“Unas ortopedias pagaban comisiones del 30% al 40%”

Los pagos de comisiones a médicos de la sanidad pública de Tarragona para que envíen a sus pacientes a solo 3 de las 81 ortopedias de la provincia han sido confirmados por el dueño de uno de los tres centros médicos investigados. Juan Creus, propietario de la ortopedia Creus, aseguró: “Por todos es sabido que hay una serie de ortopedias que, acordando una previa comisión que ronda el 30% y el 40%, se adjudica las prescripciones de artículos ortopédicos de mayor importe, como prótesis, sillas eléctricas y ortesis entre otros”. Estas afirmaciones están contenidas en la investigación que lleva a cabo la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco).

Creus, que ha declinado ofrecer su versión de los hechos a EL PAÍS, también defiende ante la Acco que él no paga comisiones y solicita a Competencia de Cataluña que investigue a los demás centros ortopédicos. “Mire de incoar el expediente sancionador a las ortopedias que realmente tienen pactos informales —imposibles de demostrar, pero que todo el mundo sabe que existen— con el personal médico y sanitario”.

Las graves irregularidades investigadas por la Acco afectan a los cuatro mayores hospitales de la provincia de Tarragona, todos ellos financiados por el Departamento de Salud: el Joan XXIII y el Sant Pau y Santa Tecla, ambos en la ciudad de Tarragona; el Pius de Valls y el Sant Joan de Reus. La investigación sostiene que médicos de los cuatro centros habrían derivado a sus pacientes a las tres ortopedias investigadas —Rambla y Ceorma, además de Creus— vulnerando la libre elección de los centros e infringiendo, por tanto, la Ley de Defensa de la Competencia. Además, si se confirma el pago de comisiones, las responsabilidades podrían ser más graves.

Solo para prótesis ortopédicas, la Generalitat ha destinado este año 26,5 millones de euros, el mismo importe que en 2011. En el Camp de Tarragona, según informa el Ejecutivo catalán, existen 81 centros acreditados para dispensar artículos ortoprotésicos a cargo del CatSalut. Sin embargo, entre 2006 y 2010, las tres ortopedias denunciadas acumularon la mayoría de las prescripciones de artículos ortopédicos a cargo del erario público. En el caso del hospital Joan XXIII, las ortopedias investigadas se quedaron con el 70% de los encargos; mientras que en el hospital Sant Pau y Santa Tecla esta cifra fue del 45,28%, del 41,99% en el Pius de Valls y del 10,5% en el Sant Joan de Reus.

El Defensor del Pueblo catalán ha pedido datos a la Generalitat varias veces sin resultado

Las sospechas de irregularidades llevan muchos años envolviendo el sector en Tarragona. El ortopeda denunciante, Manuel Molina, de 72 años, asegura que detectó por primera vez el pago de comisiones hace ya 30 años. En 2003, el Departamento de Bienestar Social también abrió expedientes contra 27 empresas de ortopedia por fraude a la Seguridad Social.

En 2004, la Generalitat, tras detectar casos de facturaciones falsas, expedientó a médicos de dos hospitales —cuyos nombres no se dieron a conocer— y estableció un decálogo de normas para combatir el fraude, como impedir a los técnicos ortopedas el acceso a las consultas externas de los hospitales y obligar a exponer en lugares visibles el listado de los centros dispensadores de productos ortopédicos e informar al usuario del derecho a elegir libremente los establecimientos.

Pero todas estas recomendaciones parecen haber caído en saco roto. El Síndic de Greuges [el Defensor del Pueblo catalán], Rafael Ribó, propuso la incoación de un expediente sancionador al hospital Joan XXIII en mayo de 2010, por presunto dirigismo de sus pacientes, tras comprobar que cuatro ortopedias de Tarragona se repartían la mayoría de los encargos del centro. Pero el hospital nunca aplicó expediente alguno, confirma Josep Mercadé, gerente de la región sanitaria del Camp de Tarragona del CatSalut, organismo que tampoco ha hecho nada para contener el fraude.

La primera vez que el Síndic pidió datos sobre el caso a la Generalitat fue en julio de 1997. Lo volvió a intentar en 2002, y el 15 de febrero de 2011 informaron por carta a Molina que un año antes habían pedido un informe y documentación al CatSalut, en balde.

La Oficina Antifraude también tiene sobre la mesa una denuncia por dirigismo en los hospitales de Tarragona, presentada el 21 de diciembre de 2011. Antifraude afirma que “no puede informar” de esas pesquisas.