Castilla y León aportará un 20% más por los servicios de la dependencia

Días, casi horas antes de que entre en vigor el decreto gubernamental que impone fuertes recortes para la dependencia, Castilla y León ha rediseñado su modelo para permitir el traslado de recursos económicos y personas desde la prestación económica a los servicios. La comunidad, una de las que presenta mejores gestión y resultados según los datos oficiales, incrementará en un 20% el dinero que destina a sufragar los servicios sobre el máximo que impone el Gobierno. Para disponer de ese dinero rebajarán la paga que recibe el cuidador familiar y ajustarán el copago de los usuarios. También se ha exigido un esfuerzo al sector privado con los precios, de tal forma “que todo el mundo, incluso los que menos tienen puedan pagarse un servicio profesional”, afirman en la consejería.

La consejera de Familia, Milagros Marcos, ha alcanzado en los últimos días acuerdos con los sindicatos, las patronales, el sector de la discapacidad y los mayores. A partir de ahora las cuidadoras de ancianos en casa verán reducida su paga no un 15% como obliga el Gobierno sino un 30% en esta comunidad. Y en 2014 solo percibirán la mitad de la suma actual. Si esta reducción resulta inviable a las familias pueden cambiar la prestación “de forma inmediata” por servicios profesionales, ya sea ayuda a domicilio, centros de día o plazas residenciales.

La filosofía de este modelo viene marcada por la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Castilla y León es de las comunidades que menos prestaciones para el cuidador familiar ha concedido, tal como establece la ley. A pesar de ello, siempre recuerdan que tienen 7.700 plazas de residencia vacías que, de llenarse, supondrían 5.159 puestos de trabajo. En la actualidad 25.000 personas reciben esa ayuda que se convertirían en 11.000 puestos de trabajo a domicilio o casi 17.000 si se trata de centros de día o residenciales, según los cálculos elaborados por la comunidad.

A partir de ahora, las residencias privadas adaptarán sus precios: aquella que quiera recibir usuarios con una ayuda pública por dependencia tendrán que ajustar sus precios entre 1.000 y 1.500 euros al mes. El riesgo en una región muy rural es el desarraigo de los ancianos desde sus casas a los lugares donde se ubican las residencias. “No tiene por qué ser así, porque pueden cambiarlo por ayuda a domicilio, que prestarían los propios geriátricos o centros de día, pero, además, tenemos un buen mapa de residencias rurales”, asegura la consejera.