151 mujeres en México fueron sometidas a un proceso penal por aborto desde 2007

Rebeca, de 33 años y con un embarazo deseado de unas nueve semanas de gestación estaba siendo atendida en una clínica del Estado mexicano de Hidalgo cuando la policía la detuvo. Un médico del centro la había denunciado por intento de aborto. La mujer, que tenía un embarazo de alto riesgo, fue encerrada en una cárcel de la entidad durante 19 días bajo condiciones precarias e insalubres, lo que empeoró su salud.

Rebeca es una de las 151 personas que fueron sometidas a un proceso penal en México por el delito de aborto entre 2007 y 2012. Según los datos que recoge un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) al que ha tenido acceso EL PAÍS, la mayor parte de las procesadas salió bajo fianza o gozó de los beneficios de la suspensión condicional de la pena, pero algunas de ellas cumplieron condenas que van de los cuatro meses a los seis años de prisión.

Entre junio de 2011 y enero de 2013 la organización recoge 18 casos de mujeres sometidas a un proceso penal por este delito. En la mayoría de ellos se trata de personas “con muy poco recursos económicos y de información, denunciadas por personal hospitalario, presionadas por los médicos y la policía a hacer confesiones y maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y de las procuradurías”, señala el informe Omisión e Indiferencia, Derechos reproductivos en México.

Para la organización los datos obtenidos a través de estos casos muestran que existe una “criminalización de las mujeres por el supuesto delito de aborto”, en un país donde solo está permitida la interrupción libre del embarazo en la capital, desde 2007, y con más de un millón de abortos inducidos al año en todo el territorio. Dicho en otras palabras, solo uno de cada 60 abortos en México es legal.

El hecho de que se criminalice a las mujeres por abortar ha llegado a ser tan polémico que durante la campaña a la Presidencia que ganó el año pasado, Enrique Peña Nieto llegó a declarar: “Yo estoy a favor de la vida. Pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres sólo por el hecho de que decidieron interrumpir sus embarazos”.

Por eso GIRE enfatiza que además de los riesgos de salud y vida que representan los abortos clandestinos e inseguros, las mujeres están en peligro de que se inicie un proceso penal por un aborto que incluso a veces es espontáneo.

Podría ser el caso de Carla, de 32 años, quien fue trasladada a un hospital público del Estado de Baja California tras sufrir una hemorragia cuando estaba en el baño del supermercado en el que trabaja. Con base en una denuncia anónima, la fiscalía de justicia local inició una averiguación previa en su contra por el delito de aborto, presuntamente realizado con pastillas, y la mantuvo en calidad de detenida y bajo custodia mientras era atendida en el centro médico. Para evitar pisar la cárcel, Carla tuvo que pagar una fianza pese a no haber declarado nunca tomar medicamentos y sin que hubiese pruebas de ello.

A través de los datos de las secretarías de seguridad locales GIRE contabiliza un total de 41 casos de personas en prisión preventiva por delito de aborto desde 2007, aunque 13 de las 32 entidades federativas del país no han aportaron información. A partir de la aprobación de las reformas constitucionales en varios estados que protegen la vida desde la concepción, entre 2009 y 2011 679 mujeres fueron denunciadas por tentativa de aborto. Las penas varían según la entidad federativa. La sanción de prisión más baja se encuentra en Tlaxcala, entre 15 días y dos meses, mientras que la más alta se da en Sonora, con castigos que van de uno a seis años de cárcel. En 27 entidades el aborto es un delito no grave, por lo que la mujer puede seguir el proceso penal en libertad mediante el pago de una fianza, siempre y cuando tenga recursos para ello.

En esta línea GIRE denuncia que las mujeres pobres, menos educadas e indígenas tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que aquellas con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas. Según la organización, casi 2.000 mujeres habrían fallecido en México debido al aborto en los últimos 20 años.