuevo. Siempre ha sido así”, apuntan en el ministerio. Lo que ha cambiado es la forma de declararlo: mientras que antes un contribuyente debía pagar los impuestos de todo el premio, ahora puede descontar de esa cantidad las pérdidas, y así pagar solo por lo que finalmente se embolsó en un mismo juego. Es decir: una persona acude un día al bingo y compra cartones por valor de 26 euros, y con el último, resulta ganador de un premio de 1.000 euros. Si quiere cumplir a rajatabla con el fisco, al final del año señalará en su declaración de la renta una ganancia de 976 euros (descontando los 24 euros de los cartones fallidos). Lo apuntará en la casilla de “otras ganancias patrimoniales imputables a 2012 no derivadas de la transmisión”, explica la Agencia Tributaria. El problema es que deberá demostrar, con documentos, tanto las pérdidas como las ganancias, y esos documentos no existen, pese a que la legislación fue aprobada en diciembre y ya está en vigor.

Las empresas dicen que es una norma “imposible de aplicar y absurda”

¿Cómo demostrará el jugador que ha perdido dinero? Según señaló en una entrevista digital con los lectores de EL PAÍS Ángeles Fernández, directora de gestión tributaria de la Agencia Tributaria, “el contribuyente podrá acreditar las pérdidas a través de la documentación que le aporte el operador a estos efectos”. Es decir, que deberá pedir al casino, el bingo o el dueño de las tragaperras que le haga un justificante. “Eso es imposible. No podemos ir detrás de los jugadores de la sala para saber qué se juegan. Es imposible darles un recibo de lo que pierden”, señala un empresario del juego. En empresas del sector, como Cirsa o Egasa, insisten en que esa normativa cuadra con el juego online, pero se han mostrado sorprendidos ante la posibilidad de tener que justificar pérdidas para jugadores de sus salones. En ambos casos señalan que la operativa para hacerlo sería casi imposible. Porque ¿cómo certificar cuánto se ha gastado alguien en una máquina tragaperras o en cada mesa de póquer?

La situación es doblemente kafkiana: por una parte, teniendo en cuenta que la norma es, además, retroactiva para todo 2012. Es decir, los jugadores de salas físicas que quieran compensar las ganancias con las pérdidas de 2012 deberán presentar ahora una documentación que no existía. Por otro lado, Hacienda no ha definido tampoco un modelo de justificante para demostrar una mala racha en el bingo o el casino. “Tendrá que ser algo similar a un recibo”, señala el ministerio. Pero la Agencia Tributaria advierte: “Si, a nuestro entender, no lo justifica suficientemente, no se le admitirá la declaración de la pérdida”, explica un portavoz.

Solo los juegos como la Lotería Nacional (que incluye Bonoloto, Quiniela, etcétera), de la Cruz Roja o la ONCE tienen su propia reglamentación de impuestos y, por tanto, quedan fuera de este embrollo. La cuestión para el resto de juegos de azar, reconoce Hacienda, es que la norma se ha creado “pensando en el juego online”. Y trasladarlo al juego presencial crea situaciones complejas e incluso injustas.

Los premios de más de 2.500 euros ya dejan rastro fiscal en las salas de juego

En el caso del juego por Internet, el motivo para regular las pérdidas es obvio: ahí nadie escapa a los ojos de Hacienda, porque cada operación que se hace puede ser rastreada, ya que siempre es a través de una tarjeta bancaria y una cuenta. En junio del año pasado se llevó a cabo una regulación de las empresas de apuestas de este sector que operan en España, que hasta entonces estaban radicadas en otros países. Para no espantar a todos los jugadores virtuales, se ha revisado la tributación, y se permite pagar impuestos por las ganancias netas que se obtengan, como ocurre en otros países. Era una reclamación que, por ejemplo, los habituales del póquer online llevaban años haciendo. No es un tema menor: los españoles se dejaron el año pasado 4.000 millones en las mesas de póquer virtuales y otros juegos, según estimó la semana pasada el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, a partir de los datos de los dos últimos trimestres de 2012, cuando ya estaban en vigor las nuevas licencias para operar en el sector. A 20 de marzo de 2013, había registrados 1.162.000 jugadores por Internet en España.

Pero lo que en el mundo virtual facilita las cosas, en los locales de toda la vida, no encaja. Para empezar, ¿cuántas personas en España que ganan un bingo acuden después a Hacienda a declararlo? El ministerio no revela datos tan concretos, pero apunta que sí deberían hacerlo. No parece muy habitual que un cliente que vaya al bingo comunique sus andanzas al fisco. Y puesto que solo se pueden descontar las pérdidas de las ganancias declaradas, para aprovechar la nueva normativa, debería confesar primero que ha estado embolsándose premios.

En la sala Universal, en la madrileña calle de Carretas, Elena (nombre ficticio) no aparta la mirada de la máquina tragaperras en la que juega. “Lo único que quiere el Gobierno es sacarnos el dinero... Vaya gobiernito que tenemos”, comenta indignada cuando se le pregunta por la deducción del IRPF. Dice que no tiene la intención de pedir un certificado que acredite ni lo que gana ni lo que pierde, y añade que tampoco sabía nada de la nueva norma. Si tuviera que declarar las ganancias, añade, dejaría de ir a jugar. Lo mismo piensan tres señoras sentadas en unos mullidos sillones del bingo de la misma sala, renovado con cierto aire galáctico y autómata, y con pantallas por doquier.

Profesionales del póquer se han marchado del país por razones fiscales

Viendo cómo funciona este bingo madrileño, saltan a la vista las dificultades prácticas para mantener un registro de pérdidas y de ganancias. Los empleados reparten cartones inmediatamente después de cada jugada, que dura unos cuatro o cinco minutos. Cada cartón vale dos euros. Venden mesa por mesa y ofrecen cambio que sacan de sus riñoneras a toda velocidad. No hay recibos de por medio. Si alguien gana un premio, que ronda los 200 euros, se le sirve el dinero en la misma mesa. Los jefes de sala de bingos de diversas ciudades españolas consultados por este periódico dicen que ningún cliente les ha pedido un certificado para presentar en la declaración de la renta de 2013. Son alrededor de las ocho de la tarde y unas 200 personas ocupan la sala de bingo. La velocidad entre jugada y jugada es vertiginosa. “El Gobierno quiere robar a los pobres”, comentan las jugadoras de los sofás, que no han tenido suerte esta tarde, pero que siguen intentándolo. Una de ellas confiesa que tuvo que abandonar el juego por una temporada, después de cuantiosas pérdidas. A Hacienda nunca se lo dijo.

En cuanto a los casinos, actualmente, y para evitar el blanqueo de capitales, según la Agencia Tributaria “los jugadores no pueden comprar fichas con dinero en efectivo por más de 2.500 y tampoco se pueden recibir en metálico premios superiores a 2.500”. A partir de 2.500 euros, puesto que se debe operar con tarjeta, ya existe un rastro sobre los jugadores. Por lo que respecta a las salas de juego, la norma contra el blanqueo de capitales les obliga a identificar a los clientes que usan cheques, que piden transferencias de fondos desde otros casinos o que compran o venden fichas por más de 2.000 euros. Pero certificados de pérdidas, dicen empresarios del sector, no tienen.

José María Mollinedo, secretarlo general de Gestha (Sindicato de Inspectores Técnicos de Hacienda), ve que la compensación de pérdidas sobre ganancias parte de un error de base: el juego no es una actividad productiva, que genere un valor para la economía. La nueva medida, según Mollinedo, es sobre todo un reclamo para atraer nuevos usuarios y un posible vivero para los problemas asociados al juego, la ludopatía, el más grave de ellos. “Solo se puede entender como respuesta a las exigencias de las patronales de juegos online”, indica. El sindicato considera que la regulación es insuficiente —y completamente ineficaz para casinos y bingos— y que, “para que fuera digerible”, debería venir acompañada por nuevos controles. Por ejemplo, que las organizaciones identifiquen a todos los jugadores y sus ganancias, agrega.

La ley se ha pensado para los clientes de casinos a través de Internet

Pero las empresas ya tienen bastante, dicen, con averiguar si son posibles los controles. Juan José Sánchez, gerente de la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo, confiesa que la medida —y más el hecho de que tenga carácter retroactivo para 2012— les ha pillado completamente por sorpresa. Hoy día, no hay manera de poder desbrozar cuántas son las ganancias y cuántas las pérdidas individuales. Tampoco hay clientes que hayan pedido certificados para la declaración de la renta de 2013, ni pautas por parte de Hacienda, como indica Francisco Soler, apoderado del bingo Sala Valencia, de los más grandes de la capital levantina. “Estamos intentando ver qué sistema podemos emplear para cuantificar los cartones que compra cada cliente”, explica Sánchez. Tiques, máquinas... La operativa sería ingente. Este opina que la Administración no ha comprendido la diferencia entre el juego online, donde hay mecanismos claros para el control, y los bingos y casinos. Las ganancias superiores a 3.000 euros en bingos las registran en el libro de actas, pero, ¿qué sucede con el resto? “Normalmente los premios no llegan a los 2.500 euros”, se justifica Sánchez. En todo caso, los 388 bingos que hay en toda España, continúa, no son responsables del IRPF de sus jugadores.

“Es una regulación a medida de los profesionales del póquer y una forma de animarlos”, señala. “Habría que tener a una persona vigilando en cada máquina tragaperras”, ironiza. Ramón Martínez, de la Asociación Andaluza de Salones de Juegos Recreativos —integrada por unas 100 empresas—, no lo ve tan imposible. A partir de 2.500 euros —premios que se pueden dar en salones con máquinas conectadas entre sí— ya se emiten cheques bancarios. Y además, Martínez ve posible, por los contadores, que hubiera información suficiente para que el cliente certifique sus ganancias y pérdidas ante Hacienda si así lo decidiera, claro está.

Pese a que en el campo online sí se pueden probar las pérdidas a través de la tarjeta de crédito, las patronales y los usuarios de este sector piensan que esta regulación sobre el IRPF tampoco es para tirar cohetes. Perico Núñez de Cela, asesor fiscal de la Asociación de Usuarios de Juegos Online (la recientemente creada AUJO), admite que les reporta algunas ventajas. Pero dice que el daño ya está hecho a raíz de la Ley del Juego de 2012, que limitó a los jugadores online al mercado español, y que ha provocado que unos cuantos profesionales del póquer hayan hecho las maletas en busca de horizontes fiscales más benévolos, como Reino Unido y Portugal. Así, dice, Hacienda ya está perdiendo. Según el asesor, se han marchado jugadores que podían ganar entre 20.000 y 30.000 euros al mes. Los “buenos” que quedan se embolsan unos 5.000 euros mensuales.