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10 aerolíneas de China e India desafían la norma de la UE sobre el CO2

Una decena de compañías no remiten datos de sus emisiones a la Comisión Bruselas no descarta multas si en un mes no tiene los números 1.200 firmas de EEUU, Canadá, Rusia y Japón sí cumplen con la norma

Un total de 10 aerolíneas de China e India no han enviado a la Comisión europea los datos de sus emisiones de CO2 en el año 2011. Ese es el primer paso para comenzar a cargarles por sus emisiones de gases de efecto invernadero, como marca la directiva europea, que incluye todos los vuelos con origen y destino en la UE y que ha sublevado a estos países. Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Bruselas la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, al presentar los datos de las emisiones industriales en 2011.

Hedegaard ha destacado que el cumplimiento de la norma de emisiones de la aviación ha sido amplia, y ha citado que ha recibido los datos de "todas las aerolíneas de EE UU, Canadá, Rusia, Brasil, México, Sudáfrica, Catar, Japón, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Las únicas excepciones son China e India". Se trata de 10 aerolíneas: ocho de China dos de India. Según la comisaria, esas "suponen menos del 3% de las emisiones totales" mientras que "1.200 aerolíneas de otros países han cumplido sistemáticamente los requerimientos de la UE".

China e India han sido los países más beligerantes contra la directiva europea, que fue ratificada por el Tribunal de Justicia de la UE, y que obliga a las compañías a comprar el 15% de las emisiones de sus vuelos (el 85% lo reciben gratis, de momento). Según distintas estimaciones, el pago por el CO2 supone un recargo de unos euros en un billete entre París y Pekín (aunque depende de la emisión y la asignación de cada compañía).

India amenazó con dinamitar la negociación climática en la ONU y Airbus ha denunciado retrasos en pedidos desde China en represalia. Ambos países consideran que al no estar obligados por el Protocolo de Kioto esta es una forma de la UE de comenzar a imponerles obligaciones en el sistema internacional del clima. Incluso compañías europeas como Iberia han pedido a la UE que retire la directiva.

Pugna por la subasta de CO2

La UE está retrasando la primera subasta de derechos de emisión para 2012 para ver si remonta el precio. España podría conseguir en esa primera subasta entre 80 y 100 millones de euros y posteriormente unos 1.000 millones al año. Aunque la directiva europea dice que ese dinero se destinará preferentemente a proyectos de lucha contra el cambio climático, en la ley española no queda claro. Así que Medio Ambiente pretende destinarlo a un fondo de empleo forestal, según anunció en el Congreso el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Sin embargo, Industria ya intentó colocar ese fondo para pagar primas a las renovables y Hacienda también le ha echado el ojo.

Hedegaard ha confiado en que se llegue a un acuerdo en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional que permita terminar con las amenazas de guerra comercial. Al menos públicamente, la comisaria es la principal valedora del sistema europeo de cobrar el CO2, ya que apenas se oye a otros comisarios o al presidente de la Comisión defenderlo.

Las aerolíneas que faltan tienen hasta mitad de junio para enviar sus datos de emisiones y si siguen sin hacerlo serán los Estados miembros desde las que despegan o aterrizan los que podrán empezar el procedimiento para multar a las compañías.

Hedegaard ha detallado que en 2011 las emisiones de las 12.000 industrias de los Veintisiete sometidas al comercio de derechos de emisión bajaron un 2% mientras que en la UE hubo crecimiento económico: "Esto demuestra que la reducción de emisiones y el crecimiento económico pueden ir juntos".

En España, las emisiones del sector industrial subieron el año pasado un 9,2%, principalmente porque las ayudas al carbón nacional dispararon la generación eléctrica con carbón. Según la norma que aprobó el Gobierno socialista, las eléctricas debían quemar carbón nacional en lugar del importado. Pero como ha demostrado Ecologistas en Acción, el carbón nacional ha entrado en el sistema a costa de gas natural, que emite menos CO2. El resultado es la primera subida de emisiones en tres años.

El sistema de comercio de derechos de emisión está en profunda revisión, ya que hay un exceso de asignación a las fábricas (se hizo antes de que la crisis desplomara la producción industrial) y eso ha hundido el precio del CO2. Cada tonelada de derecho de emisión está a unos 6,5 euros cuando toda la política europea estaba diseñada pensando en unos 20.

En países como España, con la producción industrial desplomada, el sistema ha supuesto grandes beneficios para la industria pesada, que vende las cuotas que recibió gratis. Así, la industria pesada ha logrado con este mecanismo unos 1.300 millones de euros desde 2008, mientras que el Estado ha pagado ya 770 para compensar el exceso de los llamados "sectores difusos", como viviendas y transporte.

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