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INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Los recortes sanitarios disparan las quejas ante el Defensor del Pueblo

La oficina investiga la muerte de un paciente al que no se atendió por motivos económicos. Recoge la espera de dos años para una operación maxilofacial

Los recortes sanitarios, tanto los debidos en todo el Estado al real decreto ley de abril que cambiaba el copago en medicamentos y las condiciones para recibir atención como las distintas actuaciones autonómicas han disparado los expedientes de queja al Defensor del Pueblo en 2012. La oficina que dirige Soledad Becerril tramitó 1.674 expedientes de queja en el área de Sanidad, casi el triple de los 595 del año anterior.

Entre ellas destacan dos peticiones de que presente recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto, y las recibidas contra los servicios de Salud de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña.

En el informe que ha presentado al Congreso de los Diputados, el Defensor critica la nueva regulación del derecho al acceso sanitario, que deja fuera a los españoles o extranjeros en situación regular que no hayan cotizado a la seguridad Social y ganen más de 100.000 euros al año. “Esta situación no resulta congruente con el sistema de financiación sanitaria”, que desde 1999 descansa “en la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes”.

Por otro lado, la oficina del Defensor pregunta por la atención a extranjeros sin autorización de residencia “y con procesos graves”. “En estos supuestos determinados derechos, como el de la protección de la salud en todas sus dimensiones, deberían pertenecer a la persona con independencia de su situación administrativa”. Por eso afirma que se trasladó al Ministerio de Sanidad “que se adopten las medidas complementarias necesarias” para garantizar ese derecho. “Reconocer la atención sanitaria a los mencionados colectivos tendría consecuencias relevantes: en términos de salud pública, porque se conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad; y en términos organizativos, porque se aliviaría la posible saturación de los servicios de urgente”.

El informe recoge la respuesta del ministerio, que apunta que no puede cambiar la exclusión por los acuerdos internacionales y porque considera que da atención sanitaria es “promover el mantenimiento de situaciones de ilegalidad”. Además, la Administración recuerda que está preparando un seguro especial para estas personas, y recalca lo que defiende, contra la experiencia de muchos afectados, desde el principio: “Los ciudadanos sin residencia legal serán atendidos sanitariamente según su situación de salud”.

También relacionado con los cambios por los recortes, el Defensor, “ante el elevado número de quejas” por el copago que afecta a los pensionistas, que en las comunidades sin receta electrónica pagan por encima del máximo fijado, ha pedido al ministerio que lo evite. Además ha instado al ministerio a que actualice las bases de datos que fijan el porcentaje del copago en función de la renta, ya que se aplican los resultados de las declaraciones de 2012.

Respecto a la situación de algunos colectivos afectados por los cambios, pide que se trate a los perceptores del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez) igual que a los perceptores de prestaciones no contributivas, que están exentos de copago, ya que sus pensiones “son análogas” en importe.

El Defensor también ha actuado preventivamente, y pide que se tenga especial cuidado en el copago del transporte sanitario para algunos casos, que aún no está en vigor.

Muerte de un paciente

En el informe se destaca un caso que no está cerrado: el de un paciente derivado desde Andalucía a Cataluña para ser sometido a una operación compleja. Aunque los médicos del hospital Clínico de Barcelona consideraron que había que operarle, “la intervención se anuló finalmente por razones estrictamente económicas”. Ambas Administraciones se excusan. La andaluza, porque derivó al paciente; la catalana, porque el hospital no era un centro de referencia en esa intervención. El resultado es que el paciente falleció, y el Defensor sigue investigando las responsabilidades.

También se ha interesado por los cierres en servicios de urgencias nocturnos de ambulatorios y los retrasos en el pago a las farmacias.

Dentro de las quejas que se repiten todos los años, algunos casos de lista de espera son especialmente llamativos. Por ejemplo, dos años en el servicio de maxilofacial del hospital Virgen de la Salud de Toledo, 20 meses para una prótesis de cadera en el Virgen de la Victoria de Málaga o 18 meses para tratar un dolor crónico en el Vall d’Hebron de Barcelona.

Respecto a pruebas, destaca siete meses para hacerse una densitometría preferente en el hospital de Almansa (Albacete) o más de un año para para una electromiografía en el 12 de Octubre de Madrid.

Hay, como otros años, quejas por la desigualdad en la atención entre comunidades, en áreas como la reproducción asistida, prestaciones ortoprotésicas, atención bucodental, reasignación de sexo, ayudas a personas celíacas, enfermedades raras y cuidados paliativos o unidades del dolor, entre otras.

Por último, el Defensor ha preguntado por los tratamientos para dejar de fumar. La respuesta dela Administración es que “en estos momentos, no considera viable incluirlos en las prestaciones farmacéuticas”.