Licenciado y endeudado

Con precios de las matrículas crecientes y becas menguantes, la Universidad española corre el riesgo de convertirse en un sistema “muy desigual, porque básicamente solo los ricos podrían permitirse el lujo de estudiar, perpetuando las desigualdades sociales”, describe desde la distancia de una observadora internacional la profesora de la Universidad de York, en Toronto (Canadá), Sheila Embleton. Es la misma lectura que hacen quienes protestan desde hace meses en las facultades españolas. Frente a esas movilizaciones y esos miedos, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, apuntó recientemente la posibilidad de establecer un sistema de préstamos a estudiantes que le permitan a cualquiera pagar esas tasas que hoy son más caras. Su departamento está “en conversaciones muy avanzadas” con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ponerlo en marcha, aseguró.

Sin embargo, con independencia de la credibilidad de la puesta en marcha de esos préstamos en el actual contexto de crisis —enquistada entre otras razones por la falta de crédito—, la experiencia en otros países apunta a que ese tipo de sistemas se deben implantar con sumo cuidado, para que no acaben generando aún más desigualdades, y teniendo bien claras las respuestas a las preguntas cruciales de este debate: ¿quién debe pagar la universidad?, ¿cómo?, ¿cuánto?

La universidad, como cualquier servicio, lo puede pagar principalmente el Estado (es decir, entre toda la sociedad a través de los impuestos) o principalmente el que la usa, es decir, en este caso, los estudiantes y sus familias a través de las matrículas. Esos dos modelos básicos están representados en sus extremos por los países escandinavos (donde la matrícula es gratuita) y por países como EE UU o Chile (donde los alumnos asumen la mayor parte del coste).

Inglaterra pasó de un sistema gratuito a cobrar más de 11.000 euros

Aunque entre unos y otros hay muchos puntos intermedios, en la mayor parte de los casos donde las matrículas son altas existen fuertes sistemas de becas y ayudas al estudio para asegurar que nadie con capacidad se queda sin estudiar por falta de recursos. Es decir, lo que en términos sociales se llama asegurar la igualdad de oportunidades y, en términos económicos, evitar la pérdida de talento de los recursos humanos de un país.

Hasta ahora, España entraba en la categoría de precios bastante asequibles, pero con un “limitado acceso a ayudas”, decía un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). España destina a becas y ayudas el 0,11% de su PIB frente al 0,29% del PIB de media en los países de la OCDE, y el 0,37% de Australia. En España, en 2009 un tercio de los universitarios tenía alguna beca o ayuda; en Australia era el 81% y en EE UU, el 76,5%, según los datos publicados por la OCDE.

Pero desde este año, el cambio normativo fijado por el Ministerio de Educación español ha significado una liberalización de facto de los precios en las universidades públicas (con unas subidas que llegan en algunas comunidades hasta el 50% para los recién llegados, hasta 400 euros, y mucho más para los repetidores y los alumnos de máster) que conduce al sistema hacia una especie de tierra de nadie, pues el crecimiento de las tasas no se está compensando con más becas.

Wert negocia con el ICO para lanzar préstamos para los estudiantes

De hecho, lejos de subir, las ayudas se enfrentan a fuertes tensiones por los recortes educativos. Además, independientemente de los presupuestos (por segundo año, el Gobierno los ha mantenido para las ayudas generales universitarias), los nuevos requisitos de notas que han de obtener los becarios para seguir siéndolo harán que este año pierdan la ayuda en torno al 17% y que la cifra llegue a más del 32% el próximo curso, según los cálculos de los especialistas en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José Antonio Pérez García (Politécnica de Valencia).

En ese contexto —las protestas de la comunidad universitaria y el malestar de los alumnos afloran constantemente en este principio de curso en forma de movilizaciones— aparece la propuesta del ministerio de un sistema de préstamos.

Y llega apenas seis meses después de que el propio ministerio eliminara la única convocatoria de este tipo que existía en España (préstamos avalados por el ICO para estudiar másteres o doctorados), porque las condiciones que se podían ofrecer eran muy poco ventajosas. “En 2011, las condiciones marcaban unos intereses del 5,43% y, con ellas, la demanda no llegaba a las 1.000 solicitudes. Por eso, el ministerio decidió suspenderlos temporalmente hasta que se logren unas condiciones adecuadas.

Ahora nos encontramos en el momento en el que se sigue negociando con el ICO unas condiciones favorables para los estudiantes”, explica un portavoz de Educación.

Solo un tercio de los alumnos tiene ayuda en España; en EE UU es el 76%

Estos créditos nacieron con el nombre de préstamos-renta, pues los beneficiarios no debían empezar a devolverlo hasta que terminaran los estudios, encontraran un empleo y alcanzaran un determinado nivel de ingresos. Algo parecido es lo que hace unos años le recomendó a España la OCDE: subir los precios de las matrículas para asegurar mejor la calidad y sostenibilidad de las universidades, pero, a la vez, “ampliar y diversificar considerablemente el sistema de apoyo a los estudiantes”, esto es, complementar el sistema de becas para aquellos alumnos con menos recursos “con un plan de préstamos universal a devolver en función de los futuros ingresos”.

Este era exactamente el plan del anterior Gobierno del PSOE (que planteaba encarecer las matrículas, sobre todo, a los repetidores, a la vez que engordaba las ayudas), pero con la idea de implementarlo una vez superada la actual crisis económica. “Lanzar un sistema de préstamos de este tipo es muy caro, y España probablemente no esté en condiciones de hacer esa inversión. Requiere un importante gasto inicial que solo se recupera cuando los estudiantes comienzan a pagar”, explica la analista de educación superior de la OCDE Barbara Ischinger.

En todo caso, prospere o no la iniciativa del ministro, ya ha reabierto el debate que está recorriendo todo el planeta sobre la sostenibilidad de una universidad de masas y que en España sigue abierto de par en par. El mes pasado, la OCDE fue la anfitriona de una conferencia internacional sobre el tema dirigida por Ischinger, en la cual se repasaron los distintos modelos de financiación de los campus que existen en todo el mundo. Por ejemplo, el británico, al cual aludió la secretaria de Estado Montserrat Gomendio cuando mencionó recientemente también los préstamos para estudiantes.

La subida de las matrículas llega a alcanzar los 400 euros

El sistema de tasas universitarias que se aplica en Inglaterra (Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen transferidas total o parcialmente las competencias) es extraordinariamente polémico y cuenta con el rechazo absoluto de los jóvenes. Inglaterra ha pasado de un sistema completamente gratuito a pagar unas tasas de 1.000 libras anuales (1.250 euros) en 1998, un máximo de 3.000 en 2003 y un tope de hasta 9.000 libras anuales (11.250 euros) desde diciembre de 2010.

La idea es compensar esa brutal subida con un sistema que permite a los estudiantes no pagar nada hasta que, una vez acabados los estudios, se han incorporado al mercado de trabajo y están ganando un sueldo de al menos 21.000 libras anuales (26.250 euros). El dinero se presta a un interés del 3% más la inflación y la parte a devolver cada año no puede superar el 9% del salario de ese año.

Aunque el modelo cuenta con la ventaja de que la educación la paga quien se beneficia de ella, y no todos los contribuyentes, y no hay que tener el dinero por adelantado para poder estudiar, lo cierto es que desincentiva a los jóvenes más humildes para estudiar una carrera. Además, provoca una división entre estudiantes pobres, que irán a las peores universidades porque son más baratas, y los ricos, a pesar del sistema de becas y ayudas para los estudiantes con mejor historial procedentes de familias con bajos ingresos. Asimismo, el gran problema es que el sistema ha disparado enormemente el coste de los estudios y deja a los recién licenciados con una deuda inmensa en un momento en el que probablemente necesitan el dinero para poder financiarse un modo de vida independiente de sus familias.

“Aún es pronto para evaluar el sistema inglés, pero parece que de momento ya ha reducido la entrada de jóvenes en la universidad, lo cual es preocupante”, dice el profesor de la Universidad de Helsinki Ilkka Arminen. “Además, la amortización de los préstamos puede tener efectos a largo plazo”, añade.

Los británicos ya han observado una caída en la entrada en los campus

Un ejemplo de esos efectos está en Estados Unidos, donde millones de jóvenes se han visto atrapados con deudas enormes, dentro de lo que muchos expertos han llamado la “burbuja universitaria”. Es algo parecido a la burbuja inmobiliaria que tanto le sonará al lector español. Al fluctuar en el mercado el precio de una vivienda (o una carrera universitaria) en un contexto de absoluta facilidad para acceder al crédito, el precio de casa (carrera) se puede ir inflando artificialmente hasta alcanzar un coste absurdo que no se corresponde con su valor real (los trabajos a los que dan acceso esos títulos), a pesar de lo cual el comprador-titulado se ve obligado a pagarlo durante años y más años...

Sacarse una licenciatura en Estados Unidos en 2010 costaba unos 9.654 euros de media, también en la pública. Hasta los años setenta las matrículas en centros públicos de Nueva York y California eran gratuitas, pero la idea del coste compartido se fue imponiendo de tal manera (acompañado por lo que pronto se convirtió en un negocio de préstamos estudiantiles) que el precio ha aumentado en un 900% en los últimos 30 años y desde 1999 las cifras de la deuda estudiantil también se han disparado en un 511%, hasta alcanzar en 2010 los mil millones de de dólares. Tan es así, que el presidente Barack Obama tuvo que anunciar el año pasado un plan para aligerar la devolución de créditos de los titulados que peor lo están pasando y que el movimiento Ocupa Wall Street llegó a recoger firmas de universitarios dispuestos a no pagar sus deudas.

“Más allá de la retórica de EE UU sobre la bondad de que los consumidores-estudiantes tomen decisiones bajo criterios de inversión, la realidad es que la mayoría de los estudiantes pobres tienen enormemente limitadas sus opciones de educación superior”, explica la profesora de la Universidad George Washington (Estados Unidos) Elaine El Khawas.

En EE UU, millones de jóvenes están atrapados con grandes deudas

La profesora cree en las bondades de que el Estado sea el principal pagador de la universidad —“Es mejor para el crecimiento económico y para la movilidad social”, señala—, pero admite que ese modelo es imposible “a menos que la mayoría de los votantes crean en él y confían en su Gobierno de mantenerlo a largo plazo”. “Mi corazón está con este sistema, sobre todo, porque es compatible con las esperanzas y los sueños de las personas, independientemente de su origen. Mi cabeza, sin embargo, acepta que la mayoría de los Gobiernos de todo el mundo, y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, prefieren el modelo de financiación compartida”.

Un modelo que también defiende la profesora de la Universidad de York, en Toronto, en Canadá, Sheila Embleton. Y plantea la pregunta básica: ¿cuánto entonces debe pagar cada uno si todos se benefician, individuo y sociedad? “Es difícil, pero mi opinión es que cuando la recompensa personal es particularmente alta (por ejemplo, un MBA, el título de médico), la proporción que paga el estudiante debe ser mayor. También creo que siempre debe estar disponible una combinación de beca-préstamo que permita a un estudiante pobre pagar por un programa de MBA, pero, dado que los ingresos futuros serán altos, me parece bien que el préstamo a devolver sea alto”, añade.

El Khawas considera que el mejor modelo de coste compartido es el australiano. Es parecido al inglés, es decir, los alumnos no tienen que pagar, pero luego tienen que devolver el dinero de las tasas una vez que están trabajando, pero “incluye muchos ajustes para permitir a aquellos que terminan trabajando por un salario bajo o no funciona en absoluto”, dice, además, de permitir que en algunos casos los préstamos se conviertan en becas si se obtienen muy buenas notas.