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Mil euros de incentivo... ¿al mal estudiante?

Extremadura inicia un programa para atraer al aula a jóvenes sin secundaria a cambio de dinero Nueva York y Chicago ya han ensayado la polémica iniciativa con resultados desiguales

La medida pretende dar una segunda oportunidad a los que dejaron de estudiar durante la burbuja inmobiliaria.
La medida pretende dar una segunda oportunidad a los que dejaron de estudiar durante la burbuja inmobiliaria.

“Hasta para ser basurero, le piden el título”. El hijo de Lorenzo Muñoz es uno de los aspirantes a la ESO de los 1.000 euros, un programa que acaba de arrancar en Extremadura y que premiará con este importe a jóvenes de entre 18 y 25 años que terminen la Secundaria. Pablo Muñoz, el aludido, tiene 21 años y dejó las aulas casi recién llegado al instituto, porque no le gustaba estudiar. Desde entonces tampoco ha conseguido trabajo aparte de ayudar en el campo a su padre, que es agricultor en Santa Marta de los Barros, un municipio de Badajoz de 4.000 habitantes. El Gobierno extremeño afirma que persigue evitar la exclusión de jóvenes como Pablo. La medida resulta controvertida, especialmente en época de recortes, pero varios expertos avalan el intento, como Juan Manuel Moreno, especialista en educación del Banco Mundial: “La tasa de abandono escolar en España requiere medidas de choque; merece la pena experimentar”.

Casi un millón de jóvenes en edad universitaria (entre 18 y 24 años) no terminaron estudios de bachillerato o formación profesional. El 26,5% del total en 2011, según datos del Ministerio de Educación. En Extremadura, el índice sube al 29,6%, lo que se traduce en unos 28.000. Pero, además, hay unos 8.000 extremeños de entre 18 y 25 años que están apuntados al paro sin ni siquiera haber obtenido el título de ESO, y el Gobierno regional, liderado por el popular José Antonio Monago, pretendía formar a la mitad con este programa. Por ahora, se han apuntado 2.435 (el 63% de las 3.900 plazas previstas), si bien hay lista de espera en algunas poblaciones. “Es un problema estructural; o lo afrontamos, o pueden convertirse en parados vitalicios”, asegura Sergio Velázquez, secretario de Empleo, Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica. Este departamento financia con cuatro millones de euros el programa que desarrolla Educación. “Tenemos el deber moral de no dejar tirados a jóvenes que dejaron de estudiar, para trabajar en la construcción o por lo que sea, y ahora están en el paro y sin formación”, recalca Velázquez. La iniciativa recibió el apoyo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que, en una visita a Extremadura el pasado lunes, consideró que contribuye a mejorar la “inserción de los jóvenes” y la “inclusión social”.

La medida, sin embargo, no ha contado con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, en la región extremeña. Y ha generado mucha polémica en el ámbito docente: “Que te paguen por cursar una educación pública gratuita la desvirtúa como valor propio”, opina Nieves García, presidenta de la Asociación de Directivos de Institutos Públicos de Extremadura. Expertos como Moreno discrepan: “En general, nos gustaría que todos los jóvenes se rigieran por los valores de las clases medias y altas, que tienen interiorizada la motivación intrínseca del estudio (como un beneficio en sí mismo), pero no es así”.

Fernando González Pozuelo, catedrático de Sociología de la Facultad de Educación de Badajoz, explica que las clases desfavorecidas tienden a pensar solo a corto plazo. “Hay que pensar nuevas maneras de motivar; por ejemplo, un plan de alfabetización puede tener más éxito si aprender a leer se presenta como un medio para conseguir el carné de conducir”.

“Plantear recompensas (motivación extrínseca) siempre genera mucho debate. Por ejemplo, puede atraer a cierta gente pero, a la vez, pervierte la relación entre profesor y alumno, que ya no está basada solo en el conocimiento, sino también en la prestación económica condicionada por la evaluación”, señala José Saturnino Martínez, sociólogo de la Universidad de La Laguna y especialista en educación e igualdad social, que además fue asesor educativo del Gobierno del PSOE la pasada legislatura. En el caso extremeño, los alumnos solo recibirán los 1.000 euros —la mitad en el ecuador del curso y la otra, al final— si superan todas las materias, con un currículo similar al de los centros de educación para adultos.

Manuel Ángel Río, sociólogo de la Universidad de Sevilla, dirige desde hace tres años un estudio sobre unas becas para enseñanzas postobligatorias en Andalucía, gobernada por el PSOE. La Beca 6.000 aporta esta cantidad anual a los alumnos con escasos recursos económicos que cursan bachillerato o ciclos formativos. Ante cualquier suspenso, la ayuda queda retenida. “Hemos constatado que mejora el rendimiento de los becarios, intensifica el esfuerzo de los que tienen más dificultades y legitima el rol de estudiante en hogares en los que urge la entrada de ingresos”, explica, declarándose partidario de los programas de transferencia de renta condicionados a resultados educativos, siempre que estén diseñados para “combinar la necesaria solidaridad con una notable exigencia”. Desde 2009, más de 20.000 estudiantes han recibido esta ayuda, según el Gobierno andaluz.

Un 26,5% de españoles en edad universitaria no tiene título de ESO

En la misma comunidad, se activaron en 2011 unas becas de 400 euros mensuales para estudiantes de entre 18 y 24 años para seguir estudios de secundaria. Aunque se convocaron 3.000, el primer curso (el pasado) apenas se concedieron medio centenar porque sus criterios eran muy exigentes (llevar en paro más de 12 meses, tener cargas familiares…). Este año, la Junta de Andalucía asegura que se ha “flexibilizado” esos requisitos y subraya que el objetivo es que “jóvenes desempleados puedan reengancharse a los estudios”. ¿Pueden sentirse en desventaja sus compañeros sin posibilidad de acceder a las becas? “No hemos estudiado esa hipótesis, pero desde luego en nuestras entrevistas a los becarios no hemos detectado esa sensación. Si acaso, ocurre lo contrario, algunos se sienten avergonzados de necesitar la ayuda, preferirían que sus padres pudieran pagar los estudios”, explica Río. Pero en su estudio también destacan otra idea más optimista: “Muchos tienen claro que no es ningún regalo —a diferencia de la imagen que muchas veces maneja la opinión pública—, sino algo que merecen porque se están esforzando”.

Para Moreno, del Banco Mundial, también el programa extremeño se basa en “el principio tradicional de las becas”. “Me da la impresión de que es una medida que planteada por la izquierda o la derecha en diferentes regiones obtiene críticas desde el otro lado”, advierte abogando por evaluar la iniciativa en función de la evidencia. Al respecto, Pablo Zoido, analista del Directorio para la Educación de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), indica que “hay evidencia experimental de que los incentivos monetarios por resultados tienen un impacto muy limitado y que solo en casos y circunstancias determinadas pueden lograr mejorar el esfuerzo”. Según resalta, “si acaso tienen mayor impacto positivo, relativamente, cuando se centran en los insumos de la educación”, lo que vincula con programas de transferencias condicionadas como las becas de mantenimiento escolar en Gran Bretaña, Oportunidades en México o Bolsa Familia en Brasil.

Moreno coincide en la complejidad de estos programas y asegura que es un debate abierto desde hace varios años en Estados Unidos: “¿Incentivo o soborno?”. “Hay gente muy purista que opina que una recompensa externa en metálico anula el desarrollo de una motivación intrínseca”. Según explica, la evidencia empírica obtenida por el Laboratorio de Harvard, que hace años implementó programas de incentivos económicos por buenas notas o comportamiento, en ciudades estadounidenses como Nueva York o Chicago, descarta esa hipótesis. Eso sí, los resultados de las evaluaciones de estas experiencias en Estados Unidos varían mucho según factores como el entorno urbano, el tipo de programa, las circunstancias que lo rodean… “Tienen más éxito las iniciativas concretas, no tanto el incentivo a las buenas calificaciones, sino más bien por asistencia a clase, por leer un determinado número de libros… Eso, a la larga, suele conllevar también una mejoría de las notas”.

“El abandono exige medidas de choque”, dice un experto. “Hay que experimentar”

¿Y el papel del profesor? ¿Se complica su tarea al no tratar solo aspectos académicos, sino interferir en la consecución de un dinero? “Nos preocupa la presión sobre los profesores, de cuya evaluación va a depender que el alumno consiga o no los 1.000 euros”, plantea en el caso extremeño la presidenta regional de la Asociación de Directivos de Institutos Públicos. “También puede hacerse la lectura contraria: el incentivo les da una herramienta más para trabajar con alumnos a los que es difícil motivar”, disiente Moreno. “Entiendo que puede ser difícil para los profesores que por primera vez afrontan esa circunstancia, pero es una problemática con la que ya trabajamos en la universidad, en la que tener que renovar una matrícula por un suspenso implica un considerable desembolso, pero eso no debe suponer mayor problema para un docente”, interviene Jaime Riviere, sociólogo de la Universidad de Salamanca.

Para estos expertos, las dudas sobre los incentivos económicos se plantean más bien a la hora de analizar las características del programa. ¿Por qué ahora, por ejemplo? “Hubiera procedido en el ciclo contrario, cuando los alumnos se iban porque tenían asegurado un trabajo, que les resultaba más rentable a corto plazo; es entonces cuando habría que haberles compensado para que se quedaran en las aulas”, argumenta Moreno. “No entiendo que un programa para que la gente termine ESO pueda generar polémica, lo veo como una política activa de empleo. Otra cosa es cómo se implementa, porque tendrían que ser políticas sistemáticas”, incide Riviere. “Hemos detectado el problema y lo abordamos. No descartamos mantenerlo en el futuro, si fuera necesario, o ampliarlo a otras edades”, declara el secretario de Empleo del Gobierno extremeño.

Para los sociólogos, en todo caso, pesa más el posible beneficio que la falta de garantía de los incentivos, aunque estos no siempre sean positivos y existan riesgos. “El coste de tener una bolsa de jóvenes sin graduado, tanto individualmente para ellos como para el conjunto de la sociedad, es tan enorme, que la inversión merece la pena”, proclama Rafael Feito, de la Universidad Complutense de Madrid, que recientemente ha iniciado un programa sobre la vuelta a la enseñanza obligatoria de trabajadores expulsados por el mercado laboral.

“Que te paguen por cursar educación pública la desvirtúa”, dice una directora

“Son gente que fue a la escuela, pero eran 40, el profesor no les atendía, en general tienen pocos recursos y para muchos es su primera experiencia laboral”. “Incluso debería extenderse a edades más elevadas, nuestros casos varían de los veintitantos a los 40 años”, propone, por mucho que sorprenda que esto ocurra en plena época de recortes, cuando el Gobierno central ha endurecido los requisitos para las becas universitarias, por ejemplo. “Las ayudas al estudio deben ser un instrumento de igualdad social; después se pueden plantear incentivos para mejorar ciertos aspectos, pero en sí mismas siempre han contribuido a aumentar el rendimiento de los estudiantes”, señala Río.

Ahora, los expertos también coinciden en que estos programas de último recurso no son el antídoto definitivo contra el abandono escolar. Son más bien paliativos. Pero para combatirlos apuestan por actuaciones contundentes desde el inicio de la educación: “Los países que logran reducir de forma eficaz el abandono escolar son aquellos que lo afrontan desde muy pronto. Es el ejemplo de los países nórdicos, donde existen mecanismos para detectar e intervenir de forma inmediata cuando un alumno empieza a quedarse atrás en primaria”, expresa Zoido. “El mejor euro invertido en educación es el destinado a preescolar”, apostilla Moreno. En cuanto al reenganche de estudiantes, Zoido apela a la flexibilización y diversificación de los caminos para obtener un título, como ocurre en países como Alemania o Bélgica, donde han facilitado una titulación universitaria a quienes tengan formación profesional y cierta experiencia en el mercado laboral.

En esa línea, Riviere tilda de “dramático” que no obtener el título de educación obligatoria impida acceder a otros ciclos educativos. “El propio sistema genera fracaso no facilitando que los alumnos puedan seguir estudiando”. Ante ese panorama, apoya iniciativas como los 1.000 euros extremeños, que más que incentivo califica de “cebo”. A punto de picar estaría por ejemplo Pablo, que según su padre está informándose sobre cómo acceder al programa: “Tenía claro que debía volver a estudiar, pero con esto ha empezado a moverse”. El sociólogo salmantino sentencia: “¿Pagar por estudiar es bueno o malo? Habrá que ver hasta qué punto es eficiente, no veo una cuestión ideológica”.