Educación intenta desbloquear el convenio de la concertada

Esta mañana se han reunido en el Ministerio de Educación la patronal de la concertada, los sindicatos (FSIE, FETE-UGT, USO y CC OO) y el director general, Alfonso González Hermoso de Mendoza, con el propósito de desbloquear la firma de un nuevo convenio laboral que expide el siete de junio. En el encuentro, insistentemente reclamado por las partes, el ministerio, mediador en el conflicto, ha informado a los presentes de su intención de encargar un informe jurídico que interprete la actuación de las comunidades autónomas ante la paga de antigüedad que reciben los maestros y profesores de la concertada a partir de los 25 años de docencia. Este es el principal escollo que bloquea el convenio, pues varias comunidades, amparándose en su ruina económica, no están dispuestas a abonar esas extras que se reciben en cinco mensualidades. Los sindicatos hace unas semanas, propusieron que su pago se aplazase con un calendario fijado.

Los centros no quieren que este cobro se contemple en el convenio —aunque desembolsen las comunidades— porque temen que las administraciones dejen de costearlo. De ser así, cada trabajador particular podría entonces denunciar al colegio por no pagarle, y no a su comunidad porque el convenio es entre ellos dos. Ahí la importancia de este informe jurídico. “Sería un primer paso para desbloquear el convenio porque es el punto que más preocupa a la patronal”, subraya Jesús Gualix, responsable de enseñanza privada de FETE-UGT.

La patronal tiene muy presente la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre. En ella se rechazaba que en 2010 se hubiese bajado un 5% el sueldo del personal de las ikastolas (una parte de la concertada vasca), como ocurrió con los funcionarios de la pública. Según el Supremo, a la Administración vasca le obligan las leyes (que dicta el Gobierno y desarrollan las comunidades) y no los convenios entre patronales y sindicatos de la concertada. Así que si estos exceden de lo que marca la normativa, solo obligan a las empresas. Desde entonces un número por ahora no muy numeroso de profesionales han reclamado a los colegios el dinero que les han quitado de la nómina.

Con este fallo cualquier acuerdo entre sindicatos y patronales se quede en papel mojado frente a los cambios legales que puedan decidir las Administraciones. De ahí el interés en el informe de Educación, aunque el ministerio ha dejado claro que el pago depende de las comunidades.

El miércoles tendrá lugar el arbitraje que han solicitado a la fundación SIMA y si el resultado es negativo, los sindicatos mantienen su intención de manifestarse ante las sedes de las comunidades.