La igualdad gay arraiga

“Las parejas del mismo sexo deberían poder casarse”. Las palabras de Barack Obama en una entrevista, el pasado 9 de mayo, han reavivado el debate sobre el matrimonio homosexual. Solo un día antes los ciudadanos del estado de Carolina del Norte votaron prohibir las uniones civiles de homosexuales. La confrontación de ideas es evidente. El líder del Partido Republicano, Mitt Romney, dio su respuesta tres días después: “El matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer”.

Las palabras del presidente norteamericano no cambian la legislación, ya que las leyes matrimoniales dependen de los estados. Pero la cuestión ha trascendido las fronteras de Estados Unidos y sus implicaciones en la campaña electoral en ese país. Las organizaciones defensoras de los derechos de homosexuales han cogido la bandera para volver a reivindicar que en muchos países de todo el mundo, incluso con democracias avanzadas como Francia o Italia, sigue sin legalizarse la unión entre personas del mismo sexo.

En la última década ha habido un aumento de los países que reconocen el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En Europa siete estados (Países Bajos, Bélgica, España, Suecia, Noruega, Portugal e Islandia) lo han legalizado. Fuera de las fronteras europeas: Canadá, Suráfrica, Argentina, México y Brasil. Pero de forma paralela, algunos Gobiernos legislan en sentido contrario. Es el caso de EE UU, donde 30 estados prohíben expresamente las uniones homosexuales, mientras que solo nueve lo permiten. Hungría, Grecia o Nigeria, lo consideran ilegal.

En la última década se ha producido un aumento de países que reconocen el matrimonio homosexual

En este contexto internacional, España se encuentra en una situación peculiar. El Tribunal Constitucional, siete años después de la legalización del matrimonio gay, no ha resuelto todavía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP a los pocos días de su aprobación. Pero la vida sí ha seguido su curso. Las organizaciones y las familias gais sienten tan normalizada su situación que no creen que fuera posible una vuelta atrás. “Esto no se para tan fácilmente, ha pasado mucho tiempo de consolidación social”, opina Elisabet Vendrell, presidenta de la Asociación de Familias de Lesbianas y Gais (FLG). “Una vuelta atrás sería kafkiana”, añade.

Desde que, en junio de 2005, se aprobara el cambio en el Código Civil español que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, más de 20.000 parejas homosexuales han formalizado su situación, según datos —hasta junio de 2011— del Instituto Nacional de Estadística. En este tiempo, algunas han tenido hijos, como Patricia y Pilar, casadas desde 2007. Tienen una “pitufita”, dicen, de nueve meses, de ojos grandes y pelo rubio que se llama Zoe. “Nunca hemos tenido ningún problema a nivel social, ni con los parientes, ni amigos, ni en el médico o en la escuela”, subraya Patricia.

Pese a la consolidación y normalización social, los temores por la incertidumbre jurídica no desaparecen. José María Núñez, de Fundación Triángulo, señala que con los populares en el Gobierno muchos homosexuales se están apresurando a casarse ante la perspectiva de que en el corto plazo ya no puedan. Aunque no hay cifras que corroboren esta tendencia. Fredy, peluquero madrileño de 42 años, sigue con sus planes de boda con su novio, Peter, para el próximo verano. Este empresario no cree que vaya a tener problemas para contraer matrimonio en España. “No se van a atrever a quitarlo”, dice, aunque reconoce que no está muy al tanto de cuestiones políticas. Aun así, se casará también en Brasil, país de origen de su pareja. Su mayor ilusión es adoptar y formar una familia. “Si es niña la llamaremos Manuela”, le cuenta a las clientas.

Amnistía Internacional ha aprovechado la celebración hoy del Día Internacional de la Familia, auspiciado por la ONU, para recordar que el derecho a casarse y fundar una familia está reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Con independencia del género de su pareja”, recalcaba ayer la organización en una nota. “Los estados deben abstenerse de discriminar a ninguna persona por su orientación sexual”, añadía.

En España, la Federación Estatal de Gais, Lesbianas y Transexuales (FELGTB) ha pedido reiteradamente al PP la retirada del recurso de inconstitucionalidad. Hoy lo vuelven a hacer. Al Constitucional le reclaman una “interpretación inclusiva y respetuosa con la realidad social”. Precisamente porque “la situación se ha normalizado”, Pilar cree que no hay vuelta atrás. “Ya no pueden”.

En España, el colectivo teme una vuelta atrás

Las asociaciones quieren destacar que los hijos de parejas del mismo sexo no tendrán los mismos derechos que el resto de niños si sus padres o madres no se pueden casar. Solo uno sería considerado como tal ante la ley, bien como progenitor o como adoptante soltero. Pilar y Patricia aseguran que no se casaron para tener hijos. “Pero lo cierto es que de esta manera Zoe está más protegida si a alguna de las dos nos pasa algo”, comenta Pilar.

Jesús es ingeniero naval. Hace ocho años adoptó en solitario a su hijo, aunque era un “proyecto común” con su entonces novio, con el que mantiene una relación desde hace quince años. En cuanto se aprobó el matrimonio homosexual se casaron y su marido, arquitecto, inició los trámites de adopción del pequeño, que hoy tiene diez años. Ahora tienen temores. “En el peor de los casos se podría anular nuestro matrimonio e incluso nuestra paternidad”, afirma Jesús. Marta y Etel, de 33 y 34 años, casadas desde hace seis meses comparten esta preocupación. Se preguntan si dejarían de ser un matrimonio. Pero sobre todo les preocupa qué pasaría con el bebé que esperan tener: “¿Sería solo de una de nosotras?”, cuestiona Marta. Esta pareja reconoce que no ha sentido rechazo nunca, pero ahora se siente amenazada.

Una de las posibilidades que plantean los detractores es un cambio de nombre, que el matrimonio deje de llamarse así para los homosexuales. Eduardo Zaplana ya anunció en 2008 —antes de las elecciones aquel año— su intención de una vuelta a las “uniones de hecho”. Pero esta opción no contenta a los afectados. Patricia y Pilar aseguran que saldrán a la calle si cambian la denominación de lo que son. “No tiene que llamarse de otra manera especial para gais, como tampoco hablamos de homoIRPF u homoalquileres”, opina Patricia. Antonio Poveda, expresidente de la FELGTB, cree que la propuesta de una diferenciación nominal esconde intenciones más profundas: “Cuando desde el PP dicen que se trata de una cuestión de nombres, están mintiendo, también quieren cuestionar con nuestra idoneidad para ser padres”. El PP, sin embargo, no ha tomado ninguna decisión en este sentido desde que gobierna (noviembre de 2011) y preguntado por la cuestión, el ministro Ruiz Gallardón se remitió a lo que “diga el Constitucional”.

De momento, al colectivo sólo le queda esperar —“angustiados”, dice Poveda— a que el TC decida, y así llevan más de seis años. Pero la presidenta de FLG de Cataluña considera que no es el momento de tener miedo: “Nos paraliza y nos mete en el armario, que es lo que muchos quisieran”.