Las causas del fracaso de la investigación en España

Hace unas semanas (11-12-2012), en estas mismas páginas, yo describía el fracaso de la investigación en España, atendiendo al rendimiento en avances científicos y tecnológicos, y prevenía contra el uso del número de trabajos publicados para valorar la investigación. Diez días más tarde, un investigador con pasadas responsabilidades en política científica reiteraba en  El PAÍS la novena posición de España en el mundo por producción científica y una noticia en mi+d, que citaba como fuente al CSIC, asignaba a esta institución la novena posición en un Global Ranking de instituciones de investigación. Así, dos voces autorizadas se unían para declarar un éxito basado en el número de publicaciones. La popularidad de este parámetro, tan fácil de obtener como difícil de interpretar, plantea una pregunta relativa a cómo se ha generado esta situación. Contestar a esta pregunta es vital para encauzar la investigación en España por el buen camino. Pero antes de hacerlo, conviene reiterar con ejemplos claros que el número de publicaciones no mide nada que a la sociedad interese.

El número de publicaciones científicas de siete universidades estadounidenses: MIT, Columbia, California-Berkeley, Harvard, Princeton, Stanford y CALTECH, más el Instituto Howard Hughes es, aproximadamente, igual que el de España, 450.000 en lo que va de siglo. Pero en ese tiempo esas instituciones han obtenido 29 premios Nobel en ciencias. Es decir, 38.000 publicaciones anuales durante doce años sirven igual para 29 premios Nobel o para ninguno, depende de quien las haga. Otro ejemplo, con el MIT, que es una institución asombrosa, ya que con 1.750 profesores tiene, desde hace tiempo, una media de un premio Nobel en ciencias cada 2,2 años, cinco en lo que va de siglo; además, su efecto económico es un modelo de estudio y de admiración. Pues en el “Global Ranking” donde el CSIC está en noveno lugar, el MIT está en el puesto ¡46! Creyendo en ese ranking, el CSIC tiene un problema.

Otra perspectiva. Cada año se publican más de 100.000 trabajos sobre el cáncer, pero lo que la sociedad necesita son tratamientos eficaces, como el Imatinib, para una forma no predominante de leucemia. A la sociedad no le importan los cambios cromosómicos o los oncogenes y menos aún si se publican 100.000 o 150.000 trabajos, pero eso no quiere decir que esos trabajos sean innecesarios o no tengan calidad—más de un político, lamentablemente, se confunde con esto—. Esos trabajos son la base de los descubrimientos. Pero ningún país con una política científica sensata debería dedicar su sistema de I+D a publicar trabajos de buena calidad pero cumpliendo mal con lo que la sociedad necesita. Esto ocurre en España, veamos por qué.

A principios de los ochenta, la presencia de la ciencia española en los foros internacionales era mucho menor que su potencial. Por ello, había que estimular a los investigadores a publicar en revistas internacionales prestigiosas, a la vez que se incrementaba la financiación. Eso se hizo y fue correcto—yo he llamado década prodigiosa a la que va de 1985 a 1994—y el crecimiento en el número de publicaciones fue espectacular en comparación con la inversión económica. Pero esa era una política coyuntural, con fecha de caducidad, porque el estímulo no consideraba los fines: el progreso científico, sino los medios: las publicaciones. Y se podía predecir que, si se mantenía mucho tiempo, esa política sería mortífera para la investigación, por la Ley de Goodhart y por el uso de una medida inapropiada.

Pero la investigación nunca fue una política de Estado y lo de 1985-1994 fue una casualidad. De hecho, la investigación estaba atrapada entre una universidad que no la quería y unos Gobiernos que no la valoraban. Por ejemplo, en 1994, el Gobierno congeló en el Parlamento un modesto cambio en la Ley de Reforma Universitaria, origen del atraso científico y tecnológico español, y cesó al Secretario de Estado que osó defenderlo. Y los nombramientos de improbable eficacia han sido la norma. Pensemos que los actuales Presidente de Gobierno y Ministro del Interior fueron, en su día, ministro y secretario de Estado responsables de la ciencia. Por eso, la política de los ochenta está aún en el Boletín Oficial del Estado, renovada, ampliada y descarriada, aunque su aplicación debería de haber terminado hace muchos años. Nuestras autoridades científicas no entienden que si se financia poco y se exigen muchas publicaciones, lo que se obtiene son muchas publicaciones y poco o ningún progreso importante del conocimiento. Así somos.

En relación a la baja financiación, es incredulidad en la utilidad de la investigación. Por eso se aplican los fondos de I+D a fomentar innovaciones menores y subjetivas, en detrimento de la investigación real. Es obvio que nuestras empresas tienen que modernizarse, más dudoso es que eso haya que hacerlo con fondos públicos y es un error de libro de texto hacerlo sacrificando a la investigación. Relacionado con el desdén por la investigación real—la que se hace en el MIT—, las primas a las energías renovables han sido mil veces mayores de lo que se ha invertido en proyectos de investigación real sobre ellas.

Se subvalora a dónde conduce usar el número de publicaciones o que España ocupa el noveno lugar en el mundo atendiendo a su posición en los Essential Science Indicators del ISI, donde Alemania es tercera, Japón es cuarto y Francia es sexta, porque esos listados se hacen con datos agregados de diez años, lo que oculta el crecimiento. Si contamos por años y corregimos por población, lo que tenemos es que España adelantó a Japón en 2001, a Francia en 2009, a Alemania en 2011 y en 2011 hemos duplicado a Japón. ¿Puede alguien creer que estamos por delante de Alemania y Francia y somos doble que Japón en investigación?; ¿o que vamos por delante de Suiza, como decía el anterior Gobierno?; ¿O que las universidades españolas están en el cuarto lugar más productivo, como dicen los rectores?; ¿O que el CSIC está 37 puestos por delante del MIT en producción científica, como dice el CSIC?

Las contestaciones deberían de ser no. Simplemente, estamos como con la burbuja inmobiliaria: primero nuestra economía adelantaba a todas y ahora tenemos seis millones de desempleados. Fueron jactancias construidas sobre una base errónea que paga una mayoría sin culpa de nada.

Pero si el pasado fue malo, el presente es peor: penurias tercermundistas en los centros de investigación, desprecio a los investigadores jóvenes y recortes en los proyectos de investigación; en 2012 no hubo convocatoria de proyectos de investigación fundamental y la anualidad para 2013 de los proyectos convocados en 2011 se recortó a ¡un sexto! Todo esto desmantelará un sistema científico cuyo potencial productivo nunca se explotó y que tardará lustros en recomponerse. Retroceder de las 4,9 patentes triádicas por millón de habitantes de 2009, frente a 114 de Suiza, es el suicidio tecnológico y la adhesión permanente a salarios bajos y desempleo alto; para un ahorro anual equivalente al 0,25% de la emisión de deuda o al 0,06% del PIB—las primas a las energía renovables son el 0,6% del PIB—.

Ninguna mayoría parlamentaria legitima para que un Gobierno decida esto en solitario, pero la raíz del problema podría estar en que en esto el Gobierno no está solo. La insensibilidad de los políticos hacia la investigación es el gran obstáculo para el desarrollo tecnológico de España. Además, un modelo productivo de país pobre en un país que no lo es perjudica a muchos, pero no a todos.

Alonso Rodríguez Navarro es profesor emérito, Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid.