Un modelo rescatado y desigual

Entre 1997 y 1998 un ejecutivo de la empresa de seguros sanitarios Adeslas se lanzó a la búsqueda de socios para un nuevo negocio que consistía en construir y gestionar un hospital público a cambio de cobrar una cuota a la Administración por cada habitante asignado al centro. El experimento se llevaría a cabo en Alzira (Valencia). “Analizamos los números y no nos salían de ninguna forma”, recuerda 15 años después uno de los empresarios a los que se les invitó a incorporarse al proyecto y que decidió quedar al margen.

El mismo modelo del hospital de Alzira, la concesión administrativa, es el que el Gobierno de Madrid tiene previsto extender a seis hospitales como parte de un contundente plan privatizador de la gestión sanitaria que aplicará este año. ¿Ha demostrado ser esta una fórmula eficaz?

Como suponía el empresario al que se le ofreció participar en el hospital de Alzira, al principio los números no salieron. Ni el primer año (con unas pérdidas de un millón de euros), ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto (números rojos por valor de 2,67 millones en 2002). Pese a que Adeslas, a través de sus portavoces, había dejado bien claro que en caso de perder dinero “lo pondrían los accionistas de la empresa [concesionaria del servicio] y no el Estado”, pasó todo lo contrario. La Generalitat, comprometida como el que más con el proyecto, rescató el hospital y volvió a sacarlo a concurso. Lo hizo en 2003, con unas renovadas reglas del juego, más favorables a la concesionaria. Esta vez incluyó en el lote la atención primaria (los centros de salud). Además, subió la cuota por habitante en un 68% (pasó de 225 a 379 euros; ahora está en 639). Desde entonces la unión de empresas que gestiona el centro (Adeslas, con un 51%; Ribera Salud, con un 45%, y Lubasa y Dragados, con un 2% cada uno) no ha vuelto a entrar en pérdidas.

Desde que en 2003 se pusiera el contador a cero, la compañía ha obtenido unos beneficios de 28 millones de euros hasta el ejercicio de 2011 (en el que fueron de 1,6 millones), según las cuentas que ha trasladado a los sindicatos. Y ello no solo gracias a los cambios introducidos respecto al contrato original, también por las características particulares de gestión.

Un 20% del salario en la gestión privada es variable; el sueldo fijo es un 10% inferior la de la red pública

Una de ellas es la política de recursos humanos. Según el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), las condiciones laborales y salariales de los trabajadores con contratos laborales (la amplia mayoría, a excepción del 20% de los heredados de la red pública) son peores que las de los empleados de la Consejería de Sanidad. Trabajan 180 horas más al año y el salario fijo es un 10% inferior, de acuerdo con el sindicato. “Los ritmos son abusivos por la existencia de plantillas sobreexplotadas e infradimensionadas”, sostiene Pedro Durán, médico de urgencias y responsable del Simap en Alzira.

Un portavoz del hospital señala que gracias al importante porcentaje variable que perciben los empleados (en torno al 20%), el salario final “se equipara al de la pública, y es superior en el caso de muchos médicos”. Además, sostiene que las encuestas muestran una elevada satisfacción de los trabajadores y que solo el 3% de los empleados dejó la empresa en 2012, “lo que refleja que están a gusto”.

Otro de los rasgos que definen el modelo es que siempre ha enfocado su actividad a atraer pacientes de otras comarcas. La explicación es sencilla. La empresa adjudicataria cobra una suma fija (639 euros) por cada uno de los 250.000 ciudadanos que residen en el departamento de salud de La Ribera. Todos los pacientes de fuera atendidos suponen ingresos añadidos, ya que se facturan a la Generalitat.

Por ello, desde el primer día, el hospital se ha esforzado por atraerlos. Alzira no es un hospital comarcal más. Tiene casi todos los servicios de un hospital general, lo que funciona como un polo de atracción de enfermos de poblaciones cercanas que carecen de servicios especializados. También ha fichado a especialistas relevantes (anestesistas, ginecólogos, neurocirujanos, cirujanos torácicos o plásticos) con capacidad de atraer pacientes y, por ello, dinero. Un ejemplo de esta política es el elevado número de partos registrados. La cobertura de anestesia epidural y la privacidad que ofrecen sus habitaciones individuales han sido un reclamo para parturientas de más allá de La Ribera. Gracias a todo ello, un 15% de los ingresos de la concesionaria en 2011 (28,8 de 193 millones de ingresos totales) procedieron de tratamientos a residentes de otros departamentos de salud.

La Generalitat ha repetido la fórmula Alzira en Torrevieja, Dénia, Elche y Manises. Pero no en todos los casos los resultados son los mismos. En Dénia, la concesionaria recurrió el año pasado a la nueva legislación laboral y modificó las condiciones de los trabajadores (50 horas más anuales, vacaciones repartidas a lo largo de todo el año para evitar contratos de sustitución) con el objetivo de limitar las pérdidas del ejercicio, que el año 2012 rondarán el millón de euros, según fuentes sindicales. La empresa, consultada por este diario, no quiso valorar esta circunstancia. En Manises, en julio y agosto, la concesionaria retrasó el abono a sus trabajadores de parte del salario por los impagos de la Generalitat.

Aquel alto ejecutivo de Adeslas que hace 15 años buscaba compañeros de viaje para el hospital de Alzira y que sostenía que si la experiencia iba mal los accionistas asumirían las consecuencias es Antonio Burgueño. El que fuera ideólogo del hospital de La Ribera ya no trabaja en el sector privado. Ahora, como director general de Hospitales del Gobierno de Madrid es el principal responsable del programa de privatización de la sanidad pública en esta región.