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Lucha contra la violencia machista

Amnistía denuncia las trabas judiciales que sufren las maltratadas

La ONG habla de falta de diligencia en muchos procesos por violencia de género

La escasez de abogados, especialización, información e interés lastran la resolución de los casos

 

Para una víctima de violencia de género denunciar no es fácil. La mayoría cuenta que dar el paso cuesta mucho. Por el miedo al agresor y también a lo que pasará después. Para las instituciones, solo la denuncia activa la red de protección social para las mujeres maltratadas. Pero las víctimas no tienen que vencer únicamente sus propios obstáculos. “Se enfrentan a trabas que dificultan su acceso a obtener justicia y protección”, reclama Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnístía Internacional. Barreras, argumenta esta organización, como escasez de información adecuada sobre sus derechos, graves déficit en la disponibilidad y la calidad de la asistencia letrada, faltas importantes de diligencia en las investigaciones judiciales, prejuicios sobre su situación que perjudican que puedan resolver sus procesos.

Expulsada del país

Caren (nombre supuesto), ecuatoriana de 28 años, fue expulsada hace unos meses de España. La mujer, que vivía en España en situación irregular había denunciado a su novio por violencia de género y tenía una orden de protección judicial. Tras las denuncias, Caren fue a la comisaría para informarse del plan de seguridad derivado de la orden de protección que le habían otorgado. Una vez allí, como documenta Amnistía Internacional, fue detenida y retenida dos días en comisaría. Al tercero, y sin permitirle que contactara con su familia, sin ropa y sin dinero, fue conducida al aeropuerto y expulsada del país.

Lo ocurrido a esta mujer, madre de tres hijas menores que vivían con ella en España, explica Amnistía Internacional, contraviene la Ley de Extranjería, que impide la expulsión de una mujer con orden de protección judicial. Sin embargo, la abogada que asistió a Caren en el procedimiento de expulsión, expone la ONG, a pesar de que sabía que su defendida era víctima de violencia, no hizo constar esto en el recurso contra la orden de expulsión. Tampoco se puso en contacto con la abogada de turno de oficio a la que habían asignado el proceso por violencia de género de Caren.

Como el caso de Grace, una nigeriana de 31 años, víctima desde hace años de malos tratos por parte de su novio, un hombre español. En junio, después de una paliza, fue a la comisaría con una herida en la frente. Le habían tenido que dar 10 puntos. La mujer denunció lo ocurrido. Sin embargo, a pesar del temor a nuevas agresiones, no pidió una orden de protección. Grace, tal y como revela un informe de Amnistía Internacional hecho público hoy en el que se recogen testimonios de mujeres y datos, no habla castellano y no fue asistida por ningún intérprete. Ni siquiera sabía que tenía derecho a protección. La ley Integral contra la Violencia de Género marca que debe haber una asistencia especializada a las víctimas de malos tratos, pero Amnistía afirma que eso no siempre se cumple.

Las trabas, dicen, comienzan desde el primer eslabón de la cadena, en la denuncia; pero siguen cuando la denunciante quiere acceder a un abogado. Para Amnistía, no hay suficientes abogados de turno de oficio. Y entre los que hay muchos no cuentan con la formación especializada para estos asuntos. La dotación de personal para estas causas nunca ha sido boyante, pero ahora “los recortes presupuestarios podrían estar mermando aún más la disponibilidad de abogados”, dice el informe Qué justicia especializada de esta ONG. Y los que hay, afirman, tienen poco tiempo y no mucha sensibilidad.

La mayoría de las mujeres, además, se encuentran con su abogado pocos minutos antes de la comparecencia judicial lo que dificulta, sin duda, una defensa de calidad. “Se han documentado casos negligencia grave de abogados, como no recurrir autos de sobreseimiento o no proponer la práctica de pruebas que sabían que estaban disponibles”, afirma María Naredo, investigadora y autora del informe de Amnistía. Como en el caso, documentado por la organización, de una mujer dominicana que denunció a su marido en 2012 y que estuvo esperando más de ocho horas a su abogado en la comisaría. Una larga espera para que, después, el letrado no le informara de que podía acudir a un hogar de acogida y tuviera que volver a su domicilio, con el agresor.

La organización pone el acento en el abultado número de sobreseimientos judiciales (casos archivados) en los procesos por violencia de género. Entre 2006 y 2011, el 64% de los casos fueron sobreseídos. También en que el número de sentencias condenatorias apenas está en un 60%, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Y la mayoría de las sentencias absolutorias, apunta Amnistía, se dictan por falta de pruebas. “Pruebas que el abogado no siempre propone o que el juez no reclama. Es preocupante, pero si las víctimas no aportan las pruebas necesarias para acreditar lo ocurrido, el caso es sobreseído sin apenas investigación de oficio”, afirma Naredo. Y si no hay muestras físicas de las agresiones, los obstáculos se multiplican. Las victimas tienen más dificultades para que las denuncias por violencia psicológica o sexual --donde las mujeres no tienen lesiones visibles— prosperen. "Las historias de malos tratos son muy largas, y a las víctimas, que llegan en estado de shock, no se les deja hablar suficiente ni expresarse", añade la investigadora.

"El tono de lucha política contra estos delitos ha decaído", dice una experta

La abogada Consuelo Abril, miembro de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, también cree que aún existen numerosas trabas dentro de la propia justicia para la lucha contra la violencia de género. “La ley integral fue rupturista e innovadora, va acompañada de una serie de medidas, pero son insuficientes. Y todavía queda mucho recorrido”, dice. Abril también destaca que los recortes están lastrando aún más la persecución de estos delitos. “Ha decaído como también el tono de lucha política contra estos asuntos también ha bajado”, apunta.

Abril expone que los actores –abogados, jueces, fiscales— que participan en los procesos judiciales no siempre conocen a fondo la realidad de los malos tratos. “Hay muchos profesionales que está en los juzgados de violencia de género sin formación y sin conocer las peculiaridades del maltrato, y eso es fundamental”, dice.

Como en el informe de Amnistía Internacional, esta abogada también cree que los obstáculos se hallan desde el inicio mismo de la denuncia. “Las mujeres tienen derecho a la asistencia letrada, pero suele ser una asistencia muy limitada. Primero porque los abogados de turno de oficio no son muchos y segundo por la falta de tiempo que tienen. En un despacho privado se valora durante días qué es mejor para la defendida; en el turno de oficio es común que se le dediquen algunas horas o incluso unos pocos minutos a la preparación de los casos”, dice.

Prejuicios y contradenuncias

Álvarez, la responsable de Política Interior de Amnistía, se ha mostrado preocupada por el aumento del número de contradenuncias en los procesos de violencia de género. Cada vez son más los denunciados que deciden a su vez denunciar a la mujer para aparecer también como denunciantes en los procesos. “A veces denuncian porque tienen alguna señal física de que la mujer se ha defendido. Otras lo hacen por su honor y para poner en duda la credibilidad de la mujer y su relato. Tratan de hacer ver que la denuncia de la mujer es falsa.

“Me sentí como una delincuente”

Tras años de amenazas y malos tratos psicológicos, Eva decidió denunció a su exmarido. Cuenta que cuando recibió la citación judicial llamó a la abogada para quedar con ella y preparar el juicio. La letrada la citó una hora antes del juicio, pero no apareció y envió a un compañero. “No se conocía el caso y acudí al juicio sin saber nada, sin preparación alguna”, dice. Explica que le letrado permaneció callado durante todo el interrogatorio. Su exmarido fue absuelto. “Se dijo que mi hija y yo teníamos animadversión por él. ¡Cómo no tenerla después de todo1”, exclama.

Ahora, Eva se enfrenta a otro proceso. Esta vez es ella la acusada porque su exmarido la ha denunciado por un delito de denuncia falsa. “Me sentí como una delincuente”, relata. “Yo lo único que hice fue dejar de quererle, separarme de él. Al final te quedas con una sensación de impunidad increíble”, explica.

Prejuicios no solo de los jueces o fiscales, critica Amnistía. También de los propios abogados de las propias víctimas. Sobre todo hacia las mujeres extranjeras. Como el caso de Raquel (nombre supuesto), que en una entrevista que recoge el informe de esta organización, relató que su abogada le había preguntado si utilizaba la denuncia por malos tratos para quedarse en España. “Tú no tienes cara de maltratada; tú, qué quieres, ¿los papeles’”, cuenta que le espetó la letrada.

“Tenemos que poner el foco en terminar con la situación de impunidad que se vive ahora, motivada por la falta de diligencia encadenada en los procesos”, reclama Álvarez. “Hay que derribar los mitos de sospecha, de que las mujeres se guían por móviles espurios para denunciar. Todavía hay muchos que se creen esto”, afirma.

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, afirma que se ha avanzado mucho desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género."Estamos trabjando para mejora la respuesta judicial pero se ha avanzado mucho. Hoy en día las mujeres en 72 horas tienen una decisión sobre su orden de protección, por ejemplo. La especializaicón da buenos resultados, pero tenemos que seguir desarrollando los instrumentos", dice.

La magistrada reconoce, no obstante, que aún hay que seguir trabajando. “Primero en el apartado de la formación. De todos los profesionales –desde psicólogos a jueces-- y desde la misma universidad. Y luego no podemos olvidar que con los avances de la ley también han aparecido resistencias. Uno de ellos es activar el mito de las denuncias falsas y la falta de credibilidad de las mujeres. Mitos falsos”, dice.

Desde 2009 es obligatorio que quien ocupa un órgano judicial específico –como los de violencia de género— deben pasar un curso previo de formación. En el caso de los órganos que se ocupan de los casos de malos tratos se estudian contenidos relativos a igualdad, perspectiva de género. “Además, se incorporan clases prácticas y otras en las que se dan a conocer los recursos asistenciales de los lugares donde se va a desempeñar la función”, explica Montalbán. La presidenta del Observatorio destaca, sin embargo, que la formación tiene que continuar más allá de los cursos obligatorios.

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