Desalojos a reconsiderar

Si mañana martes, el pleno del Congreso rechaza la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago y otras medidas para aliviar la situación a deudores de hipoteca de buena fe, el Parlamento emitirá dos pésimas señales. Una tiene que ver con la soberbia. La otra alimentará la sospecha de falta de voluntad política para acometer seriamente un problema que ha producido tanta injusticia y tantos dramas.

Es verdad que el Congreso lleva ya varias semanas debatiendo en comisión qué medidas tomar para evitar los abusos que permite la normativa española, como lo son una aplicación de intereses de demora desorbitados o la imposibilidad de cancelar el préstamo entregando la casa para la que se pidió dicho crédito, entre otras muchas circunstancias que deja a los deudores en una situación de total indefensión que suele terminar con la pérdida de la vivienda y una deuda de por vida. Los diputados intentan elaborar una ley de medidas urgentes en un procedimiento que toca a su fin y la iniciativa popular que se verá el martes es, podría decirse, una injerencia que puede parecer innecesaria. De hecho, el PP ha anunciado que la rechazará porque las peticiones que ahí se hacen están superadas.

La cuestión es que lo que se debate mañana no es adoptar sin más lo que 1,4 millones de personas piden en esta iniciativa —que se contemple la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios de vivienda habitual y que se promuevan alquileres sociales—, sino tan solo que se tomen en consideración tales propuestas. ¿Dónde está el problema?

El pasado abril entró en vigor una de las grandes conquistas de los ciudadanos europeos: la posibilidad de que un millón de personas de al menos una cuarta parte de países de la UE fuercen a la Comisión Europea a presentar un proyecto legislativo. Forma parte del Tratado de Lisboa y de la necesidad de construir la tan demandada “Europa de los ciudadanos”. A los políticos se les suele llenar la boca con esas ideas y apelan a la sociedad civil, pero a la hora de la verdad, cuando a nivel nacional más de medio millón de ciudadanos presenta una iniciativa popular como contempla la ley, sus señorías las desoyen. Solo ha salido una de 92 en 30 años, como recordaba ayer en este periódico Joseba Elola.

Aparte de este presunto ataque de soberbia de algunos diputados, el rechazo a esa iniciativa podría indicar que al menos en el grupo parlamentario más numeroso, el popular, no hay voluntad real de cambiar la normativa en profundidad. Y ello a pesar de que no es una demanda exclusiva de 1,4 millones de firmantes. Lo pide el 90% de los españoles en las encuestas, lo señala en su dictamen la abogada general del Tribunal Europeo de Luxemburgo y así lo han argumentado los jueces en un informe coordinado por el magistrado Manuel Almenar a petición del Consejo General del Poder Judicial que, de manera vergonzante, aún no lo ha hecho suyo.

Desde que el Gobierno paralizara en noviembre durante dos años los desalojos de las familias en situación más precaria y se pusiera en marcha el trámite parlamentario ha habido muchas más señales que hacen temer por la ambición del resultado final. Al poco de decretar la paralización de dichos desalojos supimos que los bancos han seguido aplicando intereses de demora a los “beneficiados” porque el decreto del Gobierno se olvidó de tan importante detalle. El PSOE calcula que las familias, al final de los dos ejercicios, habrán aumentado su deuda en una media de 18.000 euros y aún estarán expuestas a perder sus viviendas. Durante las audiciones, el Parlamento oyó a seis expertos, pero fueron vetados tanto el juez que llevó el caso a Luxemburgo, José María Fernández Feijó, como el propio Almenar.

Es una lástima que Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, insultara al representante de la banca en el Congreso llamándole criminal y amenazara con identificar y perseguir públicamente a los que rechacen la Iniciativa Popular. Una pena porque esa virulencia verbal restó fuerza a sus argumentos. Porque, por lo demás, a Colau le asistió la razón y es comprensible su irritación ante la tardanza de los diputados para afrontar este asunto mientras los activistas han vivido en solitario tantos dramas durante años.

Todos están todavía a tiempo de rectificar. No se trata de incentivar el impago ni de dañar gratuitamente a los bancos. Se trata de lograr una legislación justa en la que no siempre gane la banca. Al menos, esta última mejorará un poco su imagen.