Educación y Cataluña mantienen el desacuerdo por la reforma educativa

Casi dos horas y media de reunión para acabar en buenas palabras y ningún acercamiento. Ese es el balance que puede hacerse del encuentro que han mantenido esta tarde el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la consejera catalana del ramo, Irene Rigau.

La ejemplificación de esta situación se dio al terminar la reunión, donde ambos representantes políticos intervinieron por separado. Rigau, de hecho, ha preferido desplazarse hasta la sede de la Generalitat en Madrid, muy próxima al Ministerio de Educación.

La larga reunión se ha quedado en un mero “intercambio de puntos de vista” en el que las opiniones de ambos no solo son “discrepantes”, sino “radicalmente contrarias”. Solo ha cambiado el tono, que en esta ocasión ha sido “no solo correcto, sino cordial”, según Wert. No es poco, teniendo en cuenta que la semana pasada la catalana dio plantón al ministro en medio de una reunión.

Por lo demás, el Gobierno insiste en que es “perfectamente constitucional” definir el contenido total de las asignaturas llamadas troncales –las principales- y ocupar con ello la mitad del horario de los alumnos. La otra mitad será para lo que ahora se ha dado en llamar asignaturas específicas, en las que las comunidades pueden tener más posibilidad de diseño y para las “de especialidad”. Wert dice que las comunidades son “dueñas” de estas últimas. Pero es que en estas últimas incluye la lengua catalana, uno de los puntos de fricción más importantes con la consejera Rigau. Y con más de media Cataluña, a juzgar por el consenso que han encontrado los partidos de esa comunidad en su oposición al ministro.

El Gobierno tampoco ha cedido un ápice sobre las “evaluaciones nacionales” previstas al final de cada etapa, las polémicas reválidas. “Son competencia del Estado, eso es un tema central, medular, piedra angular”, ha insistido Wert. En realidad estas evaluaciones son clave en el proceso, porque si no existieran, poco importaría quién o hasta dónde se fijaran los contenidos mínimos de las asignaturas. Los expertos saben bien que uno de los aspectos más inamovibles de la educación es la forma y los contenidos que eligen los profesores para sus clases, digan lo que digan las Administraciones y hagan una o mil reformas. Pero si hay una evaluación al concluir cada etapa, al profesor no le quedará más remedio que adaptar sus lecciones a los asuntos de los que será examinado el alumno. Ocurría así con la Selectividad al final del bachillerato y antes del COU: los contenidos que se impartían en clase estaban perfectamente condicionados por los temas de cada asignatura que se habían definido para los exámenes. Si Platón o Aristóteles eran materia de examen, a ver quién se atreve a no explicarlos en clase. Y Wert lo repitió: “La evaluación es competencia nuestra”.

El tercer aspecto en el que “tampoco ha habido aproximación” es quizá el que más polémica ha generado, el que se ha utilizado durante años a placer para atizar la vida política y el que menos comprenden a un lado y otro de la frontera catalana: en qué lengua se debe hablar a los alumnos y explicarles las asignaturas. Desde hace año ha sido el catalán la lengua vehicular, un modelo que para la mayoría de los partidos de la comunidad no ha supuesto problema alguno. El PP, sin embargo, entiende que hay padres que quieren que sus hijos se eduquen en español y no pueden, por tanto, piden que haya colegios donde eso pueda ocurrir. Esta dificultad, han dicho siempre, es la que enfrentan aquellas familias que se trasladan durante algún tiempo a Cataluña desde otros puntos de España. En realidad es un argumento pequeño, porque no pasan del 0,3% los casos de este tipo, según expertos en la materia. Otra cosa es que exista ese deseo en algunas familias que viven allí.

La reunión ha servido para confirmar los puntos de discrepancia

Las opiniones sobre esto entre Wert y Rigau han sido, por supuesto, “discrepantes”. El Gobierno cree que los padres tienen el derecho a “elegir” la lengua vehicular. Es, según el ministro, una cuestión de interpretación de las sentencias que ya ha habido al respecto en el Tribunal Constitucional y el Supremo. Porque este asunto es viejo, muy viejo, y según quien gobierne a un lado y a otro, acaba volviendo como el oleaje.

Por su parte, en su comparecencia, la consejera ha valorado “positivamente” la reunión aunque, ha advertido, solo porque ha servido para identificar la base de las profundas discrepancias que les separan. En eso, en la separación, Rigau ha asegurado que no se ha avanzado nada. “En ningún momento hemos tenido la sensación de que se acercaran las posturas”, ha dicho la consejera tras un diálogo de dos horas y media cuyo tono ha definido como “serio y de trabajo intenso”.

Rigau ha dicho que son dos las principales discrepancias con el Gobierno: quién evalúa a los alumnos y cuál es el régimen lingüístico que se aplica en los colegios catalanes. A su juicio, las reformas introducidas por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en ambas materias son una “invasión de competencias” y “no son respetuosas con la voluntad democrática expresada en el Parlamento de Cataluña”. Por ello, la Generalitat ha pedido de nuevo que si la ley sigue adelante "se retire todo lo relativo al régimen lingüístico y todo aquello que invade el marco competencial".

El Gobierno no ha cedido un ápice sobre las reválidas

El encuentro, en el despacho del ministro, ha sido fundamentalmente “técnico”, una palabra muy repetida por Rigau, y ambas partes lo han aprovechado para explicar los fundamentos jurídicos en los que basan su postura. "No hay negociación, hay diálogo -ha afirmado la consejera- y hoy hemos podido explicar más calmadamente por qué pedimos lo que pedimos". Desde que se presentara la ley la pasada semana, Cataluña se ha puesto a la cabeza de la protesta contra una reforma que tampoco gusta a otras autonomías ni a gran parte de la comunidad educativa. Entre declaraciones contundentes y plantes -Rigau dejó vacía la silla ante Wert en medio de la Conferencia de Educación y, un día después, el responsable catalán de Universidades no se presentó a una reunión estatal- el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha logrado aglutinar a todos los partidos catalanistas contra las pretensiones del Gobierno. Por eso, hoy la consejera catalana ha venido a Madrid a “trasladar el mandato de la cumbre de ayer”, que aglutinó a todas las fuerzas que defienden el modelo educativo catalán (CiU, ERC, PSC, Iniciativa y CUP).

La consejera ha valorado que la ley catalana de Educación es fruto de un “consenso” que ha permitido mantenerla desde hace dos legislaturas pese a los cambios en el Gobierno autonómico y ha apelado a que ese mismo espíritu de consenso se aplique en la LOMCE. Pero de momento ese consenso, según se desprende de las palabras de Rigau, solo se encuentra en que tanto el Gobierno como la Generalitat están de acuerdo en "emprender estrategias de mejora del éxito escolar". A partir de ahí, más discrepancias, porque la Generalitat cree que bastaría con retoques y el Gobierno pretende ”cambios en la arquitectura del sistema". Y estos son vistos por la consejera catalana como un intento "muy grave" de alterar las competencias.