La dispensación de fármacos en centros de salud en Valencia levanta ampollas

Además de los impagos o la liberalización del sector, las farmacias tienen un nuevo motivo de preocupación que llega desde la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha aprobado una norma que limita el poder de los colegios y abre la puerta a la entrega de productos farmacéuticos en residencias de mayores, centros de salud y domicilios.

Este recorte al negocio privado en beneficio de la Administración —el 35% de la facturación, según los boticarios— fue calificado ayer por la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola de “cubanización” del servicio. Para la Administración valenciana, asfixiada financieramente, forma parte de un paquete de medidas que puede alcanzar un ahorro anual de hasta 300 millones de euros. Para Enrique Granda, de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), “una amenaza para todo el sector”. Granda teme que la experiencia valenciana sirva de conejillo de indias y se exporte al resto de comunidades.

No es casualidad que este decreto, que comenzará a aplicarse en abril, parta de Valencia. En esta autonomía es donde se han producido las movilizaciones más contundentes de boticarios lideradas por los colegios profesionales contra los impagos. El decreto introduce cambios en la relación entre las boticas y la Administración. Ya no será necesariamente a través de un modelo de concierto único por el cual la Generalitat paga a los colegios profesionales y estos, a su vez, a las farmacias. A partir del próximo mes, las boticas podrán establecer acuerdos individuales directamente con la Consejería de Sanidad, puentear a los colegios y cobrar directamente de la Administración. Las entidades profesionales de las tres provincias valencianas ven en esta opción un castigo por su combatividad contra los impagos. Una medida similar a esta relacionada con acuerdos individualizados al margen de un concierto único se intentó aplicar en Navarra y se encuentra atascada en el Tribunal Constitucional, como apuntan desde FEFE.

Lo que sí sería absolutamente novedoso es la puerta abierta que deja la norma a la “entrega directa de productos farmacéuticos a los asegurados y beneficiarios” del Sistema Nacional de Salud. “Nadie ha ido tan lejos como la Comunidad Valenciana”, indica Granda. Una portavoz de la Consejería de Sanidad valenciana limita el efecto de esta medida. En los centros de salud se entregarán apósitos (gasas, vendas), tiras reactivas (sistema para medir la glucosa para diabéticos) y un tipo de inyecciones para alergias y enfermos pulmonares. En domicilios (para pacientes crónicos o terminales) pañales y complejos dietoterápicos. Y en residencias, productos sanitarios como empapadores.

Los colegios profesionales de la Comunidad Valenciana anunciaron ayer su intención de recurrir esta medida. El Consejero de Sanidad, Manuel Llombart, defendió su legalidad y su eficacia: “necesitamos ser más eficientes”.