El analfabetismo religioso

Vengan leyes. Estatuto de Centros, LODE, LOE, LOGSE, LOCE, LOMCE… Dice un axioma militar que órdenes y contraórdenes sobre un mismo escenario producen siempre el caos. El desorden. Después de décadas de enseñanza religiosa en mano de docentes seleccionados por los obispos, pero contratados y pagados religiosamente (nunca mejor dicho) por el Estado, nadie duda del derrumbe de la cultura cristiana. Incluso lo afirma la Conferencia Episcopal, con motivo de una llamada Jornada Nacional de Pastoral Juvenil celebrada en Valencia el mes pasado. “No creo en Dios como me lo enseñaron en el colegio”, decía un muchacho en el vídeo con que los obispos anunciaban la celebración. Comentando esa frase, su responsable de juventud y prelado de San Sebastián, José Ignacio Munilla, habló ese día de “emergencia educativa”. La jerarquía piensa incluso que España “necesita ser misionada”. A ese precipicio les ha llevado su añorada “escuela cristiana”.

Es lógico que los obispos clamen al cielo por esta situación y presionen al Gobierno Rajoy -al fin y al cabo, uno de los suyos-, hasta el colmo de sus deseos. Pero la perplejidad es mala consejera. El analfabetismo religioso de los jóvenes (y no tan jóvenes) españoles no puede ser despachado volviendo a un modelo educativo tan estrepitosamente fracasado. Si hacemos caso al mismísimo papa Benedicto XVI, la antaño ‘Reserva espiritual de Occidente’, gobernada moralmente por la Iglesia católica (el sucio contubernio nacionalcatólico, de 1936 a 1975), es hoy una viña desvastada por los jabalíes del laicismo y el ateismo. ¿Cómo ha sido posible, si en los últimas décadas, incluso ahora, esta confesión está siendo tratada con mimo y generosos privilegios, incluso por Gobiernos que se han dicho laicos y de izquierda? Es misterio que debería hacerse estudiar el episcopado.

Además, están las maneras. Reforzar el supuesto monopolio que los obispos han tenido sobre la moral y la ética de millones de estudiantes deja en muy mal lugar principios de los que los políticos gustan de presumir. También sufre la verdad. Los obispos se comportan como esas fortalezas sitiadas que tienen el enemigo fuera pero también intramuros. Gran parte de las iglesias de bases (incluidos teólogos y sacerdotes), creen que el sistema de enseñanza religiosa es un desastre. Lamentan, sobre todo, el tremendismo con que se suele producir el debate y desde el que se quiere buscar una solución.

Aquí se ha oído de todo, en la prensa católica y fuera de ella. Nada ha sobrado para convencer al Gobierno de que no había más remedio que atender las pretensiones de las sotanas. Que si el PP asumía los principios socialistas (incluso la tontería que llegó a hacer escuela: ‘Más Gimnasia y menos Religión”); que si Zapatero había convertido “en héroes a los alumnos que querían clase de religión”, que si la crisis se ha podrido por falta de formación católica...

También han clamado que España es un país de pandereta por no cumplir un concordato internacional de alto rango. El grito tiene que ver con uno de los llamados Acuerdos firmados por España y el Estado vaticano tras la muerte del dictador Franco, el de Enseñanza y Asuntos Culturales. Estaría bien que se cumpliesen de verdad, ese y los otros tres, sobre todo el de la financiación del clero, en el que la llamada Santa Sede se comprometía en 1978 a buscar fórmulas de autofinanciación antes de tres años. Se supone que obispos españoles y la Santa Sede son una misma cosa, pero de aquel compromiso nunca más se supo. Al contrario, España incrementa cada año sus aportaciones económicas a la Iglesia católica, sin que se espante el sistema constitucional.

España un Estado laico, qué sarcasmo. Aquí se confunden actividades y fines religiosos y estatales. Hay una sola religión con un status privilegiado y en un paraíso fiscal. Se incumple el principio de neutralidad: el Jefe del Estado nombra al arzobispo para asuntos castrenses con rango de Vicario y General de División. Se pisotea el principio de igualdad tributaria: los católicos puedan dedicar el 0,7% de su IRPF a financiar a su religión sin pagar ni un euro más que el resto de los contribuyentes. Se ignora el principio de laicidad: se financia con dinero público un fin religioso como si fuera un fin estatal. Y el Estado cede a los obispos, por Ley, la tarea de evangelizar a los niños en las escuelas, decidiendo el qué y el cómo de la enseñanza, nombrando a los profesores a su capricho (500 millones de euros, según las cuentas de Europa Laica), sin control por la Justicia aunque lesionen derechos fundamentales de los trabajadores. La Iglesia romana manda y el Estado español paga haciéndose cargo, incluso, de indemnizaciones ya millonarias porque hay prelados que despiden a sus docentes de catolicismo por casarse con divorciados, vivir con personas que no son marido o esposa o, sencillamente, por irse de copas los amigos.

Todo es “un anacronismo difícil de entender”, como acaba de decirle a Rajoy, en carta pública, un grupo de iglesias de base de Madrid. “La educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar, y a otros protagonistas: los templos, las sinagogas, las mezquitas, etc.”. En cambio, los obispos exigen (y el Gobierno cede) que la asignatura de catolicismo recupere el carácter académico y evaluable de la asignatura normal, con su correspondiente alternativa de entidad, a ser posible la matemática. La tesis del cardenal Rouco es que la asignatura de religión también es ciencia, aunque de seguido pretenda que sea impartida por catequistas. Es volver a un pasado que cosecha analfabetos religiosos, e incluso creciente increencia (por lo que a los prelados incumbe). También cosecha sentencias judiciales. Todo parece ya inevitable, para regocijo de la jerarquía católica. No escarmienta. Habrá clases de religión y su alternativa, a la misma hora, la quiere exigente y evaluable, no sea que los chicos y las chicas no se apunten a la oferta episcopal. Es como si, porque unos van al fútbol, el resto del alumnado tuviera que acudir a un partido de rugby.