El Centro que dirigió Moreno paga su recurso por acoso

El diputado del PP Rubén Moreno ya no trabaja en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia, institución controlada por la Generalitat que él dirigió entre 2002 y 2011. Durante esta etapa, presionó a un científico por la explotación de una patente, hasta el punto de resultar condenado por acoso laboral. Meses más tarde, ha sido el propio centro de investigación en el que sucedieron los hechos, el que ha abonado los 90.900 euros de depósito que exigía el juez para recurrir la condena que pesa sobre Moreno.

Un juzgado de lo social de Valencia falló que tanto Moreno, como el CIPF y el exgerente de la institución, Carlos Pérez Espuelas, deben indemnizar con 90.900 euros de forma solidaria al exinvestigador jefe del CIPF Juan Saus. El motivo es el “sufrimiento personal” que le provocaron al presionarle, cuando dirigían la institución, para que renunciara a los derechos de propiedad intelectual que el científico mantenía sobre una proteína (goodpasture antigen-binding protein) implicada en enfermedades renales y degenerativas.

Para recurrir la condena es necesario abonar la cantidad que fija el fallo como indemnización, así como un depósito de 300 euros por cada uno de los tres recurrentes (Moreno, el CIPF y Pérez Espuelas). El ingreso se realizó el 3 de agosto pasado y los 90.900 euros salieron de una cuenta del CIPF. También fue el centro, a través del despacho Broseta Abogados, el que defendió a los tres acusados por Saus en el juicio. El CIPF cuenta con asesores jurídicos propios que no intervinieron en este juicio.

Esta institución científica es una fundación tutelada por la Consejería de Sanidad. Desde este departamento explican que no existe ninguna irregularidad. “El abono del depósito lo hace el CIPF porque la denuncia es contra dos directivos que realizaron determinadas actuaciones dentro de su ejercicio laboral y, por lo tanto, hay responsabilidad subsidiaria de la entidad”.

El centro cuenta con un seguro de responsabilidad civil que da cobertura a sus administradores y directivos, según la Generalitat Valenciana

El centro de investigación, añaden, cuenta con un seguro de responsabilidad civil que da cobertura a sus administradores y directivos hasta cuatro años después de su cese, e incluye “reclamaciones derivadas de su gestión y [denuncias] presentadas contra ellos”. Esta póliza también explica la defensa de los acusados por parte de un bufete de abogados externo: “No ha supuesto ningún coste para la institución ya que [el gasto] lo ha cubierto el seguro”.

En el caso de que se confirmara la sentencia y la indemnización fuera firme, “también la cubriría el seguro”, según la Consejería de Sanidad valenciana. Otros centros de investigación de ámbito nacional cuentan con herramientas de aseguramiento similares, como ha comprobado este diario.

El abono de los 90.900 euros por parte del Centro de Investigación Príncipe Felipe ha tenido lugar en un momento en el que la situación financiera de la institución es cualquier cosa menos boyante. El estrangulamiento financiero al que le sometió la Generalitat los últimos años fue el principal motivo del contundente expediente de regulación de empleo que hace poco más de un año descabezó a la entidad.

Rubén Moreno, al que no ha podido localizar este diario, dejó la dirección del centro para integrarse en octubre de 2011 en la lista del PP de Valencia para el Congreso de los Diputados. Desde entonces, se han sucedido los relevos al frente del CIPF —el último, la semana pasada— y la entidad sigue sin un proyecto definido y a la deriva.