El rector de Sevilla defenderá la autonomía universitaria en la reforma

A la espera de la opinión oficial de la Conferencia de Rectores (CRUE) sobre el informe para la reforma universitaria presentado la semana pasada por el grupo de expertos nombrado por José ignacio Wert el año pasado, algunos rectores ya han empezado a hablar a título personal. El de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha anunciado que su posición en el proceso será la de la defensa "firme" de la universidad pública y de la autonomía universtaria; y el de la UPV, Juan Juliá, ha dicho que hay "luces y sombras" entre las propuestas.

Algunas de ellas son un nuevo sistema de gobierno de los campus para intentar hacerlo más ágil y eficaz en el que un rector casi plenipotenciario sería elegido cada cinco años (de entre académicos candidatos de cualquier parte del mundo) por un Consejo de la Universidad en el que entrarían a participar las comunidades autónomas. Además, habría una doble vía de acceso al profesorado permanente de los campus públicos: uno para ser titulares y catedráticos funcionarios y otro para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos. Por otra parte, también reclaman más dinero para las universidades (llegar al 3% del PIB, con más porcentaje vinculado a resultados) y reforzar los "insuficientes" programas de becas, luchar contra la endogamia, reducir la oferta de titulaciones y que las universidades se especialicen.

Así, en un comunicado remitido a toda la comunidad universitaria, el rector de Sevilla ha recordado que si en los últimos 15 años Gobiernos de distinto signo han optado por generar sus diagnósticos y propuestas para la reforma de la universidad, encargando la tarea a grupos de expertos independientes con un resultado "no muy alentador", la llegada de la crisis "ha hecho evidentes las debilidades de las fórmulas empleadas". Incide en las valoraciones de la adenda del informe redactada por dos de los miembros de la comisión. En cuanto a las propuestas, "la parte nuclear de las mismas es discutida en la adenda con profundidad y rigor por los dos reputados juristas que formaban parte de la comisión, y es valorada como ajena e imposible, o escasamente recomendable, en el ordenamiento jurídico español", ha manifestado.

Ramírez de Arellano realiza un alegato a favor de "una univeridad pública accesible a todos los ciudadanos, y no solo a los más pudientes", como "una conquista histórica irrenunciable", así como a la concepción de la institución como "un poderoso instrumento para lograr la igualdad y el bienestar de los ciudadanos". Por último, el rector asegura creer en el "diálogo", el "pacto" y el encuentro como "bases de la democracia, con independencia de las legítimas diferencias ideológicas", y en que cualquier propuesta "puede mejorarse contrastándola con las de otros antes de hacer lo que corresponda".

Mayor financiación

Por su parte, el rector de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), Juan Julià, ha considerado que las conclusiones del informe realizado tiene "luces y sombras" y ha recalcado que en este momento debe hacer una valoración "mesurada" de las sugerencias y "a título personal",  ya que la institucional la realizará tras escuchar a su equipo de gobierno.

Julià ha admitido que hay elementos positivos en el trabajo, entre los que ha citado la alusión a la necesidad de mayor financiación y la mejora de la gestión para conseguir que las instituciones de educación superior sean más operativas. No obstante, ha hecho notar que en el ámbito de la carrera universitaria ve "con preocupación que se haya centrado casi exclusivamente en un solo indicador, el de los tramos de investigación".

"Esto es un punto de partida, hay otros informes que se van a debatir con los expertos y, tras escuchar a la comunidad universitaria, saldrán las líneas maestras que marcarán la reforma universitaria", ha manifestado Julià, que ha apostillado que, "cuando algo interesa e importa, se debate".