Barra libre en Sciences Po
El elitista Instituto de Estudios Políticos despilfarró dinero público sin el menor control estatal, según el Tribunal de Cuentas francés
“Huída hacia delante”. “Gestión poco escrupulosa de los dineros públicos”. “Sueldos estratosféricos sin contrato”. “Alquileres muy caros gratis para algunos profesores”. Una docena de epígrafes similares a estos salpican el demoledor informe de 210 páginas, revelado hoy por ‘Le Monde’, que el Tribunal de Cuentas ha elaborado sobre Sciences Po, la legendaria facultad de Ciencias Políticas de París. Los magistrados afirman que el excéntrico y difunto exdirector, Richard Descoings, gestionó desde 2005 el centro, dotado con subvenciones que pasaron de 47,7 millones en 2005 a 63,3 millones en 2010, “en total ausencia de control exterior e interior”, despilfarrando dinero en sueldos y prebendas, incurriendo en amiguismos frecuentes y despreciando las reglas de la administración y la lógica del mercado.
Richard Descoings no conocerá nunca el veredicto del tribunal porque murió en abril pasado de forma súbita en una habitación de hotel de Nueva York, mientras asistía a un congreso internacional de intelectuales y rectores. Aquella muerte misteriosa, por paro cardiaco, se cerró sin embargo sin investigación criminal porque la autopsia reveló que fue natural. Descoings era un personaje muy curioso. Inteligente, provocador, mediático, pasó meses en el ojo de la atención pública por su estrecha relación con Nicolas Sarkozy, quien le encargó el informe en el que basó su reforma de la universidad pública. Más tarde se descubrió que su sueldo superaba el medio millón de euros, cifra quizá demasiado generosa para una institución semipública. Descoings replicó que había abierto las cerradas aulas del prestigioso Instituto de Estudios Políticos (IEP) a los estudiantes menos favorecidos y los extranjeros, y que se ganaba el sueldo.
Ahora, el Tribunal de Cuentas afirma con algo menos de lirismo que los años Descoings fueron una especie de bacanal financiera, y su gestión una informal reunión de amigos menos serios que la escuela. El director se subió el sueldo a sí mismo un 60,4%, hasta cobrar 537.246,75 euros en 2010, que cayeron hasta 505.806,29 euros en 2011. El tribunal apunta que el sueldo máximo de otros responsables universitarios similares fue ese año de 160.095,61 euros, y recuerda que Descoings no tenía siquiera contrato formal y su salario no fue aprobado en el consejo de administración.
Su número dos y administrador, Jean-Claude Casanova, presidente de la caja fuerte del instituto, la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) vio cómo sus honorarios pasaban de 16.500 euros en 2007 à 36.000 en 2010 y 2011 (contra 9.375,72 que ganaba su predecesor). Casanova ingresó 69.000 euros en 2009, y según el Tribunal su retribución tampoco respetaba “las reglas fijadas por Hacienda”.
Las cuentas de resultados de Sciences Po fueron negativas en 2005, 2006 y 2008, pero eso no relajó el tren de vida. Gobernada con “opacidad heterogénea”, y los criterios de empresa privada que Descoingns recomendó en su informe sobre la universidad pública, la facultad hizo contratos de lujo a profesores estrella que apenas trabajaban unas horas y atribuyó primas a los funcionarios, mostrándose “incapaz de manejar la masa salarial”. Todo ello no se tradujo en ventajas para los estudiantes, porque la escolaridad completa (cinco años) en el IEP costó de media 51.700 euros en 2010, contra los 35.000 que valía en la Alta Escuela de Comercio (HEC).
El Tribunal también valora la promesa de Richard Descoings de abrir la escuela a las clases populares, y sentencia que, aunque es verdad que en 2010 hubo más becarios que en 2005, no alcanzó “el porcentaje del 30% esperado en 2012”. Al mismo tiempo, los estudiantes hijos de padres con trabajo y estudios superiores aumentaron en cinco puntos, pasando en un lustro del 58,5% al 63,3%.
Bien relacionado con los bancos, Descoings pidió incluso cuatro préstamos en su lustro de champán y reformas. Uno de ellos es definido por la Corte como “especulativo y peligroso”. Pero la culpa, concluye el informe, es del Estado, que pese a ser el primer financiero de la fundación, nunca la controló.
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