Cortocircuito a la energía solar

Los buitres trazan círculos sobre las huertas. En esas huertas se plantaron paneles revestidos de cristales de silicio para captar la energía del sol y transformarla en electricidad. El apoyo público garantizaba que la inversión, pasados unos años, daría frutos, que los préstamos se devolverían sin problemas. Los paneles crecieron como champiñones y el coste del sistema de apoyo, que de alguna u otra manera acaba en la factura de la luz, se disparó. El Gobierno no solo echó el freno de mano; dio marcha atrás. Lo que antes era un préstamo fácil de devolver, ahora es, en varios casos, riesgo de impago. Y cuando los propietarios temen que se ejecuten los avales (muchos ofrecieron su casa), “empiezan a revolotear los fondos buitres”, en palabras de José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef).

A largo plazo, la inversión aún es rentable, pero muchos propietarios dependían de cobrar la totalidad de los ingresos previstos para hacer frente a los primeros años de cuota, los más onerosos. Los fondos buitres ofrecen hacerse cargo del préstamo, siempre, claro, que se les venda la huerta solar por una cantidad irrisoria.

En 2008, cuando se popularizaron las huertas solares, se pusieron en marcha más de 2.700 megavatios de potencia en instalaciones fotovoltaicas. El plan de apoyo diseñado por el Gobierno socialista, que, como antes en la eólica, garantizaba el cobro de una remuneración fija, de una prima, por la electricidad producida durante la vida útil de la instalación, apenas pretendía incentivar la instalación de 400 megavatios en tres años. El alud de instalaciones precipitó las medidas retroactivas del Gobierno y fue el comienzo de un mal sueño para decenas de miles de pequeños propietarios.

Se preveía que se duplicara el empleo hasta 2020, pero los ERE se suceden

El Ejecutivo limitó a 25 los años de duración de la prima, pero sobre todo, redujo hasta 2014 en un 30% el nivel máximo de producción primada. A eso hay que añadirle el impuesto del 7% aprobado en 2012 por el Gobierno del PP a los productores de electricidad, que los fotovoltaicos, por depender totalmente de una prima, no pueden repercutir al consumidor. Además, Industria acaba de cambiar la regla de evolución de las primas a renovables, con un menoscabo del 3% en los ingresos en comparación con la original.

“Se ha expropiado el 40% del ingreso a productores de fotovoltaica”, sintetiza Donoso; las medidas retroactivas están pendientes de arbitrajes, y miles de reclamaciones administrativas se convertirán en demandas en cuanto el procedimiento lo permita. “La inestabilidad que crea el Gobierno hace rehenes a miles de pequeños inversores, gente atrapada por la falta de liquidez”, añade.

Pero además de reescribir el pasado, las decisiones del Gobierno han proyectado una sombra de duda sobre el futuro de las renovables en España, que se alargó aún más cuando el Ejecutivo del PP, a principios de 2012, decidió suspender la concesión de primas a nuevas instalaciones. Lo que cosecha ahora un sector al que se situaba una y otra vez al frente del cambio de modelo productivo es un rosario de cierres, suspensiones de pagos y despidos.

El sector acusa la moratoria y el recorte retroactivo del precio pactado

La planta malagueña de Isofotón, una de las más importantes de Europa, está pendiente de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 380 de sus 657 trabajadores y debe resolverse a principios de abril. El ERE, que coincide con el arranque de la nueva planta de la firma española en Ohio (EE UU) con 300 empleados, es el último botón de muestra. “Se está produciendo una debacle en el sector”, señala Carlos Martínez, de la Secretaría de Medio Ambiente de CC OO. Istas, una fundación vinculada a CC OO estimó que, en 2007 la producción solar fotovoltaica sostenía 26.450 empleos directos, que podían llegar a rondar los 42.000 si se alcanzaban los objetivos comprometidos por España para 2020 (7.200 megavatios, frente a los 4.500 instalados a finales del año pasado). En 2010, el mismo estudio reflejaba que el sector apenas contaba ya con 19.500 empleos directos. No ha habido más encuestas, pero Martínez calcula que el sector se ha reducido “a un tercio”. Unef cree que fabricantes e instaladores apenas suman ya 7.000 empleos directos e indirectos. “Se pierde una masa industrial clave”, lamenta el representante sindical.

“Si cae la demanda y se cuestiona la capacidad de apoyo público, en un entorno de financiación mucho más complicado, los mercados de proximidad entran en crisis”, señala Teresa Ribera, directora general de Desarrollo Estratégico de Isofotón, que justifica así el cambio de prioridades de su firma, orientada ahora al mercado estadounidense y latinoamericano. Ribera, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático en el Gobierno socialista, incorpora al sospechoso habitual en una actividad globalizada: las importaciones chinas, “que han descalabrado al sector en Europa”.

“Las primas no se adaptaron a los costes reales”, critica un investigador

La directiva de Isofotón recalca que fue el compromiso europeo con unos objetivos obligatorios antes de 2020 para rebajar las emisiones de dióxido de carbono, lo que permitió que “la inversión en todo tipo de renovables dejara de verse como una apuesta arriesgada”. Pero China también se marcó otro objetivo para ese 2020: “Convertirse en líder mundial de la industria verde”. Para ello no dudó en financiar “de forma muy agresiva” la producción de paneles fotovoltaicos, replicando las mejoras tecnológicas occidentales a menor coste. De la incidencia de este factor da cuenta que no solo son españoles los fabricantes caídos (Siliken, Pevafersa, Gadir Solar, Silicio Solar) o que aplican drásticos recortes (Isofotón, Solaria); también han echado el cierre compañías de Alemania (el mayor mercado europeo de paneles fotovoltaicos), como Q-Cells y la semana pasada el gigante Bosch anunciaba el cierre de su negocio fotovoltaico. Bruselas investiga ya si los exportadores chinos hunden el precio para hacerse con más mercado (dumping) y si reciben un nivel de subvenciones tal que justificaría defensas arancelarias.

Pese al impacto de la competencia china, Ribera no deja de subrayar la importancia de los vaivenes de los Gobiernos españoles, incluido del que formó parte. “Con las medidas retroactivas sobre las instalaciones de 2008 se quiebra la seguridad jurídica, y eso aleja a los inversores, desincentiva el gasto en innovación”, indica. “Y con la moratoria en los apoyos a las renovables se retrasa un proceso de cambio inevitable, el Gobierno debe ser consciente de la trascendencia de retener una industria de alto valor añadido, de evitar la dependencia tecnológica”.

La decisión de la consultora Ernst&Young de sacar a España de la lista de los 10 mejores países para invertir en renovables es un indicador de que la desconfianza ha calado.

Isofotón ha decidido orientarse hacia los mercados de EE UU y Latinoamérica

La exsecretaria de Estado de Cambio Climático admite que hubo “errores en el pasado” al fijar algunas primas como las de las fotovoltaicas en 2008. “Pero eso no debe llevarnos a pensar que nos hemos pasado en el apoyo a las renovables”, sostiene. El objetivo de cubrir el 20% del consumo energético final con renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar, biomasa o biocombustibles) en 2020 es alcanzable, pero en los tres últimos años se ha producido un estancamiento (en torno al 13,5%) aun cuando son las térmicas contaminantes las que más sufren la caída de la demanda.

La patronal de las grandes compañías eléctricas, Unesa, ha sido la más crítica con las primas a las renovables, que implica unos costes anuales cercanos a los 6.500 millones, un tercio de las partidas sometidas a tarifas reguladas en la producción de electricidad. “¿Por qué no se puede recortar eso?”, se preguntó en febrero el presidente de Unesa, Eduardo Montes, “estamos pagando haber invertido a un precio de la tecnología muy superior al actual”.

Las primas a las renovables, junto a otros costes, como los apoyos a los sistemas eléctricos de Canarias y Baleares, la retribución al transporte y la distribución o los pagos para que el sistema pueda interrumpir el suministro a grandes empresas en caso de apuro forman parte de los gastos que debería cubrir la tarifa regulada. Pero la decisión de sucesivos Gobiernos de no repercutir en los precios finales al consumidor todos los costes regulados y el desvío en las previsiones iniciales arrojan unos déficits con las grandes eléctricas (a las que la norma asigna estos desfases) que se repiten año a año. En 2012, como resultado de este sistema, el déficit de tarifa sobrepasó los 5.500 millones, y lo que en teoría deben los clientes a las empresas se acerca a los 30.000 millones.

España ya no está

“En la expansión de las energías renovables se ha mezclado la política de cambio climático con objetivos de promoción industrial”, critica Juan Delgado, investigador del Basque Center for Climate Change, de la Universidad del País Vasco. Delgado, que fue economista jefe de la Comisión Nacional de Competencia, cree que en “la fotovoltaica, se adelantó lo que era una senda razonable de instalación”. Además considera que la falta de adaptación de la prima “a los costes reales de la tecnología ha hecho más cara la factura eléctrica”. La propia rectificación de la norma, aduce este investigador, lo prueba: en el boom de 2007-2008, se reconoció a las instalaciones una prima de 442 euros por megavatio hora. Luego se cambió la norma: en 2010 y 2011 se establecieron cupos trimestrales; si se cubrían, la prima bajaba en el trimestre siguiente. Esos dos años se cubrieron los objetivos anuales (400 megavatios) y la prima se redujo a menos de un tercio, 124 euros, señal de que los costes eran ya muy inferiores.

“En 2007 se fijó una prima demasiado elevada, pero no fue solo cuestión de precio”, matiza Pablo del Río, científico titular del Instituto de Políticas Públicas (CSIC). “La expansión se debió además a que se aplicó sobre una tecnología modulable, de fácil instalación, que experimenta rápidas reducciones de costes. Las solicitudes se dispararon porque se dio a entender, con un periodo transitorio, que la siguiente regulación sería más dura. Y hay que sumar las condiciones financieras, con un crédito todavía fácil y barato”.

Aun así, Del Río relativiza el desvío sobre las previsiones iniciales —en Alemania, recuerda, se llegaron a instalar 7.000 megavatios al año en energía fotovoltaica—, y defiende que se debe apoyar incluso a tecnologías que “ahora son menos eficientes, pero que pueden ser necesarias, y competitivas, en el futuro”.

La apuesta de futuro más transformadora es el autoconsumo de los hogares

“Con la preocupación por el déficit de tarifa, las nuevas primas que se diseñen ahora deberían ser más bajas, aunque también es probable que haya que pagar una prima de riesgo adicional por las dudas de los inversores ante la inestabilidad regulatoria”, señala Del Río, quien cree que, en el caso de las tecnologías más maduras, como la eólica, los apoyos pueden asignarse “mediante subastas, para que se refleje cómo las mejoras tecnológicas bajan los costes”.

A diferencia de Delgado, el científico del CSIC defiende que la política industrial y energética vayan de la mano. “Las renovables son una alternativa muy evidente para el cambio de modelo productivo, no solo porque contribuye a crear empleo, también reduce la dependencia energética y el déficit exterior”, afirma. Lo que no quiere decir que el mantenimiento de instrumentos de apoyo vaya a ser fácil de justificar. “Con el exceso de capacidad en generación eléctrica”, ante una demanda deprimida por la crisis, “y con las interconexiones internacionales muy limitadas, se hace complicado defender incrementos para cualquier tecnología”, resalta.

Pese a los oscuros nubarrones, la industria fotovoltaica ensaya nuevos caminos. Las solicitudes para conectar a la red, incluso sin prima, instalaciones de alta concentración superan los 20.000 megavatios. La apuesta más transformadora, sin embargo, es la del autoconsumo: permitir a los clientes instalar paneles fotovoltaicos en sus casas para generar su propia electricidad: el Gobierno socialista dio encaje legal a esta opción, pero depende del Ejecutivo popular resolver cómo organizar (y retribuir) el acceso de ese consumidor a la red general cuando la energía solar no es posible. Es lo que Teresa Ribera visualiza desde las oficinas de Isofotón en la Torre de Cristal, el rascacielos madrileño. “¡Cuántos metros cuadrados de paneles solares podrían ponerse en esas azoteas!".