Toneladas de ropa usada se recogen en contenedores ilegales

La moneda de la crisis tiene, cuando gira, una cara amable, la de la solidaridad. Estos largos meses de penuria no han sido malos para las donaciones, que se mantienen, ni para el voluntariado, que vive tiempos de abundancia. Una sociedad, en definitiva, sensibilizada con el vecino que sufre, pero, ¿adónde va la caridad? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio en el que denuncia la aparición sin control en las ciudades de contenedores de recogida de ropa usada. Lo critican porque muchos de ellos no tienen autorización para estar en las calles y porque a veces llaman al engaño con símbolos de solidaridad cuando sus objetivos son perfectamente lucrativos. Además, afirman en la organización, están perjudicando a ONG y empresas de reciclaje, “al tiempo que supone un fraude a las expectativas de los ciudadanos”.

 Un solo contenedor pirata puede generar al año 3.500 euros teniendo en cuenta que la tonelada se compra a 350 euros. “Y estas organizaciones colocan más de un contenedor en las ciudades por lo que sus ingresos pueden multiplicarse por 10 o por 20”, dice la OCU.

Directamente perjudicados por estas prácticas están las entidades de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (Aeress), que generan empleo entre colectivos desfavorecidos con el tratamiento y venta de esta ropa usada. “Todas nuestras entidades trabajan de forma legal y nuestro objetivo, además del reciclado de residuos es la formación y el empleo de personas en riesgo de exclusión”, explica la coordinadora, Laura Rubio. Aeress agrupa a 23 organizaciones que trabajan con el textil en 12 comunidades autónomas, lo que suponen 863 empleos.

En Madrid, 14 de los 16 contenedores analizados eran pirata

Cáritas en Aragón también se queja de estos contenedores pirata y de otros a los que los Ayuntamientos autorizan la recogida de ropa pero hacen competencia a las organizaciones solidarias. “Nuestro proyecto es de inserción laboral para mujeres a través del reciclado de ropa. Estas personas adquieren hábitos de horarios, disciplina laboral, formación en costura, por ejemplo, y tienen unos ingresos por tratar la ropa”, explica el coordinador del proyecto, Jesús Luesma. Después, las prendas se venden en tiendas de Aragón, que se llaman A todo trapo, como el proyecto. Y el dinero recaudado vuelve a Cáritas.

La OCU ha analizado la situación en cuatro grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. En Madrid, de 16 contenedores revisados 14 eran piratas. Muchos de ellos no llevaban identificación y aquellos que sí la tenían, no respondían con coherencia al otro lado del teléfono, explican. Pero no todos los autorizados tienen fines solidarios, advierten.

Humana es una de las ONG que tienen más presencia en este asunto. Son los autorizados por el Ayuntamiento de Madrid para la recogida de la ropa, por ejemplo. También dicen sentirse perjudicados por los contenedores pirata. “Desprestigia la actividad, poco a poco la ciudadanía entiende que esto es algo oscuro”, dice un portavoz de la organización. Humana tiene 6.000 contenedores por España. Clasifican la ropa y parte de ella la venden en sus tiendas en España y en otras de África, Mozambique sobre todo. “En esos países cerca del 90% no puede comprar ropa nueva”, dicen. Clasifican unas 9.000 toneladas al año, la mitad de lo que recogen. La otra parte se vende por kilos. Defienden que en Mozambique entre 3.000 y 4.000 personas viven de este comercio y destacan que el dinero que recaudan lo emplean en proyectos de desarrollo allí, agricultura y educación. Humana ha estado en ocasiones muy cuestionada. Ahora recitan las cuentas “auditadas”: 15,4 millones de ingresos y los mismos de gastos y proyectos, explican.

Pero esta actividad exterior no es bien vista por todos. Jesús Luesma, de Cáritas, cree que “se desequilibra el comercio autóctono y se rompen los mercados de algunos países, sobre todo si tienen textil”. “En todo caso, la gente debería saber si la ropa que está echando al contenedores venderá luego en el tercer mundo y si se trata de una actividad con ánimo de lucro”, dice. Y pide, como la OCU, que los Ayuntamientos retiren de inmediato los contenedores que no estén autorizados e incluyan una cláusula social en sus contratos de autorización.