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“La calle también es nuestra”

Miles de personas protestan por el recorte de las ayudas discapacitados y dependientes.

El CERMI pide un pacto de Estado para evitar el retroceso

Miles de personas recorren el centro de Madrid para denunciar los recortes a las ayudas a la discapacidad
Miles de personas recorren el centro de Madrid para denunciar los recortes a las ayudas a la discapacidad

Nekane V. tiene cuatro años y una silla diminuta. Carmelo Reina tiene 97 y la bandera de España sobre las piernas inmóviles. La niña padece atrofia muscular espinal. El anciano, media docena de medallas en el pecho, es mutilado de la Guerra Civil. Uno y otra comparten motivos para manifestarse por la madrileña calle Goya en la fría mañana del domingo: los recortes que acarrea la crisis les dificultan aún más la vida. Son una gota bajo un mar de banderas blancas. “SOS discapacidad”, rezan.

Con Nekane y Carmelo, miles de ciudadanos —15.000 en la estimación de este periódico, 50.000 según la organización—. Buena parte ha viajado —durante la noche los que venían de desde A Coruña, Algeciras o Barcelona— en unos 300 autobuses para acudir a la primera manifestación masiva de las personas con discapacidad. La organiza el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), la entidad que agrupa a 7.000 organizaciones, y que cifra en 300 millones de euros la deuda de las Administraciones autonómicas y locales —en servicios, subvenciones y salarios— con el sector. Un monto que deja fuera las deudas con los ciudadanos individuales y que el PP achacaba ayer a “la herencia” recibida.

La marcha es un grito de socorro para pedir que el deterioro económico no cercene sus precarias conquistas. Aunque hay quienes, como Sandra Florido, ni siquiera han podido venir: los recortes les han cercenado la posibilidad de trasladarse. Su padre lleva una pancarta en el pecho y una lágrima en la mejilla. En la cartulina, la joven denuncia que la Comunidad de Madrid ha retirado a las personas como ella —varada en una silla de ruedas— los 720 euros anuales de ayuda para el transporte en taxi, ese medio que “nos permite desarrollarnos como personas normales”.

Los manifestantes ponen rostro a los recortes. A Rubén Valle la Comunidad de Madrid le adeuda “desde hace más de un año” la parte que debía abonar por la silla de Nekane: 3.400 de los 9.200 euros que desembolsó la familia. También retrasa el abono parcial de las férulas imprescindibles para el desarrollo del cuerpo infantil castigado por la atrofia. “Si nos quedamos callados, seguirán los recortes”, plantea.

“Nos complican todo”, tercia Pedro Bonilla, al tanto de su pequeña de 10 años con parálisis cerebral, sentada en una silla de colores. Vienen desde Guadalajara, empujados por “los recortes de Rajoy y Cospedal”. “Castilla-La Mancha lleva año y medio sin pagarnos los productos ortopédicos ni los viajes a los médicos, en Barcelona y Madrid. Más de 1.000 euros”, explica. Y con las rebajas a la Ley de Dependencia la ayuda que perciben ha caído de 417 a unos 350 euros al mes. “Mi mujer no puede trabajar fuera porque tiene que ocuparse de la niña”, añade.

En las mismas está Julia Domínguez, madre de una adolescente autista a la que debe atender sin apenas respiro. Eso le impide trabajar fuera de casa. Acaba de perder su cotización a la Seguridad Social como cuidadora familiar y la ayuda ha bajado de 400 a 300 euros mensuales, justo lo que cuesta el colegio de la chica. “Si los políticos se pusieran en nuestro lugar, aquí no tendríamos que estar”, reza la pancarta que Domínguez y su marido, que “gana muy justito”, hicieron la víspera en casa.

Los efectos de recortes a la dependencia y las ayudas están aquí, pero no solo. También están los de las rebajas sanitarias. “El niño tiene la discapacidad máxima. La ayuda ha bajado de 500 a 400 euros. Ha perdido la gratuidad de los medicamentos”, explica Jorge Martín. Y se notan, también, los ajustes en las pensiones. Lo dice Manuel Moreno, que a sus 61 años se manifiesta por primera vez. Va en silla de ruedas, con un nieto aúpa y rodeado de hijo y nuera, ambos en paro. Todos dependen económicamente de él, y él pierde poder adquisitivo, le cobran cada vez más en el gimnasio donde trata de mantener su estado físico y se acabaron las medicinas gratis. “Pago el 18%”.

Goya abajo, hasta la plaza de Colón. Bastones blancos, sillas de ruedas. En la explanada, un grupo de sordociegos con su hilo con el mundo, sus intérpretes. Han cantado, bailado y lanzado improperios al Gobierno en lenguaje de signos. Se volverán como vinieron: en metro porque no hay dinero para alquilar un autobús. “Somos los últimos en recibir ayudas y los primeros en sufrir recortes”, reflexiona Josefa Benítez, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres. “El premio por una plata olímpica es de 46.000 euros, pero si es paralímpica se rebaja a 5.000”, recuerda.

Llegan los discursos, el manifiesto que es un “SOS colectivo”, “si nadie lo remedia, estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica”. “También la calle es nuestra”, proclama luego el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. “Señora Merkel, entérese: no se puede asfixiar países. Son conjuntos de personas, y se ahogan”, advierte antes de reclamar a los grandes partidos “un pacto de Estado” que evite el paso atrás de las personas con discapacidad.