La comunidad internacional, denunciada por no impedir el vertido del Probo Koala

Amnistía Internacional (AI) y Greenpeace han denunciado a la comunidad internacional por no impedir que el buque Probo Koala, fletado por la multinacional petrolera Trafigura, efectuara en 2006 un vertido tóxico en Costa de Marfil que causó 15 muertes y envenenó a 100.000 personas. En el informe final sobre la tragedia, publicado hoy en Dakar (Senegal), ambas organizaciones piden también la apertura de una investigación criminal contra la rama británica de la firma. Según ellas "tomó las decisiones que provocaron el desastre". La travesía del Probo Koala, que descargó ilegalmente en Abiján, capital marfileña, 528 toneladas de basura derivada del lavado cáustico de gasolina sin refinar, muestra las lagunas de la legislación internacional sobre la exportación de restos contaminantes. El informe coincide con la reunión, en Ginebra, de los miembros de la Convención de Basilea sobre el control transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación.

Seis años después, el daño causado por el Probo Koala sigue visible. Si bien Trafigura nunca ha admitido su responsabilidad, en 2007 llegó a un acuerdo con el Gobierno de Costa de Marfil y compensó a las familias de los 15 fallecidos con 150 millones de euros. En 2009, desembolsó otros 33 millones de euros para los 30.000 afectados que la denunciaron ante la justicia británica. Miles de estos últimos, sin embargo, aún no han recibido el dinero. La autodenominada Coordinadora Nacional de Víctimas de Residuos Tóxicos de Costa de Marfil, se hizo con el control de la suma y truncó el reparto. Aunque las investigaciones continúan, el pasado mayo, Adama Bictogo, ministro de Integración, fue cesado por participar en el fraude.

"Al pueblo de Abiján le han fallado sus gobernantes y los países europeos que no aplicaron sus propias leyes", según Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. "El vertido letal muestra que la normativa internacional es más lenta que las multinacionales, que aprovechan las lagunas legales en beneficio propio", añade Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace. Las dos organizaciones dudan asimismo de la legalidad del pacto de inmunidad firmado con las autoridades de Costa de Marfil.

Los acuerdos extrajudiciales son corrientes en casos de contaminación ilegal, pero el Probo Koala, que intentó primero dejar sus basuras en Gibraltar, Italia, Malta, Francia y Holanda, muestra la ineficacia de las normas que regulan el envío de productos tóxicos europeos a países en desarrollo. Trafigura (la tercera mayor empresa independiente del ramo) tiene sirve a British Petroleum, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhillips y Chevron. Con sedes en Londres, Ámsterdam y Ginebra, siempre ha mantenido que su carga eran "aguas sucias del lavado de los tanques, gasolina y productos cáusticos". En 2009, se supo que la correspondencia interna de su director, Claude Daufin, describía ya en 2006 la toxicidad de los residuos. Pero cuando la ONU relacionó "las sustancias con las muertes", él alegó "falta de rigor científico".

En Ámsterdam, pidieron 500.000 euros por limpiar el buque. A la petrolera, con sede central holandesa, le pareció caro. La carga no podía salir de la UE, "pero el contrato de la compañía costamarfileña Tommy no estipula su tratamiento en condiciones de seguridad", concluye el estudio. Cinco años después de haber autorizado el viaje del Probo Koala, la justicia holandesa multó con un millón de euros a Trafigura por exportación ilegal. Justo lo que la cita de Ginebra intenta controlar mejor a partir de ahora.