El Gobierno decreta un parón en las renovables para taponar el déficit

El Gobierno aprobó ayer un real decreto ley para suspender, temporalmente, las primas que deberían cobrar las nuevas instalaciones de generación eléctrica de régimen especial: eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, cogeneración, hidráulicas y las que funcionan con residuos. El pasado año, las primas se elevaron a 6.400 millones de euros y este año, lo previsto son 7.220 millones. La suspensión no tiene efectos retroactivos. Afectará a aquellas instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial en la fecha de entrada en vigor de la norma.

El decreto, que en la práctica supone una moratoria para el sector de las renovables -cubrió el 33% de la demanda eléctrica en 2011-, se enmarca, según señaló en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Industria, José Manuel Soria "en la necesidad de contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit público". La explicación revela una cierta confusión sobre el funcionamiento del sistema eléctrico puesto que las primas que cobran las renovables no salen de los Presupuestos Generales, sino que las pagan los consumidores a través del recibo de la electricidad.

Soria vinculó primas y déficit público, aunque las pagan los usuarios

La moratoria apenas ahorrará al sistema 160 millones al año

Las primas a las renovables, sin embargo, sí están relacionadas con el problema más importante que soporta el sistema eléctrico: el llamado déficit tarifario (diferencia entre los costes que se reconocen a las empresas y lo que estas ingresan vía tarifas) acumulado en la última década y que supera ya los 24.000 millones de euros.

El titular de Industria explicó que la suspensión de primas evitará la instalación de unos 500 megavatios (MW) de renovables que se encontraban a la espera de entrar en el registro. El ahorro será modesto, de unos 160 millones de euros al año. Y la medida no afectará ni al suministro -sobra capacidad instalada en un contexto de menor demanda- ni a los objetivos asumidos por España en la Unión Europea. España, por la Directiva 2009/28/CE está obligada a alcanzar un objetivo del 20% de la energía -no solo en electricidad- de origen renovable para 2020.

"Es lo único que se podía hacer sin entrar en un lío jurídico", señalaba una fuente conocedora del proceso que ha desembocado en el decreto. En el comunicado hecho público por Industria se justificó así la suspensión de primas: "La compleja situación económica y financiera aconseja la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario". El párrafo, que no concreta plazos, puede ser interpretado como el anuncio de que el Gobierno ha decidido parar el vehículo -léase el funcionamiento y los costes del sistema eléctrico- para revisarlo en profundidad. Tras el velo están los viejos temas: una posible quita a las empresas de la deuda que se les reconoce y la hipotética imposición de un impuesto a las centrales hidráulicas y nucleares.

Sobre ambas hipotesis, Soria dijo que, por el momento, el Gobierno no se ha planteado ninguna tasa a la nuclear ni una quita del déficit de tarifa.

La moratoria cayó como una bomba en el sector de las energías renovables. El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, aseguró que la decisión del Gobierno es un "gravísimo error histórico" fruto de la "improvisación". Por la industria fotovoltaica, la federación UNEF -reúne a todas las asociaciones empresariales del sector- calificó la medida de "sorpresa" que agravará aún más los problemas del sector fotovoltaico, por lo que pidió al Ejecutivo "un reparto adecuado de cargas" en el sector eléctrico. La asociación fotovoltaica ASIF aseguró, por su parte, que están en riesgo 10.000 de los 12.100 empleos directos del sector, mientras que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) expresó su temor a las consecuencias de una medida "sorpresa" que "pone en peligro la industria".

Las organizaciones ecologistas también expresaron su disgusto por una decisión que, consideran, va en dirección contraria a lo que necesita la sociedad. Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra cuestionaron la moratoria.

Con muchas reacciones en contra, también hubo su poco de espacio para los matices. Un ejemplo, el de la asociación Protermosolar. La asociación que representa a las empresas que fabrican y gestionan grandes instalaciones solares (generalmente, de colectores cilindro parabólicos, CCP) tienen asegurada la instalación en 2012 y 2013 de 1.100 megavatios (alcanzarán los 2,5 gigavatios de potencia). La medida, que no es retroactiva, no afectará al grueso de un negocio especialmente sensible para compañías como ACS, Abengoa y Acciona. En 2011, las termosolares en funcionamiento recibieron primas por importe de 406 millones de euros, pero los críticos con esta tecnología aseguran que el coste para el sistema se disparará hasta los 2.000 millones anuales.

Quizá porque la moratoria no afecta a lo ya autorizado, desde Protermosolar se aseguró que la decisión del Gobierno se recibió con tranquilidad. Por la misma razón, desde alguna gran eléctrica se calificó la moratoria de "insuficiente".