I+D: El paño de Penélope

El año 1958 se creó la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) y años después, en 1971, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) puso en marcha un ambicioso plan de modernización de la investigación agroalimentaria.

Poco después, en 1974, se creó un fondo nacional para financiar la I+D en general, a fin de que no solo la investigación agroalimentaria dispusiese de financiación ad hoc, y ya en la época de la UCD, en 1977, el recién creado Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) recibió financiación ex novo que le permitió poner en marcha una política ambiciosa de transferencia de tecnología y de fomento de la I+D empresarial.

España era por aquellos años un país comparativamente pobre y poco desarrollado, emisor de emigrantes y receptor de fondos de ayuda al desarrollo, y para poder financiar su incipiente sistema de I+D, tuvo que recurrir a créditos del Banco Mundial. Concretamente las instituciones y programas mencionados anteriormente fueron financiados con sendos préstamos de unas decenas de millones de dólares, a un interés de entre el 7% y el 9 % y con unos plazos de amortización de entre quince y veinte años. Estos créditos, de hecho, se han terminado de pagar en los cercanos años noventa.

Cuando se creó el CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas), en 1954, el Gobierno español solicitó formar parte de la institución en la ¿enternecedora? idea de que el nuevo organismo iba a resolver, por fin, el problema de la escasez de electricidad y de los frecuentes apagones de la luz de nuestros hogares y nuestras fábricas, por lo que se encomendó a la Junta de Energía Nuclear (JEN, antecesora del actual CIEMAT) que pagase las cuotas y ostentase la representación nacional.

Una vez que las autoridades españolas constataron que aquello no iba de producción de electricidad, dejaron de pagar la correspondiente cuota, que fue engordando año tras año hasta alcanzar unas proporciones elefantiásicas.

Cuando el Gobierno español decidió volver de manera activa al CERN, se vio obligado a renegociar sus cuantiosos impagos y, a pesar de la previsible quita, tuvo que pagar una cantidad dolorosamente abultada.

A partir de los años ochenta, el incipiente sistema español de I+D se fue completando institucional y normativamente, fue incorporando cohortes de investigadores bien formados y dotándose de infraestructuras de última generación, al tiempo que iba escalando puestos en el ranking científico mundial e iba aumentando su producción científica a un ritmo solo superado por algunos países asiáticos.

Los responsables políticos del sistema nacional de ciencia y tecnología durante los Gobiernos del PSOE habían solido ser profesores universitarios, con la única excepción de Cristina Garmendia, que es empresaria y doctora en biología molecular.

Los titulares del correspondiente departamento durante los Gobiernos del PP ofrecen un perfil más variado: tres economistas (Anna Birulés, Josep Piqué y Luis de Guindos), una funcionaria de Información y Turismo (Esperanza Aguirre), un registrador de la propiedad (Mariano Rajoy) y un abogado (Juan Costa). Solo Josep Piqué es doctor, los demás son licenciados.

El departamento responsable de la política científica española ha cambiado con frecuencia, tanto de contenido como de sede, y ocasionalmente ha sido agregado apendicularmente a otros más consolidados y respetados.

Actualmente forma parte del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), como Secretaría de Estado, ministerio este al que le ha prestado unos servicios impagables: cuando se ha producido la prorrata de los recortes presupuestarios, el MINECO ha echado mano de los fondos de I+D y ha dejado al sistema español de ciencia y tecnología prácticamente exangüe. Para hacerlo sin complejos, ha ido generando, además, una innovadora y pintoresca doctrina sobre la financiación de la I+D que, según sus actuales responsables, debería ser asumida por las empresas y no por el sector público.

Estos recortes en I+D han afectado, de nuevo, al pago de la cuota del CERN y de otros organismos internacionales, pero han acabado siendo tan deletéreos para el sistema que, a pesar de la proclamación del dogma de la responsabilidad empresarial en la financiación de la investigación y el desarrollo, el MINECO ha tenido que recurrir, de nuevo, a un préstamo bancario internacional, en este caso de 625 millones de euros, del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que hipotecarán el futuro de un sistema si un tiempo fuerte hoy desmoronado, de la carrera de la edad cansado, por quien caduca hoy su valentía.

El señor ministro responsable de la I+D, que no había nacido cuando se creaba la CAICYT, vuelve hoy a tejer el paño de Penélope que previamente había desbaratado y reinicia, con medio siglo de retraso, la senda financiadora iniciada por don Laureano López Rodó y otros próceres.

Para que luego nos venga Heráclito con la monserga de que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río.

Javier López Facal es Profesor de investigación del CSIC