El imperio de la información

Gracias al trabajo de dos colegas —Natalia Junquera y Mónica Ceberio— nos hemos enterado esta semana de que funcionarios estadounidenses tienen la potestad de acudir a un aeropuerto europeo e impedir el embarque de un pasajero que ellos consideren sospechoso y cuyo avión iba a atravesar el espacio aéreo de Estados Unidos. En España, imponen tan estricto control a los vuelos con destino u origen en Canadá, Cuba y México. Es un sistema que EE UU ha impuesto de manera unilateral sobre una base legal más que cuestionable.

En diciembre pasado, tras una larga y dura negociación, entró en vigor el acuerdo que Washington persiguió durante años con la Unión Europea: el conocido como PNR. Ese acuerdo le permite acceder a los datos de los pasajeros de vuelos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Solo tres meses después, Washington ha ampliado de esta manera su radio de acción a pesar de que tal posibilidad es una interpretación demasiado amplia de ese acuerdo, pero las compañías aéreas, de no seguir sus instrucciones, se arriesgan a que Estados Unidos les impida el paso. ¿Por qué? Porque temen el desvío del avión con fines terroristas y porque ni las autoridades nacionales ni las europeas parecen dispuestas a tomar cartas en el asunto. Así que a través de esta noticia ya somos todos un poco más conscientes de lo inermes que estamos ante un país que rechaza la justicia universal que representa el Tribunal Internacional de Justicia, pero que no duda en erigirse en policía global.

Gracias a aquel acuerdo de diciembre, EE UU controla los datos de esos millones de pasajeros que cruzan el Atlántico. Forma parte de su visión de la guerra antiterrorista. Washington coteja esos datos con su lista de “indeseables” y rechaza a quienes considera peligrosos con unos métodos preventivos que reducen las garantías procesales del ciudadano y en modo alguno respetan los estándares europeos. ¿Cómo es posible que ahora la misma Comisión Europea que suscribió el acuerdo PNR diga que esto no le compete? ¿Por qué no reaccionan las autoridades nacionales?

La larga batalla para impedir el PNR fue liderada en su momento por el Parlamento Europeo. A una parte importante de los eurodiputados les preocupaba especialmente el uso de los datos privados de los pasajeros. Finalmente, se logró dejar fuera alguna de las exigencias americanas, como la de consignar la religión de los viajeros. Sin embargo, también esta batalla de la privacidad parece estar perdiéndose de manera irremisible y no solo por la imposición de los funcionarios americanos, sino por ese elenco de empresas que, en cuasi régimen de monopolio, operan en Internet a nivel mundial. Google, Facebook, Amazon, Twitter, Apple... Sus agresivas políticas comerciales, su creatividad y su indudable talento en el control de las tecnologías de la comunicación son una seria amenaza para la privacidad de los ciudadanos.

Estas empresas utilizan los datos para optimizar el impacto de la publicidad, entran en las bibliotecas digitales de los usuarios para arrebatarles una obra que deben retirar o publican sus mensajes privados alegando que no eran tales y que los contratos firmados así lo permiten. No es algo exclusivo de tales empresas, pero la dimensión de sus negocios da idea de su extraordinario poder. Facebook cuenta ya con 995 millones de usuarios activos. Twitter, con 500.

Puede que China desbanque pronto a Estados Unidos como primera potencia mundial, pero solo en términos de producto interior bruto y este no contabiliza una fuente de poder tan importante como la información. Esta, como se ve, está siempre en las mismas manos. Todos los ciudadanos de a pie —y no solo los europeos— deberíamos estar preocupados por todo esto.