La justicia de Castilla-La Mancha ve riesgo “ostensible” en cerrar urgencias

El Gobierno de María Dolores de Cospedal y su gestión sanitaria han sufrido un nuevo revés. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se reafirmó ayer en su decisión de mantener abiertas cautelarmente las urgencias rurales de Tembleque (Toledo) al entender que cerrarlas durante la noche, como pretendía la Junta, puede suponer riesgos “patentes y ostensibles” para los ciudadanos. Los jueces rechazaron así el segundo recurso de la Administración castellano-manchega y, en un auto muy crítico, incidieron en que el ahorro económico de 5,1 millones de euros anuales que esgrime la Junta para justificar el cierre no puede compararse con los peligros para la salud que puede derivarse de él. Problemas que el Gobierno de Cospedal “inexplicablemente” no ha rebatido, reprueba el auto; una razón que los convence aún más de esos riesgos. La Junta anunció que recurrirá la medida cautelar a la vía que le queda: el Tribunal Supremo.

El auto dice que el ahorro no es comparable con el peligro para la salud

A la crítica resolución que se hizo pública ayer, se suman otras tres —correspondientes a los casos de Dueñas, Adobes y Durón—, cuyos autos no se han difundido. Solo se conoce el fallo, ya notificado a los alcaldes, en los que los magistrados también rechazan la solicitud de la Junta. En el de Tembleque, el primero de los 21 municipios afectados en recurrir a los tribunales la reducción horaria, han sido muy claros. Con su recurso pionero, este pueblo toledano logró que los jueces frenasen el cierre de su centro de urgencias durante la noche, una iniciativa que fue seguida los otros 20 pueblos. El goteo de reclamaciones consiguió a finales de enero paralizar la iniciativa.

La de ayer, sin embargo, no es la decisión final sobre la polémica de los Puntos de Atención Continuada (PAC). Aún falta la resolución del recurso contencioso-administrativo que entraría en el fondo de la cuestión y dirimiría definitivamente si estos centros permanecen o no abiertos durante todo el día. Sin embargo, el auto de ayer —que ha contado con el apoyo de cinco magistrados y el voto discrepante de otros dos— supone una nueva victoria y un respiro para los 120.000 vecinos de los municipios afectados. “Se confirma que la del cierre era una orden arbitraria, política. Ni siquiera han sido capaces de convencer a los jueces”, incide Jesús Fernández, alcalde de Tembleque. “La medida pone en riesgo la vida de los ciudadanos de los pueblos afectados”, dice.

Ese es el argumento principal en el que basaban sus recursos los alcaldes de los 21 municipios. Perjuicios como mayores tiempos en los desplazamientos, aplazamientos de tratamientos y diagnósticos, posibles saturaciones de otros centros o la falta de concreción del personal sanitario asistencial o de los medios de transporte disponibles. Razones aceptadas por los jueces en sus anteriores recursos porque pueden tener, afirman, difícil reparación para los usuarios si la medida se hace efectiva antes de que haya sentencia definitiva.

A pesar de esto, la Junta de Castilla-La Mancha, dice el Tribunal en su auto, no hace en su recurso “la más mínima mención o alusión” a estos peligros, ni hace “el esfuerzo que le correspondería para rebatirlos y contradecirlos”. “Este silencio, que para la sala resulta inexplicable, es razón de peso añadida para convencernos de que los riesgos apuntados son patentes y ostensibles”, concluye. Motivos que sostienen con “más fuerza” la decisión de mantener los centros abiertos.

Los magistrados afirman que no se puede sostener que los riesgos derivados de la medida, que el Tribunal tuvo en cuenta en su primer auto, “sean fantasiosos, ni pura especulación, elucubración, invención, ni tan siquiera gratuitos o caprichosos”. Son, dicen, fruto de la reflexión y de la ponderación de los intereses en juego.

El texto reprocha el poco esfuerzo que ha hecho la Junta para defenderse

El Tribunal insiste en que ha dado prioridad a la protección de la salud, sobre todo de las personas que más la necesitan, sobre el ahorro de 5,1 millones de euros anuales que, según el Gobierno de María Dolores de Cospedal, se lograría con la reducción de horarios. “Para la sala ni un ahorro económico como el que se persigue, ni los fines que con esa concreta cotracción del gasto se pretenden alcanzar son, por si solos, equiparables a los serios riesgos con origen en tales medidas para la salud y la vida humana”.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, aseguró ayer que su Administración irá “hasta el final” y recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la decisión judicial conocida ayer. En una nota, el Gobierno de María Dolores de Cospedal mostró su “más profunda discrepancia” ante el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Diferencias, afirma, “compartidas por magistrados” de este tribunal.

Esa no es la primera crítica desde el Ejecutivo de esa región a los magistrados encargados del caso. Hace unos días, Echániz —que también es secretario de Sanidad del PP— criticó la “miopía” de los jueces que están decidiendo sobre los cierres de las urgencias. En una entrevista con Efe, el consejero se mostró preocupado por los autos judiciales previos y aseguró que mantener el servicio “perjudica” a las personas.

Los alcaldes de los 21 municipios que perderían el servicio nocturno no están de acuerdo. El dirigente de Tembleque y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el parlamento castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, pidieron a Cospedal que no siga litigando y retire su medida “para ahorrar sufrimientos e incertidumbres”.