Cerco a los blindajes de la alta dirección

Algunos lo tildan de oportunismo político, demagogia; otros creen que se trata de justicia social, sentido común. El Gobierno, más concretamente el Ministerio de Hacienda, trabaja en una normativa para poner límite a las indemnizaciones que cobran los directivos cuando abandonan su compañía. Se trata de una cuestión espinosa pues afecta a una relación contractual privada entre una sociedad y un trabajador.

Aunque la hoja de ruta está aún en sus fases iniciales ya se conocen pistas de por dónde van las intenciones del Ejecutivo. La idea sería establecer un gravamen impositivo considerable (en torno a un 70%) para aquellos blindajes que excedan un número de mensualidades (se habla de un semestre). Además, se quiere dar más poder a las juntas de accionistas para que sean ellas las que aprueben o ratifiquen de forma directa los blindajes, una cuestión decidida hasta ahora en petít comité por los consejos de administración. En el Ministerio de Economía son sensibles a las remuneraciones de los altos directivos, ya que entienden que en una situación de crisis todos deben hacer sacrificios.

“En principio, no me parece mala idea establecer límites a las indemnizaciones porque, de alguna medida, estamos viendo que con la reforma laboral se está abaratando el coste de despido en todas las organizaciones”, señala Rafael Barrilero, socio de Mercer, consultora especializada en temas de recursos humanos. “Estas cláusulas son decisión de la empresa. El Consejo de Administración suele ofrecérselas a aquellos profesionales que considera importantes para la compañía. El problema es que las indemnizaciones pueden volverse en su contra si el directivo no consigue los objetivos previstos. Algunas empresas han evaluado los riesgos y prefieren ofrecer bonus de contratación y así no dejan el problema a futuro”, añade Barrilero.

Los pactos podrían necesitar el voto directo de la junta de accionistas

El uso de cláusulas antidespido no es exclusivo del mercado español. De hecho, son más conocidas por su denominación en inglés: golden parachutes (paracaídas dorados). La idea de poner coto a los contratos acorazados nace en un contexto donde el Gobierno del Partido Popular ha puesto límite a las indemnizaciones de los directivos de las empresas públicas y de aquellas entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas. La iniciativa también se produce, es necesario recordarlo, tras aprobarse una reforma laboral que permite a las empresas despedir a los trabajadores con una indemnización de 20 días y un máximo de 12 mensualidades si concurren causas económicas.

La crisis ha tenido como efecto que el número de ejecutivos con golden parachutes haya aumentado en los últimos años. A 31 de diciembre pasado (últimos datos disponibles) había 424 directivos con cláusulas de indemnización en sus contratos en las más de 100 empresas cotizadas en el Índice General de la Bolsa de Madrid, según los registros de sus informes anuales de gobierno corporativo, un 14% más que en 2007. En muchos casos, especialmente entre las compañías de mayor tamaño, el porcentaje de consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección blindados equivale al 100% de los integrantes de la planta noble.

Los contratos acorazados no son del gusto de los inversores. DSW es la mayor asociación de accionistas de Alemania y miembro fundador de Euroinvestor, la organización paneuropea de accionistas. Jella Benner-Heinacher es la presidenta de ambas instituciones y deja muy clara su postura respecto de los blindajes: “Los golden parachutes están en contra de los intereses de los accionistas y de las reglas de buen gobierno corporativo. Como representantes de los accionistas en las juntas recomendamos restringir cualquier blindaje”. Antes de imponer un límite por ley, DWS es partidario de dar a los consejos el poder de vetarlos. “Nos oponemos a cualquier pago excesivo que agrande todavía más la brecha que se está abriendo entre el salario de los directivos y el de sus empleados. De lo contrario, se estará poniendo en peligro lo que denominamos la paz social de la democracia”, advierte Benner-Heinacher.

El contraataque sería pagar en neto, subir el fijo o dar un bonus de bienvenida

La explicación de los contratos acorazados de los altos ejecutivos tiene su origen en el Estatuto de los Trabajadores, que considera que la relación laboral entre un directivo y su empresa tiene “carácter especial” y por eso sus características se desarrollan en un real decreto del año 1985. En este texto legal se establece que, si no hay un pacto previo entre la compañía y el directivo, este podrá ser despedido con una indemnización equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con un límite de seis mensualidades. Además, se fija que el empresario puede exigir al directivo que durante un determinado periodo de tiempo no fiche por otra compañía que sea competencia directa. Otra peculiaridad es que a diferencia de la relación laboral ordinaria las indemnizaciones que reciba el alto directivo son consideradas como salario y son objeto de tributación.

Teniendo en cuenta estas condiciones, lo normal es que los directivos negocien indemnizaciones mayores antes de fichar por una empresa. El problema es que en algunos casos el importe de esos blindajes puede rayar lo abusivo, sobre todo en un momento en el que la cola de las personas que buscan empleo en España se aproxima a los seis millones.

“Poner límites a los blindajes es un tema espinoso. Si no se hace con inteligencia será una medida populista. Es cierto que en España ha habido directivos que se han hecho ricos a base salir de una empresa y entrar en otra cobrando las correspondientes indemnizaciones”, argumenta Carlos Alemany, fundador de la empresa de búsqueda de directivos Alemany & Partners. “Sin embargo, pueden acabar pagando justos por pecadores. Hay directivos que no han cobrado un blindaje en toda su carrera y, si les ficha otra empresa, es lógico que negocien para garantizar los derechos adquiridos durante su vida laboral por si les echan a los pocos meses. Habría que modular la medida”, añade Alemany.

En los grupos cotizados hay 424 ejecutivos con contratos acorazados

Una de las primeras polémicas en torno a los despidos millonarios surgió cuando Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui recibieron 110 millones de euros y 43 millones, respectivamente, por abandonar el entonces Banco Santander Central Hispano. Otra salida dorada fue la de Manuel Pizarro de Endesa. El ex número dos del PP por Madrid cobró en torno a 14 millones. Más cercanos en el tiempo están los paracaídas dorados que desplegaron Gabriele Burgio en NH Hoteles (6,5 millones), Juan Carlos Torres en Duro Felguera (3,65 millones) o Manuel Vargas en Vocento (3,12 millones). Aunque no sea un blindaje, las aportaciones a los planes de pensiones de muchos directivos también les garantizan una salida más que cómoda. El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, cobró 68 millones hace tres años al dejar el BBVA.

Una de las consultoras que asesora a más empresas cotizadas en materias de retribución es Towers Watson. Manuel Montecelos, director de consultoría Estratégica de Recursos Humanos de esta firma, se muestra en contra de la intención del Gobierno de limitar los blindajes. “¿Por qué se hace? Si es con afán recaudatorio no parece que se vaya a lograr mucho dinero. Si se suben los impuestos para bajar las cláusulas no estoy seguro de que se vaya a conseguir. ¿Quién impide a una sociedad aumentar las cantidades del sueldo fijo de sus directivos cuando salga la nueva ley? Entre los directivos unos se merecerán más que otros la indemnización, pero no se puede generalizar y decir que las empresas españolas pagan un dineral en indemnizaciones”, argumenta.

El número de blindajes ha subido un 14% desde que empezó la crisis

Tras el estallido de la crisis financiera la Comisión Europea hizo pública una recomendación en abril de 2009 sobre los sistemas de remuneración de los consejeros. La Comisión consideraba necesario garantizar que los pagos por rescisión del contrato “no representen una recompensa del fracaso” y sugería que su cuantía no debería superar la cantidad equivalente a dos anualidades de sueldo fijo. Como consecuencia de esta propuesta, la CNMV promovió en diciembre de 2009 una serie de cambios en el Código Unificado de Buen Gobierno para adaptar el texto a las nuevas recomendaciones de Bruselas. La iniciativa, sin embargo, está parada desde entonces, “a la espera de que haya una orden ministerial que active la actualización del Código”, explican fuentes del supervisor bursátil.

Muchas compañías garantizan más de las dos anualidades que aconseja la UE

Estas propuestas, sin embargo, sitúan la responsabilidad sobre el futuro de los blindajes en el ámbito de la autorregulación. En el caso del Código de Buen Gobierno español basta con explicar por qué no se cumplen sus recomendaciones para cumplirlas. Y cuando las empresas no tienen presión legislativa no suelen reaccionar muy rápido a las recomendaciones. De hecho, desde que Bruselas sugirió limitar las indemnizaciones a dos años, algunas han aplicado esos cambios, pero otras muchas no. ACS, por ejemplo, tiene nueve miembros de su alta dirección, incluidos tres consejeros ejecutivos, que gozan de blindajes “de hasta cinco años de sus retribuciones”. En el caso de Iberdrola, su presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez-Galán, tiene derecho a cobrar cinco anualidades en caso de despido. Otro ejecutivo que supera las dos anualidades sugeridas por la Comisión es Antonio Brufau. El presidente de Repsol tiene derecho a cobrar tres años de su sueldo más otra anualidad por un pacto de no competencia.

“Modificar un contrato privado es de dudosa legalidad. Por eso la vía elegida parece ser que será la fiscal. Si el enfoque es impositivo puede que no se arregle nada o que las cosas vayan a peor para las empresas. Las indemnizaciones podrían empezar a negociarse en neto, como los sueldos de los futbolistas, lo que incrementaría los costes para los accionistas. Además, en función de cómo se redacte la ley y cómo se defina lo que se considera por alto directivo la confusión puede ser enorme. Los blindajes se dan en todas las jurisdicciones. Al ser una cuestión generalizada en el mercado, las empresas tienen que aceptarlos si quieren contar con los mejores”, sostiene el socio de uno de los despachos de abogados mercantiles más importantes.

¿Cómo justifican las empresas los blindajes? Las explicaciones que dan las compañías pueden incluirse en dos categorías: 1. Porque lo hace el resto; 2. Porque así atraigo y retengo a los mejores profesionales. La primera respuesta, por ejemplo, la dan en Red Eléctrica: “Las cláusulas se ajustan a la práctica habitual del mercado”, declara en su informe de retribuciones. El argumento de captar talento es de Iberdrola: “El objetivo es conseguir un grado de fidelidad eficaz y suficiente de los ejecutivos de primer nivel necesarios para la gestión de la sociedad y, de este modo, evitar la pérdida de experiencia y conocimientos que podrían poner en peligro la consecución de objetivos estratégicos”. A pesar de que los blindajes están muy extendidos entre las cotizadas españolas, todavía hay 36 sociedades cuyos ejecutivos no tienen contratos acorazados. ¿Que lo hagan los rivales no les incomoda? ¿No quieren también ellos contar con los mejores profesionales?

En el tema de los blindajes de la alta dirección el límite entre la legalidad y la ética es una línea roja muy delgada. Quizás haya que recurrir a los clásicos para buscar la frontera. George Bernard Shaw escribió una gran frase a este respecto: “El dinero no es nada. Pero mucho dinero... ¡Eso ya es otra cosa!”.