Siete condenados por despreciar el riesgo de terremoto en L’Aquila

La madrugada del 6 de abril de 2009, un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter mató a 309 personas e hirió a 1.500 en la ciudad de L’Aquila, en la región de los Abruzos, en el centro de Italia. Hacía meses que se venían registrando temblores en la zona, pero aquella noche los vecinos se fueron tranquilos a la cama porque solo siete días antes, la tarde del 31 de marzo, la llamada Comisión de Grandes Riesgos —formada por científicos expertos en seísmos— acudió a L’Aquila y, después de 45 minutos de reunión, dictaminó que no existía un peligro concreto. “Que la tierra se mueva”, dijeron, “es la señal de que el terremoto está perdiendo energía”. Ahora, en una sentencia histórica e inevitablemente polémica, el juez italiano Marco Billi acaba de condenar a los siete integrantes de la comisión a seis años de cárcel por homicidio culposo múltiple. Según el juez, las informaciones que los expertos suministraron a los vecinos fueron “inexactas, incompletas y contradictorias”.

Hay una frase, pronunciada por uno de los damnificados, en la que se han venido apoyando los fiscales como si fuera un bastón. Una frase pronunciada por Guido Fioravanti, pero que resume el sentimiento de muchos de los 73.000 vecinos de la capital de los Abruzos: “Mi padre murió porque creyó al Estado”. Según Fioravanti, pero también según el cirujano Vincenzo Vittorini y tantos otros, los habitantes de L’Aquila siempre vivieron con el miedo metido en el cuerpo. Cada vez que la tierra se ponía a temblar, todos salían corriendo de las casas y se refugiaban en la plaza más cercana. Pasaban la noche al relente o en el interior de los coches, una noche tras otra, hasta que la tierra se calmaba. La tarde del 31 de marzo, en cambio, la costumbre cambió.

En el seísmo de 2009 murieron 309 personas y 1.500 resultaron heridas

Aquellos siete técnicos llegados de Roma le quitaron hierro al peligro. Uno de los ahora condenados, Bernardo de Bernardinis, entonces subdirector técnico de Protección Civil, llegó a declarar tras la reunión con sus colegas: “En esta zona la oleada de sacudidas es algo que no alarma. Al revés, los técnicos piensan que es una situación favorable que la tierra se mueva, es señal de que el terremoto va perdiendo fuerza”. Los vecinos les hicieron caso y aguantaron las primeras sacudidas del 6 de abril sin moverse de casa. Pero el sismo de las 3.32 fue demasiado fuerte. Más de 20.000 edificios se vinieron abajo dejando sin casa a 65.000 personas y sin vida a 309. Desde entonces Vicenzo Vittorini ha repetido una pregunta a modo de jaculatoria: “¿Por qué nos robaron el miedo?”.

Los expertos son chivo expiatorio de los políticos, según el mundo científico

La condena dictada por el Tribunal de L’Aquila pretende dar respuesta a esa angustia, pero inevitablemente despertará muchas más. Los condenados son los que participaron en una reunión en la que, según la acusación, se hizo una evaluación del peligro “genérica e ineficaz”, pero, ¿hasta el punto de condenarlos a seis años de prisión —dos más de los que pedía la fiscalía— por un delito de homicidio múltiple? La lista de condenados da también idea de la trascendencia del fallo: el entonces presidente de la Comisión de Grandes Riesgos, Franco Barberi, el subdirector técnico de Protección Civil, Bernardo de Bernardinis, el presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Enzo Boschi, el director del Centro Nacional de Terremotos, Giulio Selvaggi, el director del Centro Europeo para la Formación y la Investigación de la Ingeniería Sísmica (Eucentre), Gian Michele Calvi, el profesor de Física de la Universidad de Génova Claudio Eva, y el director de la Oficina de Riesgo Sísmico de Protección Civil, Mauro Dolce. A la espera de conocer los argumentos de su condena, Enzo Boschi confió a la prensa italiana: “Estoy desesperado. Pensaba que sería absuelto. Todavía no entiendo de qué se me acusa…”.

Tampoco lo entiende parte de la comunidad científica internacional, que desde que se abrió el proceso no ha dejado de apoyar a sus colegas encausados. “Se les quiere convertir”, es la advertencia más generalizada, “en el chivo expiatorio de los políticos. Las casas se cayeron porque estaban mal construidas. No se les puede condenar por no prever algo imposible de prever”. Los abogados de los expertos ya han anunciado que recurrirán la sentencia, que además de los años de cárcel incluye la imposibilidad de volver a ocupar un puesto público, una compensación a las víctimas de 7,8 millones de euros y las costas, que ascienden a 100.000 euros. La entonces presidenta de la provincia, Stefania Pezzopane, del centro-izquierda, ha declarado: “Esta sentencia requería valor y los jueces lo han tenido. Al fin un poco de justicia para L’Aquila”.