Los sin papeles tendrán que pagar entre 710 y 1.800 euros por la atención sanitaria

Un mes después de que los inmigrantes irregulares fueran excluidos de la sanidad pública, se pone en marcha una póliza que deberán pagar a partir de ahora si quieren volver a estar cubiertos, que costará 710 o más de 1.800 euros según la edad. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por la ministra de Sanidad, Ana Mato, y formado por los consejeros autonómicos del ramo, ha ratificado en su reunión de esta mañana el proyecto que establece los requisitos básicos del Convenio Especial de Prestación de Asistencia Sanitaria a suscribir por personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias de la sanidad pública española.

La póliza que aprobó ayer el Consejo es la vía ideada por el Ministerio de Sanidad para permitir que los inmigrantes en situación irregular, a los que se ha retirado la tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre, puedan acceder de nuevo a la red pública sin que se les facture la atención previo pago de 710,40 euros anuales en el caso de menores de 65 años, a razón de 59,20 euros mensuales, y de 1.864,80 euros anuales para mayores de 65 (155,40 al mes). Según ha podido saber este periódico, la pretensión del ministerio es que la cobertura de esta póliza se limite a la cartera básica de servicios, lo que deja fuera el transporte sanitario o las prótesis externas (sillas de ruedas, corsés). Pero también cualquier tipo de ayuda en la compra de medicamentos: quienes se acojan a esta opción deberán pagar el 100% de su coste.

Esta solución restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León) están facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situación irregular. La póliza sería la única forma de evitar recibir una reclamación de cobro por cada acto sanitario en la red pública.

La medida es una clara muestra de quiénes son los beneficiarios potenciales de estas pólizas. No se trata de los inmigrantes sin papeles entendidos como los trabajadores extranjeros que están en situación irregular (subsaharianos, magrebíes o latinoamericanos en su mayoría). Estos siguen desamparados, inmersos en el laberinto burocrático de ver cómo soluciona cada comunidad su caso —si es que lo hace—. La propuesta va dirigida a ciudadanos europeos o de países ricos (Estados Unidos, sobre todo) que pueden tener la tentación de acudir a España para ser tratados de algo que o bien su país no les cubre, bien tarda mucho en hacerlo o bien lo hace pero cobrándoles parte. También servirá para los españoles que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social pero ganen más de 100.000 euros anuales (rentistas). Es, claramente, el ejemplo de que los inmigrantes sin papeles son las víctimas colaterales del intento de frenar el llamado turismo sanitario —ese sobre el que alertaba el Tribunal de Cuentas en 2009, con un coste de facturas impagadas de más de 900 millones de euros—. Fuentes del Ministerio de Sanidad admiten que esto es así, pero desde abril, cuando se puso de manifiesto la situación de desamparo en que quedaban estas personas (unos 150.000 ciudadanos no comunitarios según cálculos de EL PAÍS, aunque otros cálculos lo elevan a 200.000), el departamento que dirige Ana Mato no ha formulado una solución para atenderles, dada la manifiesta incapacidad económica de muchos de ellos para suscribir estas pólizas.

Momentos antes de comenzar la reunión, el consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha asegurado que las comunidades gobernadas por el Partido Popular mantendrán las mamografías dentro de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), desmintiendo así las informaciones que apuntaban que iba a revisarse la cobertura pública de estas pruebas esenciales para la prevención del cáncer de mama.

La ministra y los consejeros autonómicos han dado además luz verde al proyecto de orden por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema nacional de Salud, un instrumento similar al NICE británico cuyo objetivo será la actualización permanente de la cartera de servicios para incluir los avances tecnológicos que hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia.

El Consejo Interterritorial de Sanidad ha renovado también a los seis vocales del Comité de Bioética de España propuestos por las comunidades autónomas. Con las nuevas incorporaciones, ganan peso los miembros de perfil conservador y, en algunos casos, con posiciones claramente contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo o a la investigación con células madre de origen embrionario, dos de los asuntos sobre los que el Comité de Bioética está llamado a pronunciarse.

Por primera vez, ningún miembro del equipo de Ana Mato compareció tras el encuentro para explicar estas medidas. Según Sanidad, la reunión tenía un carácter técnico que lo hacía innecesario. Esta actitud ha motivado una protesta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que entiende que es "una falta de respeto a los ciudadanos" y "a los periodistas que acudieron a cubrir el acto". "Con la situación de cambio que está sufriendo el sistema sanitario, los miembros de la Junta Directiva de ANIS consideran inaceptable que se niegue la oportunidad de hacer preguntas a los máximos responsables de la sanidad española", indican en un comunicado. .